Para que se modifique la ley que faculta a la Fuerza Aérea a cobrar por las imágenes satelitales a los diferentes ministerios, la Presidenta Michelle Bachelet debe presentar un proyecto que permita cambiar el dictamen fijado por la dictadura.
Este miércoles la sala de la Cámara de Diputados votará el proyecto sobre libertades condicionales incluidas sus dos polémicas indicaciones sobre los condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante dictadura.
La abogada Mapuche criticó el presupuesto destinado para seguridad en la región de la Araucanía y afirmó que el gobierno busca resolver el conflicto en la zona a través de la represión y la judicialización.
Una más de las irregularidades que la dictadura legalizó es la administración y usufructo de uso satélital, el cual se encuentra bajo la potestad del Grupo de Operaciones Especiales y que trata al Estado como un privado.
La reivindicación territorial Mapuche y la libertad para la machi Francisca Linconao marcaron la marcha. La Lonco Juana Calfunao criticó los dichos del Ministro del Interior Mario Fernández, quien anunció un incremento en el presupuesto para reforzar los aparatos de inteligencia que operan en la región.
“La demora de poder tomar en cuenta los cambios, ha hecho que tengamos que lamentar tantas pérdidas de vidas en los últimos años, más de 200 niños y niñas desde 2005 a la fecha”, reflexionó Andrés Moro. Manifestó que el Sename, creado bajo la dependencia del ministerio de justicia, “representaba una mirada sobre la intervención social que hoy está prácticamente desfasada”.
El Consejo de Defensa del Estado presentó una querella en contra de todos los que resulten responsables en el caso de las pensiones elevadas al interior de Gendarmería. En la presentación aparece individualizado el nombre de la ex esposa del presidente de la Cámara de Diputados Osvaldo Andrade. Desde todos los sectores, valoraron la medida.
El rector de la Universidad de Chile entre 1990 y 1998 falleció este sábado 8 de octubre.
La permisividad de la legislación anterior a los escándalos de probidad ha quedado nuevamente en evidencia luego que se dieran a conocer las declaraciones de patrimonio de los candidatos a las próximas elecciones municipales las cuales carecen de información relevante para la ciudadanía.
Tanto rectores como estudiantes de las universidades del Estado, indican que la propuesta del Gobierno en cuanto a la composición de los consejos directivos de estas instituciones comprometen su autonomía. Estudiantes además acusan poca participación.
Si bien parlamentarios y actores de la sociedad civil valoraron que en las próximas elecciones miles de chilenos que viven en el exterior puedan ejercer su derecho a voto, lamentaron que una gran parte de esta población aún no pueda acceder a este derecho, por lo que plantearon que seguirán bregando para que esta prerrogativa llegue a todos los chilenos en el extranjero.
Luego que la Corte de Apelaciones de Temuco confirmara la absolución del fotógrafo Felipe Durán y el comunero Cristián Levinao, el abogado de la Defensoría Popular Rodrigo Román señaló que esto es una derrota más para el Estado chileno en territorio mapuche, y si bien aún no han decidido si demandarán al Fisco, no han descartado esta posibilidad.
La periodista y académica de la Universidad de Chile conversó con Juan Pablo Cárdenas sobre la reedición de su libro “Terrorismo de Estadio. Prisioneros de Guerra en un Campo de Deportes” el cual refleja cómo el principal recinto deportivo del país fue el escenario donde se probaron los agentes y torturadores que actuaron en la Dictadura cívico-militar.
Parlamentarios y organizaciones de familias afectadas por enfermedades raras criticaron los pocos recursos y la falta de cobertura a otras patologías.
El dueño del diario Clarín emplazó al matutino a no faltar a la verdad. La disputa se produjo debido a una editorial publicada por el diario de Agustín Edwards, en el cual según dijo Víctor Pey, se faltó a la verdad, hecho que lo obligó a replicar al medio.
Las atribuciones de las futuras autoridades regionales que serán elegidas democráticamente fueron el punto de conflicto entre los senadores partidarios y detractores. Un tema que, para algunos parlamentarios, está desde hace años resolviéndose mediante la ley de transferencia de competencias.
Luego de que la Brigada de Delitos Funcionarios emitiera dos informes donde se compraron los vínculos del presidenciable con el ex gerente de SQM, Patricio Contesse, el recién asumido abogado de Enríquez Ominami, Juan Carlos Manríquez, señaló: “Lo que hay ahora es una copia dada a conocer de parte de un informe policial que forma parte de otro cúmulo de antecedentes previos que se examinarán en su minuto”.
