El cuestionado ministro de Salud, Jaime Mañalich, se mantiene en su cargo pese a las críticas.
Si bien el proyecto debía ser discutido este miércoles en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, la votación se postergó para el miércoles 10 de junio.
El presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados se mostró en contra de la urgencia y discusión inmediata que el Gobierno les ha puesto a dos proyectos. Desde las organizaciones de DD.HH estas mociones suponen “reprimir y neutralizar” la protesta social.
Luego del error cometido previamente en el Senado, la normativa regirá “in actum”. Con esto 38 diputados y 13 senadores no podrán repostular a sus cargos en los próximos comicios.
A diferencia de lo que ocurrió en el Senado, en la Cámara de Diputados existiría un gran apoyo a que la iniciativa sea retroactiva. Sin embargo, la aclaración de que la ley es “in actum” abre nuevas posibilidades en el debate.
El proyecto, que reemplazará al actual Sename, busca saldar las graves faltas que ha tenido la institución a lo largo de los años. Al ser aprobado, el texto pasará a su último trámite constitucional en el Senado para ser promulgado.
Así se dio a conocer en la Comisión de DDHH de la Cámara que abordó la denuncia de abuso sexual que se registró al interior del hogar de la red Sename.
El abogado constitucionalista y presidente de Fuerza Común aseguró que la discusión sobre la retroactividad está mal planteada. “Nadie tiene derecho a los cargos públicos”, aseguró, criticando duramente a quienes, para él, intentaron esconder su voto en contra detrás de una abstención.
Fuad Chahín y Álvaro Elizalde manifestaron toda la disposición para dialogar con el Ejecutivo y relevaron la necesidad de apurar las decisiones para resolver las urgencias más acuciantes. “Hay gente que se está muriendo”, dicen para luego asegurar que el acuerdo es un tema obligatorio para la política en el contexto actual.
Sin organizaciones sociales ni sindicatos, se llevó a cabo la primera reunión entre el Gobierno y los partidos tendiente a la búsqueda de un acuerdo nacional para enfrentar la crisis sanitaria y económica provocada por el COVID-19.
El presidente de la Agrupación de Empleados Fiscales, José Pérez, pidió a los diputados no inmiscuirse en temas de los trabajadores, asegurando que esas temáticas se conversan constantemente con el gremio.Esto frente a la propuesta de no reajustar a las rentas sobre 750 mil pesos bruto y cancelar la entrega de bonos.
La diputada representante del Distrito 3 se refirió a las medidas urgentes que el Gobierno debe tomar en ordena paliar el hambre de la población y manifestó la disponibilidad de su partido para el diálogo ante un porible acuerdo nacional. “El rol de los partidos debe ser poner políticas sobre la mesa y hacer que la política funcione en pos de los intereses de las grandes mayorías”, dijo la presidenta de Revolución Democrática.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la senadora socialista se refirió a su voto favorable al límite de reelecciones y a la retroactividad. “Yo creo que es una señal, una señal de recoger un sentimiento ciudadano”, señaló.
Desde el Colegio de Profesores, Modatima, No+AFP, Ukamau y la FECh mostraron su rechazo ante el llamado presidencial que, según calendarizó el ministro del Interior se llevaría a cabo en junio.
Con esto, senadores, diputados y otras autoridades que ya llevan varios periodos podrán seguir postulando, pues no se tomará en cuenta el tiempo que ya han ejercido el cargo.
El proyecto recibió el apoyo del Presidente Piñera quien aseguró que, de convertirse en ley, permitirá que Chile avance “hacia una mayor igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos para ser electos a cargos de elección popular”.
Fue inesperado para muchos dentro de su sector y hubo molestia en algunos que dijeron haberse enterado de la convocatoria “por la prensa”. Dentro del oficialismo hay dos visiones en torno al “gran acuerdo nacional” del mandatario: los que lo ven como una oportunidad de generar un pacto a largo plazo que considere las demandas sociales del estallido social y los que, como Piñera, apelan a un acuerdo concentrado en la reactivación económica y acotado a los dos últimos años de su mandato.
