A juicio del presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el General Director de la policía uniformada no puede encabezar dicho proceso porque no cuenta con la confianza de la ciudadanía y además se encuentra querellado.
Aunque el Gobierno impuso el toque de queda por la pandemia, ahora que varias comunas del país ya han superado el peak de COVID-19 su aplicación genera dudas. Para muchos, su aplicación ha dejado de ser necesaria y proporcional en muchas zonas del país.
Ante la información respecto de infiltraciones policiales y los allanamientos que se han hecho en Lo Hermida durante la última jornada, uno de los integrantes de la Comisión conversó con Radio Universidad de Chile sobre lo que están viviendo. “Creemos que hay algo más atrás, una intromisión política que no solo buscaba desbaratar una organización delictual”.
“El Estado de Chile ha hecho cosas, pero éstas son dolorosamente insuficientes”, sentenció el director nacional del INDH, Sergio Micco, en la presentación de los resultados. Además, el organismo dio a conocer un mapa de las vulneraciones cometidas por agentes del Estado, el que ya está disponible en su sitio web.
La instancia de trabajo, formada a partir de las declaraciones de las víctimas de violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas ciudadanas ocurridas desde octubre del año pasado, busca además ampliar al presupuesto de Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) para que incluya a quienes han sufrido mutilaciones graves.
Para la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, la jugada que pretende hacer la derecha demuestra, “una vez más”, la necesidad de cambiar la institucionalidad actual, pues, a su juicio, organismos como el Tribunal Constitucional van en contra de la voluntad popular.
En conversación con nuestro medio, la jefa regional del INDH Coquimbo, Tarcila Piña, admitió que en los denunciantes de violaciones a los DDHH existe una desconfianza generalizada con las instituciones y enfatizó en que los daños que producen estos hechos van más allá de lo superficial. “No es sólo una afectación a la integridad física, sino que también a la integridad psíquica; y no sólo a la víctima que vivió el hecho, también a su familia”, sentenció.
El seguimiento permanente, las amenazas de muerte y los sospechosos allanamientos que sufrieron en su hogar, terminaron obligando a Jonathan y Francisca a tomar la decisión de salir del país. Hoy, en vísperas del primer aniversario del estallido social, decidieron contar su historia y revelar una serie de videos, fotos y audios que han ayudado a que su agresor, el ex capitán de Carabineros Ricardo Luengo, se encuentre en prisión preventiva imputado como autor de apremios ilegítimos y torturas.
La organización presentó su informe “Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social” en el que concluyen que en los meses posteriores al 18 de octubre pasado agentes policiales “infligieron dolores y sufrimientos graves a la población manifestante, con la intención de castigarla, dispersarla y con ello desarticular las manifestaciones”.
Solos o con familia, por error o adrede, las personas extranjeras que encontraron la muerte en octubre de 2019 tienen algo en común: sus casos aún no tienen responsables. Un seguimiento a casi un año de lo acontecido recaba en cómo ha continuado la vida para los familiares de Mariana Díaz Ricaurte, Julián Pérez y Romario Veloz.
Desde la organización llamaron al gobierno de Sebastián Piñera a iniciar de inmediato un amplio debate nacional sobre cuáles deben ser las prioridades adecuadas en Chile.
La carta fue enviada por Baltasar Garzón, ex juez y presidente de FIBGAR, y Carlos Margotta, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH), junto a asociaciones de juristas internacionales.
En el marco de la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, Jan Jarab, representante en América del Sur de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, abordó la situación de este derecho en el país, destacando la disposición del organismo internacional para apoyar a Chile en su garantía.
Para la Comisión Chilena de Derechos Humanos lo sucedido en Chile desde octubre pasado se enmarca en una política grave y sistemática de violaciones a los derechos humanos y los hechos del viernes solo vienen a reafirmar eso. “Aquí no solo hay responsabilidad política, sino también penal en el marco de lo que son las obligaciones que tiene la autoridad en el manejo del orden público”, señaló su presidente en entrevista con nuestro medio.
El ministro del Interior y Seguridad Pública se refirió además a la situación del carabinero formalizado durante la jornada de ayer: “Está profundamente afectado”.
A raíz del caso del adolescente que fue arrojado por un uniformado al río Mapocho, desde la colectividad manifestaron su apoyo a la acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Víctor Pérez, e hicieron un llamado al oficialismo a hacerse parte de los esfuerzos por impulsar una profunda restructuración de la institución de Orden y Seguridad.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile se refirió al arrojamiento de un adolescente al Río Mapocho por parte de un uniformado, indicando que tal actuación es otro ejemplo del uso desmedido de la fuerza.
