Montes ya instruyó al actual seremi de Vivienda de la región investigar la existencia de algún registro sobre el documento. En tanto, Vallejo acusó que la declaración de Carlos Contreras se ejecuta en el marco de una “estrategia jurídica”.
El nuevo embajador de Chile en Argentina, José Viera-Gallo, se reunió en el Palacio de La Moneda con el Presidente Gabriel Boric para abordar el rol que emprenderá bajo la administración de Javier Milei en el país trasandino.
La Fiscalía Regional del Biobío solicitó ayer al Juzgado de Garantía de Concepción audiencia de formalización en contra de otros tres imputados en la arista Lencería del Caso Convenios.
Hasta el momento, la formalización sería por el pago de más de $95 millones en honorarios a Andrea Monsalve por servicios no prestados, pero la indagatoria de la fiscalía apunta a otros cinco exfuncionarios de Maipú.
Los observadores que ingresaron a la cárcel lamentaron las condiciones en las que se encuentran los reos. Además, tomaron nota sobre el grado de protección que existe en el país hacia los agentes del Estado, en contraste con la ciudadanía.
El ministro de Hacienda envió un oficio al Consejo de Defensa del Estado para que se querelle contra quienes sean responsables de los delitos revelados en las grabaciones, y sea parte de este proceso como representante de los intereses del Fisco.
Para el abogado Francisco Bustos es una situación preocupante que debería ser una prioridad para las autoridades, además que desafían a los tribunales de justicia, Carabineros y a la PDI. “Representa una falta grave a los deberes estatales”, destacó.
El Juzgado de Garantía de Pozo Almonte dejó ayer sujetos a las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima a los exmilitares L.A.R.C., S.A.A.V. y J.L.R.A., imputados como autores del delito de apremios ilegítimos.
La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, declaró que “hay antecedentes suficientes que justifican tanto el delito de malversación de caudales públicos como el delito de cohecho” y la participación del exedil en los hechos.
El jefe de bancada del PS, Daniel Manouchehri, afirmó que la acción responde a que “la gente está cansada de que estos delitos terminen en clases de ética”. “Esperamos que se pueda investigar a fondo y los responsables terminen en la cárcel”, dijo.
La funcionaria municipal habría traspasado, desde marzo del 2022, más de mil millones de pesos, entre otros, a dos familiares del máximo jefe comunal. Por lo mismo, la Fiscalía de San Antonio decretó una orden de detención contra el edil.
El senador Juan Luis Castro señaló que la respuesta del máximo tribunal de justicia “coloca nuevamente las cosas en su lugar”. Por su lado, la diputada Ana María Gazmuri dijo que las aseguradoras de salud no pueden seguir con su actual diseño.
La defensa de Juan Carlos Reinao presentó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Concepción para solicitar que se revoque la máxima cautelar contra el acusado y que se resuelva “su inmediata libertad”.
El exfiscal afirmó que “estos casos se terminan convirtiendo en un gran desafío para el conjunto del sistema de demostrar que ha alcanzado cierta madurez, cierta fortaleza, que no se tuvo en el caso Penta para poder condenar”.
La abogada admitió haber guardado el registro para tener un respaldo de la conversación y para entregar dicha información al exsocio del empresario Daniel Sauer, Rodrigo Topelberg.
Mientras la oposición cuestiona otorgar más facultades de control ante la presencia de funcionarios “corruptos” en la institución, el ministro Marcel lamentó el nulo avance en proyectos que regulan al sistema financiero y evitarían estos hechos.
Abogados penalistas respondieron al cuestionado Luis Hermosilla, quien ayer aseguró que la grabación difundida por Ciper es ilegal. Sin embargo, sus colegas le respondieron que el audio es lícito y que puede usarse como evidencia en un juicio.