La jueza del Tribunal de Garantía de Talcahuano, Antonia Flores, fijó 18 meses de investigación por el caso de contaminación en Talcahuano, Quintero y Puchuncaví.
Economistas analizaron el delicado y anómalo período financiero que atraviesa Chile, y cuestionaron el nulo accionar del Ejecutivo en cuanto a tomar medidas concretas para frenar las desconfianzas del mercado.
Seis personas fueron formalizadas por la propagación de elementos contaminantes en las regiones de Valparaíso y el Biobío.
La crisis social que se vive actualmente en el país está generando nuevas rutinas y niveles de estrés por sobre de lo normal. Todo esto, según el psicoanalista y académico de la Universidad Abierta de Recoleta, Joseph Bandet, tiene un solo culpable: la violencia ejercida desde el Estado.
Miles de personas llegaron a Plaza Italia -rebautizada por los manifestantes como Plaza de la Dignidad- confirmando, de esta manera, que la crisis social está lejos de terminar.
La Fiscalía imputa a la Empresa Nacional de Petróleo por la propagación de elementos contaminantes al medioambiente en Talcahuano y en la bahía de Quintero y Puchuncaví.
La empresa estatal además de dar a conocer un balance que comprende los últimos nueve meses de año, informó que se inició un plan de transformación para elevar las utilidades de la compañía en los próximos años.
Distintas organizaciones del Servicio de Impuestos Internos, junto a representantes de las pymes, llegaron hasta el Ministerio de Hacienda para entregarle una carta al ministro Ignacio Briones en la que exigen el retiro del proyecto de reforma tributaria y la implementación de una ley corta con medidas para asegurar mayores ingresos.
La actividad se realizará el próximo 30 de noviembre en el Auditorio Pepe Carrasco del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile.
En una acalorada asamblea y luego de un fuerte discurso de Esteban Maturana, la Confederación Nacional de Salud Municipal se restó de la reunión del bloque sindical de la Mesa de Unidad Social en La Moneda. “No es una foto agradable para ningún dirigente social con un mínimo de criterio”, criticó Maturana por la cita con Gonzalo Blumel.
Ahora serán los senadores quienes tendrán la palabra final. Son 22 los votos que se necesitan en la Cámara Alta para aprobar la acusación. En caso de que así sea, Andrés Chadwick quedará inhabilitado para ejercer cargos públicos por los próximos cinco años.
En entrevista con nuestro medio, la socióloga y experta en materia de seguridad cuestionó la postura del Presidente Sebastián Piñera quien, constantemente, apela a la seguridad y el orden público en lugar de responder a las demandas sociales o poner énfasis en las violaciones a los derechos humanos.
Para la coordinadora Ana María Gutiérrez, las demandas sociales y las reivindicaciones laborales correrán en caminos paralelos, al igual que las negociaciones sobre incrementos remuneracionales.
Fue a eso de las 15:00 horas que la acusación sorteó su primera gran valla: el rechazo de la cuestión previa. Fueron 79 los diputados que votaron en contra y, por lo tanto, se decidió proceder con el libelo.
Junto al bloque sindical de Unidad Social, dieron a conocer una carta abierta donde plasman sus apreciaciones sobre la vía válida para concretar una nueva Carta Fundamental, donde se consideren las demandas sociales planteadas por la ciudadanía.
El bloque sindical de Unidad Social llegó este jueves hasta La Moneda para reunirse con el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y evaluar medidas concretas en torno al pliego que entregaron desde el conglomerado el pasado 28 de octubre, en donde puntualizan las demandas del movimiento social.
En conversación con el programa Radioanálisis, el economista y académico de la Universidad de Chile, analizó el escenario económico del país. “Espero que esta situación se detenga, porque entre antes se detenga, antes se van a detener los efectos para la población”, sostuvo.