“Quienes cometieron delitos comunes deben responder ante la ley, no puede haber un trato preferencial, especialmente si estamos hablando de delitos graves”, señaló José Miguel Vivanco.
Hasta ahora el gobierno británico se ha mantenido en observación respecto de los compromisos adquiridos por el gobierno de Chile en cuanto a implementar las recomendaciones de la ONU y de Human Rights Watch en sus misiones en nuestro país. Sin embargo, la inquietud de los parlamentarios por las continuas denuncias de brutalidad policial y violaciones las garantías fundamentales ya llegó al Ministerio de Relaciones Exteriores que ha ordenado a la embajada monitoreo constante a la situación en Chile.
El académico de derechos humanos criticó el informe anual entregado por el Instituto de Derechos Humanos el cual, a su juicio, no entrega la visión global sobre las violaciones a los derechos fundamentales ocurridas en Chile en el último año. “Lo que se pierde cuando no tenemos un buen informe anual es mucho, no es sólo el INDH el que está en deuda, es el sistema de derechos humanos en Chile el que está en deuda”, aseguró.
Se estima que al año existen entre 370 mil y 520 mil abortos inseguros en Argentina, con cerca de 39 mil hospitalizaciones en centros de salud.
Para la presidenta de Londres 38, Erika Hennings, el fallo de Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago “constituye un retroceso enorme justamente cuando teníamos pequeños avances”.
La solicitud ingresada al ente fiscalizador busca determinar las responsabilidades funcionarias de los integrantes de las Unidades de Control del Orden Público (C.O.P), y en especial a los Jefes de Zona en los procedimientos policiales disuasivos de manifestaciones en Santiago y otras ciudades del país.
A pesar de que aquella tragedia reveló los peligros del hacinamiento y la desorganización de los penales, en la actualidad la situación sigue siendo similar. Por ello, en opinión de quienes conocen este caso y el sistema penal, es fundamental que el Estado reconozca que debe ser garante de derechos para las personas recluidas, indiferente cual haya sido su delito.
Entre ellos, destacan los ex DINA involucrados en la denominada ‘Operación Colombo’, quienes reciben jubilaciones de más de $2,3 millones en momentos en que el promedio de las pensiones apenas supera los $260 mil.
En una nueva versión de su Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, la institución analizó la respuesta estatal al estallido social y la pandemia del Covid-19, enfatizando en la oportunidad que abre el proceso constituyente para el país.
“Carabineros de Chile, al llegar al portón de acceso, fueron impedidos de ingresar hasta el lugar para constatar la denuncia, tal cual ocurría en la década de 1990 cuando los antiguos jerarcas criminales, de nacionalidad alemana, impedían el acceso para capturar al pederasta Paul Schäfer”, denuncian desde la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) de la región del Maule.
En conversación con nuestro medio, la periodista y exmilitante del MIR, autora del libro ‘119 de nosotros’, señaló que el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que absolvió a los agentes de la DINA involucrados en la ‘Operación Colombo’ es “una nueva provocación” del Poder Judicial.
Entre los favorecidos por esta sentencia se encuentran exagentes como Pedro Espinoza, Miguel Krassnoff Martchenko, Ricardo Lawrence y Basclay Zapata.
La discusión que ha propuesto el Gobierno sobre si los atropellos cometidos por agentes del Estado en el contexto del estallido social fueron sistemáticos o no, de alguna manera ha desviado el foco de los hechos concretos: que existieron graves y masivas violaciones a los derechos humanos durante ese período.
Junto a parlamentarias de oposición, dirigentas e integrantes de agrupaciones feministas entregaron una carta dirigida al presidente Sebastián Piñera en la que lo responsabilizan de la grave situación de violencia y agresión en la que se siguen encontrando las mujeres de nuestro país.
En fallo dividido, la Tercera Sala del máximo tribunal ordenó a Isapre Colmena a cubrir los costos de una operación de reasignación sexual de una de sus afiliadas. Con ello, la Corte sienta un precedente que podrá ser invocado por cualquier persona que vea vulnerados sus derechos por parte de cualquier institución sea pública o privada.
Pese a que el ministro Jaime Bellolio aseguró que la libertad de expresión “tiene un límite en la dignidad del otro”, descartó que en este caso se tomen acciones para limitarla. “Cosa distinta es que alguien pretendiera, por ejemplo, producir un taco o una manifestación sin pedir ciertos permisos”, señaló el Vocero de Gobierno.
Por medio de la publicación, la abogada Catalina Fernández Carter evidenció cómo el término ha sido mal utilizado durante los días de estallido social. En esa línea, la experta señaló que para distintos sectores políticos y sociales los derechos humanos se han transformado en “un comodín” que ha desconocido el sentido real del concepto.
