Este viernes entró en vigencia la norma que obliga a las empresas a bloquear los celulares, como parte de la agenda de seguridad del gobierno frente al aumento que se registran desde hace años los hechos delictuales en todo el país.
El titular de la cartera se refirió a la admisibilidad de los requerimientos de la oposición para impugnar los indultos presidenciales y afirmó que con esta determinación del Tribunal “se tiende a ordenar la discusión jurídica” sobre la materia.
Este jueves, Luis Cordero anunció la puesta en marcha de la ley 21.527, que además de transformar el sistema de atención a jóvenes infractores de ley, consagra el cierre paulatino del Sename.
La decisión apunta a los beneficios entregados a siete personas por el Presidente Gabriel Boric. La entidad convocará a un alegato público y fallará el fondo de la impugnación el próximo mes de marzo después del receso de verano.
Jorge Aravena Mardones falleció producto de un enfrentamiento con efectivos de la Fuerza Aérea. Luego de su muerte, sus tres hermanos sufrieron persecuciones, detenciones, relegación y exilio.
“Lo que se juega en el fondo es la sanción personal a quien se le acusa de haber infringido la ley o de haber dejado de ejecutarla adecuadamente. Quiero decir con toda claridad, que esas circunstancias no se dan en ese caso”, dijo la defensa.
“Una indicación que elimina la posibilidad de que las FF.AA. colaboren en tareas de orden público en las zonas fronterizas evidentemente hace que el proyecto de ley pierda completamente su propósito”, expresó.
Este martes se inició el trabajo de un tercer panel de expertos para determinar si una sustancia puede ser determinante o no en la muerte del Nobel de Literatura, cuando se cumplirán 50 años de su partida.
La instancia determinará en su reunión del jueves decidirá si declara la admisibilidad de las acciones presentadas por los parlamentarios a los beneficios entregados a siete personas, entre ellas el exfrentista Jorge Mateluna.
Una de las cuatro personas que encabeza la organización pro derechos de las personas privadas de libertad se refirió además al caso de la mujer que parió en un pasillo del Centro Penitenciario Femenino de San Miguel.
En la Comisión Revisora de la Cámara, José Antonio Viera-Gallo recalcó que la calificación y concesión de indultos son una facultad exclusiva del Presidente de la República, por lo que consideró que el libelo debe fundarse en “motivos de legalidad”.
El también exsubsecretario esgrimió que los decretos no estuvieron correctamente fundamentados. En tanto, el jurista José Miguel Valdivia sostuvo que el libelo busca una “intención de amplificación” de las críticas políticas en torno al beneficio.
El titular de Justicia si bien reconoció la complejidad en el debate en torno al beneficio presidencial, afirmó que los decretos fueron tramitados de manera correcta. Asimismo, descartó la existencia de presos políticos en Chile.
La reacción del diputado de RN surgió luego que Luis Cordero dijera que esperarán el trámite de la Contraloría y el Tribunal Constitucional respecto a legalidad administrativa de los indultos.
Consultado por la posibilidad de revertir los beneficios, el nuevo ministro de Justicia indicó que aún no conoce los antecedentes para tomar esta decisión. “La aplicación de los indultos desde la década del ’90 ha sido conflictiva”, señaló.
Tras una reunión con el presidente Gabriel Boric, el abogado y académico de la Universidad de Chile asumió la cartera en medio de los cuestionamientos a los indultos otorgados por el mandatario a 13 personas.
El ente fiscalizador dio un plazo al gobierno de 10 días hábiles administrativos, para que entregue los antecedentes.
