Fernando Monsalve, abogado representante de la familia del joven que fue empujado a la ribera del Río Mapocho, se refirió a la ampliación de la querella que presentó en este caso por encubrimiento y obstrucción a la justicia.
Las subsecretarias Lorena Recabarren y Katherine Martorell retomaron las conversaciones en el marco de la mesa de trabajo que integran junto a representantes de la Fundación Iguales, el MOVILH, el Movimiento Unificado por la Diversidad y del Frente Trans Feminino.
Así lo anunció el abogado querellante Nelson Caucoto tras conocer el fallo de segunda instancia de la Corte de Apelaciones de San Miguel que rebajó las condenas a 13 militares en retiro por el homicidio calificado de 38 campesinos en 1973.
El tribunal de alzada sentenció a 13 militares por los crímenes ocurridos entre el 24 de septiembre y el 16 de octubre de 1973 en el sector de Quebrada los Quillayes y la cuesta Chada.
El senador Juan Ignacio Latorre y la diputada Emilia Nuyado se reunieron con diversas organizaciones para abordar no solo el estado de salud y reclusión de los presos, sino también las posibilidades de buscar una salida política ante estos casos.
Desde 2017 a la fecha se han reducido drásticamente las solicitudes de refugio, disminuyendo de más de 5 mil a sólo 432 en el primer semestre de 2020; lo mismo sucede con las solicitudes otorgadas, que pasaron de 162 a sólo 7.
• El espacio internacional mostró su preocupación por la situación de las personas privadas de libertad por eventuales delitos cometidos en el contexto de las movilizaciones tras el 18 de octubre de 2019, e instó al Estado chileno a respaldar la medida propuesta argumentando que “ayudaría a cerrar heridas frente la construcción de un nuevo pacto social que traerá el proceso constituyente”.
En conversación con nuestro medio y tras conocerse el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado de Chile por vulnerar las garantías de Urrutia, el magistrado hizo un llamado a los convencionales constituyentes a “refundar el Poder Judicial”.
Esta semana, en todo Chile, fueron tres las personas en prisión preventiva que fueron liberadas después de casi un año de su detención. Uno de ellos, el colombiano de 19 años, Anderson Rayo, cuenta sobre los 370 días que pasó recluido en el Complejo Penitenciario de Punta Arenas. Allí mismo, Marcelo Mandujano, estudiante de ingeniería civil mecánica de 25 años, arriesga poco más de una década acusado de estar al mando de una organización anarquista que habría incendiado un local de la AFP Hábitat.
“Nada sobre nosotros/as sin nosotros/as” es el lema del colectivo Frente de la Discapacidad surgido bajo el alero del partido Fuerza Común, cuyo objetivo es alcanzar un ejercicio de democracia directa en la que todos tengan voz, especialmente quienes históricamente no han sido escuchados, visibilizados ni representados.
Desde el frontis del Palacio de Tribunales, decenas de familias hicieron un llamado a las autoridades para que se dé curso a una ley que absuelva y deje en libertad a quienes hoy son sindicados por el Gobierno y el Ministerio Público como autores de desórdenes en el contexto del estallido social.
Los encuentros se realizarán cada martes de noviembre a las 19:00 horas de manera digital, previa inscripción.
El tribunal del estado de Nueva Gales del Sur, en Sydney, declaró procedente la extradición de la ex secretaria de Manuel Contreras, acusada de siete delitos de secuestro y desaparición calificada entre 1973 y 1977.
Reparación a quienes fueron vulnerados por agentes del Estado y posibles indultos o amnistías a quienes fueron detenidos a partir del 18 de octubre son propuestas levantadas desde la oposición durante los últimos días. Sin embargo, desde el Gobierno ya expresaron su rechazo a una Ley de Amnistía.
El Presidente de la organización, Carlos Margotta, asegura que este tipo de actos no solo atenta contra el trabajo de la Comisión, sino que es también “una ofensa a la memoria de las víctimas”.
En total, son cerca de catorce instituciones afectadas, entre ellas, Londres 38, el Parque por la Paz Villa Grimaldi, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y el Museo de la Solidaridad Salvador Allende. El reajuste afectaría ítems vinculados a la seguridad, el cuidado de la infraestructura y el resguardo de colecciones.
Fueron 57 los diputados y diputadas del oficialismo los que firmaron el requerimiento de inconstitucionalidad presentado ante el Tribunal Constitucional, acusando que la que tipifica el delito de negacionismo “es una ley fascista” y que significaría “coartar la libertad de expresión”.
