El padre de los hermanos Vergara Toledo se refirió a la conmemoración de un nuevo “Día del Joven Combatiente” y reflexionó respecto de la llegada de las nuevas autoridades y la situación política y social de nuestro país.
Esta semana la ACES depuso la toma de la sede del INDH y excluyó a su director de las conversaciones, cuando la Subsecretaría de DD.HH. respondió al petitorio entregado por secundarios que exigen reparación para las víctimas del estallido social.
La decisión del máximo tribunal se dio por el homicidio del militante del MIR Eulogio Fritz Monsalve en 1975 quien fue ultimado por Basclay Zapata con una ráfaga de disparos en la comuna de Estación Central.
La entidad plantea que la sistematización de propuestas en una de las comisiones apunta en un sentido que pone en riesgo la continuidad de la instancia y pasa a llevar el principio de no regresividad en materia de derechos.
En un documento suscrito por personalidades y movimientos, sostienen que la decisión del gobierno europeo permite la anexión “colonialista e ilegal de Marruecos” del Sahara Occidental. Además, afirman que valida la ocupación militar del territorio.
Luego de conocer el informe, desde Amnistía Internacional destacaron que se juzgue el interés de Israel por cuestionar a los organismos de DDHH y llamaron a condenar la política de segregación y represiva contra la comunidad palestina.
La vocera de la ACES, Antonia Rolland, indicó que la decisión se tomó luego de las garantías entregadas por la subsecretaria de DDHH, Haydee Oberreuter, de avanzar en reparación integral a las víctimas de violaciones a los derechos humanos en el marco del estallido social. “Nos parece importante que el gobierno sea consecuente con todo lo que ha vivido y cumplan con las promesas que han hecho”, planteó la dirigenta.
Abordando la arremetida de los senadores socialistas contra el ministro de la Segpres, el legislador aseguró que un rechazo al proyecto de amnistía en la cámara alta, deja a la corporación en una circunstancia delicada, considerando la discusión radicada en la Comisión 1 de la Convención, sobre eliminar el Senado.
La exministra y senadora comunista consideró esencial reformular los protocolos de Carabineros sobre la base del respecto a los Derechos Humanos. “Ese es uno de los temas fundamentales a mi juicio para empezar a diferenciarse de lo que fue el gobierno de Sebastián Piñera” aseveró la legisladora.
La muerte de una interna en la Cárcel de Mujeres de San Miguel provocó que la Corte Suprema ordenara a Gendarmería disponer de un médico permanente en el recinto penal, un fallo del Máximo Tribunal que reflejó la ausencia de políticas con enfoque de género y la precariedad del sistema penitenciario del país.
El abogado Samuel Donoso ingresó el documento a la Corte de Apelaciones el mismo día en que el Séptimo Juzgado de Garantía rechazó la petición para suspender la audiencia donde se debatirá la formalización del ex mandatario. El profesional argumenta que Urrutia demostró no ser imparcial sobre el tema.
La subsecretaria de Bienes Nacionales, Marilén Cabrera, se presentó en el lugar para constatar en persona el daño hecho a este emblemático sitio de memoria y comprometió al Gobierno para relevar el papel histórico de los sitios de memoria.
Libertad a los presos de la revuelta y apuntar a la justicia social son algunas de las definiciones de la legisladora comunista y ex presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Sobre la situación en el sur del país, Pizarro subrayó que se debe dejar de naturalizar los atropellos contra el pueblo mapuche, avanzar en su reconocimiento y terminar con la militarización del Wallmapu.
La administración Piñera no ha quedado en el pasado para el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Esto en cuanto a que el organismo que representa elevó una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el ex mandatario junto a otros ex funcionarios por la perpetración de delitos contra la humanidad durante el estallido social. Un expediente que recientemente fue engrosado con nuevos insumos que darían cuenta que el caso es de la competencia del máximo tribunal.
La diputada del Partido Comunista y presidenta de la comisión de Defensa de la Cámara se refirió a la llegada de Javier Iturriaga a la comandancia en jefe del Ejército y al documento donde la institución reconoce su participación en las violaciones a los DD.HH. cometidos durante la dictadura.
Las agrupaciones de familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos señalaron que el documento dado a conocer hace algunos días no aporta a la verdad y la justicia y solo pretende justificar la acción del cuerpo armado. “Hubo una acción represiva articulada por un Estado que se puso al servicio del crimen”, precisaron las organizaciones humanitarias.
“En 50 años, ¿cómo vamos a tener más de mil detenidos desaparecidos? ¿Cómo no vamos a saber qué pasó? Ahí hay una actuación muy importante de funcionarios que comprometieron el honor del Ejército (…). Entonces, es hora de entregar la información, transparentar esa parte oscura del pasado y tienen las posibilidades de hacerlo”, dijo el abogado de derechos humanos.
