Ad portas de que el Gobierno presente su plan respeto a la creación de la Empresa Nacional de Litio, el subsecretario de Minería, Willy Kracht Gajardo, fue criticado por contemplar que el mineral pueda ser explotado por empresas privadas.
El funcionamiento del yacimiento es discutido por las comunidades indígenas atacameñas, que interpusieron una reclamación ante el tribunal contra la Superintendencia de Medio Ambiente por autorizar su operación.
Javiera Calisto subrayó que desde un comienzo Andes Iron no cumplió con los estándares exigidos para el desarrollo de la minera cerca de un área de alto valor natural. Además, pidió a la empresa no seguir dividiendo a la comunidad.
El parlamentario insistió en la importancia de resguardar el ecosistema para las futuras generaciones y advirtió que de aprobar el Gobierno la iniciativa minero portuaria “habemos muchos que quedaremos con una desafección tremenda”.
El senador comentó que este es un momento clave para que el Ejecutivo “dé un giro en este negocio en favor de todos los chilenos y chilenas y no solo de una empresa privada y corrupta”, en referencia a SQM.
La iniciativa considera una recaudación de más de mil millones de dólares que beneficiarán principalmente a las comunas mineras y a aquellas de menores recursos del país.
Además, el titular de Hacienda afirmó que el Ejecutivo dará a conocer próximamente la política nacional del litio, sobre lo que recalcó que “tenemos a las grandes economías del mundo disputando el acceso a los recursos”.
Los trabajadores realizaron manifestaciones y cortes de rutas en las divisiones de El Teniente, Andina y Ventanas y exigieron la instalación de una mesa de negociaciones que represente a todos los trabajadores subcontratados.
La comunidad y la Asociación Ambiental, Social y Cultural Putaendo Resiste, están conformes con la determinación del Tribunal Ambiental y esperan que la minera cumpla con la obligación de respetar las normas ambientales.
Esta mañana el Ejecutivo presentó a la comisión de Minería del Senado la propuesta con la que pretende recaudar un 0,6% adicional del PIB y destinar recursos a los Gobiernos Locales y Regionales, con foco en las zonas mineras.
La comunidad insistió en una respuesta por parte de la empresa de propiedad del Grupo Luksic; mientras la concejala de Salamanca, Milena Báez, acusó una falta de voluntad por resolver el conflicto.
El parlamentario por Antofagasta destacó lo planteado en Radio Universidad de Chile por el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada, de avanzar en “escalar” la cadena de valor del mineral.
El jefe de Estado respondió a presidente del sector, Diego Hernández, quien criticó la propuesta constitucional. “Me hubiese avisado Don Diego que tenía que venir con traje de combate y hago otro discurso”, indicó Boric.
El académico de la Universidad de Chile y asesor de litio y salares del Ministerio de Minería se refirió al acuerdo con las universidades estatales para el desarrollo del conocimiento y de una estrategia nacional en torno a este recurso.
El parlamentario por la Región de Antofagasta criticó el rechazo y la campaña de las grandes mineras privadas que se oponen al proyecto de royalty minero que avanza en el Parlamento.
La Secretaría de Protección Civil del Gobierno mexicano negó que el bombeo y el resto de las labores hayan disminuido su intensidad como denuncían los familiares, y que se trabaja las 24 horas del día para rescatar a los trabajadores de la mina.
En la instancia el Gobierno anunció el inicio del proceso de ratificación del Convenio 176 de la OIT sobre salud y seguridad en las minas, materia que ha sido parte de la historia de reivindicaciones del movimiento sindical chileno, relevó Jara.