Pese a que la empresa inmobiliaria Las Salinas solicitó, en 2018, un estudio de impacto ambiental, la organización Un parque para Las Salinas asegura que los trabajos en la zona ya comenzaron y que no ha existido una descontaminación que haga frente a lo que en algún momento fue un almacén de hidrocarburos.
El proyecto debe ser revisado en Sala durante los próximos días, pues cuenta con suma urgencia. Desde Renovación Nacional confimaron que ingresarán una indicación para incluir a los menores desde los 14 años, mientras que desde la oposición esperan que la iniciativa no tenga luz verde.
En entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile, la diputada de Convergencia Social, Gael Yeomans, se refirió a la autoproclamada “reforma previsional” del Gobierno y a la contradicción que existe entre lo que se debate en el Congreso y lo que demandan miles de chilenas y chilenos.
Mientras la Dirección General de Aguas constató, a través de un estudio, una reducción de estas masas de hielo del 8 por ciento desde 2014, el Gobierno pretende flexibilizar el proyecto de ley que se discute en el Senado y así responder al lobby minero, que según especialistas, está detrás de la iniciativa oficial.
Según la dirigencia de la organización laboral más de 400 socios fueron desvinculados después del cierre del proceso de negociación colectiva en agosto pasado. El abogado de los trabajadores anunció acciones legales por exoneración antisindical.
Ante los cuestionamientos de la presidenta de la Unión Democrática Independiente, Jacqueline van Rysselberghe, a la condena en contra del coronel en retiro, el diputado Francisco Undurraga aseguró que son bienvenidos todos los mecanismos que esclarezcan la verdad sobre lo ocurrido.
Mientras en naciones desarrolladas derechamente se termina con la concesión de empresas por fallas en los centros de cultivo, en Chile las compañías solo están obligadas a capturar el 10 por ciento del total de ejemplares fugados.
El 17 de septiembre el máximo tribunal ordenó aclarar mediante una publicación la muerte de Juan Oyarzún, Sergio Muñoz y Juan Escobar, asesinados por militares en un crimen calificado como de lesa humanidad. En 1973, La Tercera calificó a las víctimas como extremistas fusilados en el marco del Bando N° 24 de la Junta Militar.
Aunque los menores de edad tienen sus documentos de identidad al día, las autoridades chilenas les han negado el poder reencontrarse con su madre en Iquique, debido a que no cuentan con la visa de responsabilidad democrática.
Si bien el Ministerio del Interior anunció que uno de cada seis inscritos en el Proceso de Regularización Extraordinaria no logró superar el proceso, para la Coordinadora Nacional de Inmigrantes esta cifra sería mucho más grave aún. Su vocero, Héctor Pujols, conversó con Diario y Radio Universidad de Chile y aseguró que esta situación es producto de la “ineficiencia administrativa” del Departamento de Extranjería y Migraciones.
La convocatoria se da el mismo día en que la Corte de Apelaciones de Punta Arenas decidió derivar al Tribunal Constitucional el requerimiento de una enfermera que solicitó el retiro de sus fondos de pensiones, misma situación que ya se dio en Antofagasta.
Mientras los dirigentes de la Minera Antucoya participaron en el primer día de mediación obligatoria con la empresa, los supervisores de Minera Los Pelambres aprobaron mayoritariamente su paralización.
La medida se da luego de que el jefe comunal la desvinculara del Municipio bajo el argumento de presunto delito de tráfico de influencias.
El buen resultado para la Casa de Bello también se replicó en el ranking específico por carreras, medición en la que ocupó el primer lugar en 8 de los 16 programas de formación analizados.
En nuestro programa ‘Libre y Gratis’, abordamos los principales acontecimientos que han tenido lugar en el país.
Mientras que el oficialismo celebra la permanencia de Marcela Cubillos en la cartera de Educación, el presidente del colegio de profesores, Mario Aguilar, en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, acusó de fraude a los diputados de oposición que se alinearon con el rechazo a la acusación constitucional en contra de la titular del Mineduc.
El también ex ministro de Pinochet no podrá ejercer cargos públicos durante los tres años que dura la condena. Asimismo, deberá pagar una indemnización de 30 millones de pesos.
