Los trabajadores cuestionan la lentitud del proyecto que busca anular la cuestionada Ley de Pesca en el Parlamento. Al mismo tiempo rechazan la dilación que, a su juicio, pretende la mesa técnica implementada por el Gobierno. Por eso llamaron a una nueva jornada de protestas para el próximo 26 de octubre.
En medio de la discusión en torno al proyecto de elección directa de intendentes, distintos actores vinculados a las regiones han expresado la necesidad de que el Gobierno envíe un proyecto de rentas regionales para otorgar mayor autonomía financiera y contrarrestar el centralismo y la desigualdad existente entre las distintas regiones.
Cada año 600 mujeres mueren en Chile por cáncer cervicouterino. La vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) enfrenta un escenario que reúne publicaciones científicas, dudas desde la ciudadanía y una tarea pendiente desde las autoridades.
La resolución subraya el derecho de las personas de personas todavía no condenadas a ejercer su sufragio. Se trata de una situación ya dictaminada con anterioridad por la justicia, a la cual el Servel no ha ejercido acción para dar cumplimiento.
La fuga de los jóvenes de treinta años del fondo A, y la alta proporción del aporte de los trabajadores respecto a los empleadores en el pago de los seguros sociales, sugieren, a juicio de expertos, síntomas de un sistema de pensiones en decadencia.
El senador del PS por la Región de Los Ríos si bien se declaró “un regionalista convencido”, aseguró que el Gobierno ha planteado mal el proyecto de elección popular de intendentes, por lo que prefiere esperar a que se dé una discusión de fondo sobre el tema en el Senado, antes de definir su voto a favor de la iniciativa.
El proceso constituyente indígena está en desarrollo con la realización de los llamados “Encuentros Participativos”. Mientras las autoridades difunden las etapas, la deuda con los pueblos originarios marca una compleja convocatoria.
“Bajo un régimen semi parlamentario este Gobierno no se hubiera atrevido a hacer las leseras que ha hecho… con los índices de popularidad que tiene, habría volado en seis meses”, afirmó.
Con diversas manifestaciones en todo el país, los trabajadores agrupados en la Mesa del Sector Público expresaron su rechazo a la propuesta del gobierno de reajuste de 2,9 por ciento, y pidieron que el Ejecutivo no se escude en el bajo crecimiento económico para justificar el magro incremento de los salarios.
El incremento más bajo desde 2003 fue el que anunció la Presidenta para el gasto público el próximo año, el cual estará focalizado en educación, salud y seguridad ciudadana. Además, anunció el aumento de un 10 por ciento para las pensiones solidarias.
El ejecutivo fijó en octubre el plazo máximo de presentación. En tanto, parlamentarios y estudiantes señalaron que las “negociaciones” entre el Mineduc y el Ministerio de Hacienda sólo estarían dilatando el debate sobre los cambios estructurales que requiere el modelo educativo.
Una denuncia acerca de presuntas irregularidades en la compra de camas por parte de Fonasa a la Clínica Ensenada, institución que se encuentra sin acreditación; reavivó la discusión acerca de la precariedad que enfrenta el sistema público de salud y la regulación de estos contratos.
La solicitud la presentó la defensa del empresario Jorge Lopehandía que reclama ser el dueño legítimo de los terrenos donde se emplazó el proyecto de Barrick Gold. “El señor Lagos dijo que iba a colaborar. Él tuvo cuatro días para comparecer como testigo ante el tribunal y cumplir con lo mandatado por la ley y demostrar esa colaboración y buena fe y no lo hizo”, afirmó el abogado demandante.
La movilización fue convocada por la Mesa del Sector Público luego que el gobierno no mejorara la oferta de reajuste de 2,9% a los funcionarios fiscales. Representantes del Partido Socialista proponen congelar reajuste para aquellos trabajadores que ganen más de cuatro millones de pesos.
Héctor Zúñiga, junto a dos directivos de la desaparecida casa de estudios fueron formalizados este miércoles. El abogado querellante en la causa, Mauricio Daza, indicó que los procesados habían ideado toda una maquinación para estafar a los estudiantes.
Diputados y organizaciones sociales calificaron como “campaña del terror” los dichos del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Patricio Crespo, en los que aseguró que de aprobarse la reforma al Código de Aguas, el Estado deberá desembolsar 27 mil millones de dólares en concepto de indemnizaciones.
Luego de que el diputado José Manuel Edwards renunciara al conglomerado, el presidente del partido, Cristián Monckeberg, aseguró que aclararía con el parlamentario de La Araucanía sus diferencias.
