El Intendente Metropolitano advirtió que la grave situación ambiental que enfrenta Santiago debe ser resuelta con medidas estructurales como la prohibición de construir viviendas con chimenea. Mientras, especialistas en la materia apuntan a limitar la expansión del perímetro urbano y rebajar las tarifas eléctricas en las comunas más afectadas.
Los dirigentes de la Confech también sostendrán una reunión con los rectores y los instaron a “tomar posturas” acerca del proyecto que debe presentar el Gobierno, según dijo la vocera Carolina Figueroa.
Parlamentarios socialistas y estudiantes de la Cones presentaron una propuesta de reforma constitucional que pretende rebajar la edad mínima para votar de 18 a 16 años. La idea es incentivar la participación política de los jóvenes, reconociendo su rol activo en los movimientos sociales.
La colectividad había desechado durante la jornada de este miércoles la iniciativa que contempla un reajuste de 26 mil pesos de manera escalonada. “No había posibilidad de cambiar el proyecto en la comisión Mixta” explicó el diputado y secretario general del Partido Comunista Lautaro Carmona.
Las no ciudadanas, las excluidas y marginadas también han querido participar de la construcción de una nueva carta fundamental y lo han hecho con entusiasmo, fuerza, energía, ideas y mucha discusión.
Camila Rojas lamentó que las movilizaciones estudiantiles se centren en hechos de violencia que han eclipsado las demandas de fondo levantadas desde hace ya varios años. Insistió en que hay sectores desde el Gobierno y Chile Vamos que quieren ver fracasar al movimiento estudiantil.
Una extensa jornada de formalización se desarrolló en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, que determinó el arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para el ex senador de la UDI Pablo Longueira y la reformalización del ex gerente de SQM Patricio Contesse, en el marco del caso SQM. La Fiscalía detalló la “red de boleteros”, integrada por personas cercanas a Longueira, que operaron para constituir el delito de cohecho.
Con votos del Partido Comunista, la Cámara de Diputados determinó rechazar el reajuste al salario mínimo de 26 mil pesos en 18 meses que había sido propuesto por el Gobierno, a instancias de la DC.
El presidente del Círculo de Políticas Participativas fue escogido por concurso público, luego de la salida de Ricardo Brodsky por sus vínculos con el Caso SQM.
El alto porcentaje de abstención en las últimas primarias municipales tendría un problema de fondo: el descrédito de la clase política y una ciudadanía desencantada de la democracia de la Transición, que no ve en el voto una posibilidad certera de cambiar el orden de las cosas.
El Partido Por la Democracia ordenó la suspensión de la militancia del ex ministro Jorge Insunza, luego que la Fiscalía Oriente iniciara una investigación en su contra. En tanto, en la oposición llaman al Gobierno a asumir responsabilidades por su nombramiento como Ministro de Estado.
Nolberto Díaz criticó la propuesta de aumento del salario mínimo que realizó el Gobierno, la que fue calificada además como una imposición del Ejecutivo. El dirigente criticó que se argumentara el cuidado del empleo para no subir más el ingreso.
Parlamentarios oficialistas presentaron un proyecto que sancionaría con pena de cárcel a las instituciones que lucren. La ministra de Educación, Adriana Delpiano, se comprometió a revisar la iniciativa aunque aseguró que la Reforma integrará sanciones que determinan, incluso, el cierre de las instituciones.
Luego de encadenarse a modo de protesta a las rejas del ex Congreso, integrantes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos se reunieron con la ministra de Justicia para que se impida la entrega de libertad condicional a violadores de DDHH.
Una abstención que llegó al 95 por ciento del electorado, superando los cálculos de la propia clase política, marcó estas primarias municipales que se desarrollaron en 93 comunas del país.
El veto presidencial es el camino adoptado por el Gobierno para seguir la tramitación de la Reforma Laboral, a pesar de que economistas y organizaciones sindicales reconocen al menos 25 retrocesos en el actual proyecto respecto del inicial.
En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el diputado del PPD criticó que se esté legislando para otorgar beneficios carcelarios a violadores de los DDHH. “Los chilenos sienten hoy día que ellos han estado llenos de privilegios”, aseguró.
