El Mandatario desdramatizó la acusación constitucional que pesa sobre la ministra de Justicia, aduciendo que es una herramienta constitucional con la que cuenta la oposición. “Sería hipócrita de mi parte decir que es algo que no puedan hacer”, dijo.
Junto con destacar el gesto del mandatario, la parlamentaria pidió no claudicar en la liberación de todos los presos del estallido. ” no bajemos los brazos, todavía nos faltan”, pidió.
Ambos jóvenes fueron excluidos en el primer listado de indultados que dio a conocer el Ejecutivo por un error que reconoció Presidencia. De tal manera son 13 las personas que serán liberadas por orden del mandatario.
“Quien pretenda indultar a los que destruyeron Chile está por el lado de la impunidad y de dejar simplemente hacer a estos violentistas”, señalaron desde la colectividad, donde descartaron una acción deliberada contra el acuerdo de seguridad.
El jurista consideró adecuado que se emplace políticamente al mandatario para aplicar los indultos en cuanto radican en un compromiso de Gobierno. No obstante advirtió que el Ejecutivo carece de un programa político de acción en términos de justicia.
El padre de Antonia cuestionó que la Suprema se inclinara por sancionar al juez Torres en vez de priorizar la perspectiva de género en el caso. Pese a la revictimización que implica reiniciar el juicio, dijo estar confiado en que obtendrán justicia.
La integrante de la Coordinadora Nacional de la Red Chilena contra la Violencia Hacia las Mujeres criticó la determinación de la Corte Suprema que ordenó un nuevo proceso al considerar que se faltó a la garantía de “juez imparcial” en este caso.
La Segunda Sala no cuestionó el fondo de la resolución, como son las pruebas, la participación atribuida al acusado y la perspectiva de género plasmada en la resolución del caso, sino la vulneración a la garantía del “juez imparcial”.
El diputado por el Distrito 11 lamentó el silencio de la derecha frente a los graves hechos de corrupción y cuestionó la lentitud de la Fiscalía frente a casos similares con ex alcaldes de Lo Barnechea, Felipe Guevara y de Las Condes, Joaquín Lavín.
“No basta con escuchar diez minutos a cada candidato. No hubo ni una sola pregunta”, cuestionó el socialista, quien prefiere que en estas definiciones el Senado sea prescindente y los nominados se definan entre los poderes Judicial y Ejecutivo.
El CDE formará parte del caso que investiga por lavado de activos y malversación de caudales públicos al edil de Vitacura y su círculo de confianza. Además, el organismo decidió apuntar por los delitos de fraude al Fisco y distracción indebida.
La parlamentaria se reunió con la ministra del Interior, Carolina Tohá, a quien solicitó que interceda ante el presidente Gabriel Boric para abordar este planteamiento. “El Gobierno no debe perder el enfoque en materia de DDHH”, precisó.
El presidente de la comisión de Constitución, Matías Walker, consideró inentendible que el Gobierno no se incline por los candidatos que concitan más respaldo en el Senado como son a su juicio Ángel Valencia, Carlos Palma y Juan Agustin Melendez.
El presidente de la comisión investigadora insistió en sus críticas hacia las instituciones involucradas en el hecho que dejó a cinco fallecidos en el marco del estallido social y dijo esperar “una voluntad distinta de las autoridades del Estado”.
La gerenta de la Unidad de Atención de Víctimas del Ministerio Público se suma así a los otros cuatro nombres de los que se espera salga el nuevo Fiscal Nacional luego de nueve semanas de espera para conocer al sucesor de Jorge Abott.
La vocera de Gobierno explicó que se trata de medidas que aplica Gendarmería y no el Ejecutivo. Abogado querellante en el caso Corpesca, Matías Ramírez, indicó que la decisión “demuestra la fragilidad del sistema”.
La decisión del Máximo Tribunal se da luego de que se filtrara un llamado telefónico del mandatario al presidente de la Suprema, quien habría sugerido la posibilidad de llamar a un nuevo concurso.
