El objetivo de este periodo, que estará abierto por 60 días, es que empresas privadas expresen su interés en alguno de los 26 salares que el Estado puso a disposición de los inversionistas.
Tanto la comunidad indígena Colla y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, lamentaron que el Gobierno no considerara a los pueblos originarios en un plan que explotará ecosistemas tan “frágiles” como lo son los salares.
Las propuestas de la Mesa de Royalty contemplan 14 iniciativas administrativas, cinco legales y una presupuestaria, en relación a los ámbitos institucionales, de proceso y recursos, así como también respecto a los permisos ambientales y sectoriales
Miguel Vargas lamentó que no tomasen en consideración los argumentos de autoridades y trabajadores de la región para evitar el cierre anticipado de la planta, lo que va en contra de “la bandera de descentralización” del programa del Presidente Boric.
Que los recursos se destinen a la región y que se protejan los ecosistemas son algunas de las inquietudes de los miembros del pueblo originario. Mientras, desde la gobernación regional apoyan el papel preponderante del Estado en estas iniciativas.
El ex subsecretario de minería subrayó que los resultados de Codelco no son atribuibles a una sola administración. Por otro lado, dijo que el desarrollo de proyectos estructurales en paralelo le ha traído una serie de desafíos a la empresa nacional.
Respecto a la baja del 80% en los mercados mundiales el metal alcalino, el académico de la Universidad de Chile aseguró que hay que ir más allá del momento puntual y que las políticas en torno a la minería tienen que ser de largo plazo.
En la Democracia Cristiana coincidió con el Gobierno respecto a los beneficios que podría conllevar la alianza público-privada. Mientras en Chile Vamos insistieron en sus reparos sobre la gestión de la estatal.
La doctora en Ciencias Naturales destacó la importancia de abrir el debate de cara a los desafíos de la transición energética. “Lo que nos debería motivar a pensar en adelante es cómo nos imaginamos el Chile de 2100”, expresó.
De acuerdo al Consejo de Pueblos Atacameños la alianza “es señal de palabras vacuas del Estado de Chile” en su compromiso de procesos participativos. Por ello, llamaron a las empresas involucradas a sostener un diálogo transparente con la ciudadanía.
Pese al respaldo del Ejecutivo a la alianza público-privada que se extenderá hasta 2060, expertos repararon en la falta de expertise de la estatal en la industria del mineral no metálico y en la capacidad de recaudación para políticas públicas.
El Mandatario señaló que “para desarrollar nuestro potencial no basta con repetir las mismas fórmulas del pasado, necesitamos un Estado que no solo recaude”.
