El filósofo e historiador se refirió al conflicto que se vive en la región de la Araucanía. Sostiene que lo que se está viviendo en la zona es un proceso de descolonización que apunta a un proceso de autodeterminación del pueblo mapuche.
Para la experta en derechos humanos, a lo que asistimos, en ausencia de la justicia real, es a un etnocidio del pueblo Mapuche.
Así lo anunció la vocería de la autoridad ancestral, el mismo día en que la Corte Suprema rechazó un recurso de amparo para que Córdova pueda cumplir parte de su condena en su rehue.
El doctor en Historia se refirió a la situación actual, al delicado estado de salud del machi Celestino Córdova y a estrategias que podrían permitir avanzar en una verdadera solución al conflicto.
En respuesta a la crítica situación de salud en la que se encuentra el machi y otros comuneros, el ministro señaló que la principal preocupación “es conversar con quien sea posible, para que dentro de todo lo que se establece en los reglamentos penitenciarios”, llegar a una solución.
Para el abogado, miembro de la Cátedra indígena de la Universidad de Chile y consejero del INDH esta es la única forma de redistribuir el poder y dar solución a las demandas del pueblo Mapuche.
A horas de lo sucedido, la vocera de la Red de Mujeres Mapuche pide una investigación que dé cuenta de lo que pasó con Rosa e Iris. No quieren que suceda lo que ocurrió con la activista de Tranguil en 2016, por lo que se coordinan con organizaciones y agrupaciones.
La carta fue enviada a organizaciones del área de derechos humanos como Amnistía Internacional Chile, Amnistía Internacional Secretaría General, Human Rights Watch para LA, Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas (IWGIA), Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Comisión Interamericana de DDHH, Relatoría Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Oficina de Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
“No hay nada respecto a la huelga de hambre propiamente tal, pese a que estamos en el día 96 de huelga de hambre” sostuvo la vocera del machi Celestino Cordova, Cristina Romo, en alusión a la reunión de este viernes con autoridades de gobierno.
En las últimas horas, el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ha decidido impulsar una instancia de diálogo para discutir la situación en la Araucanía. La decisión dista de la irrupción confrontacional del ministro Víctor Pérez, el día previo a los graves hechos de violencia racista en la zona, lo cual […]
Este jueves, la Sala del Senado realizó una sesión especial para analizar los hechos ocurridos durante las últimas semanas en La Araucanía, así como también el rol del Ejecutivo en la resolución de los problemas.
“Pese a la negativa del alcalde de solicitar el desalojo, nosotros desde el Ministerio del Interior tenemos la obligación de restituir ese bien público”, indicó el intendente de la Región del Bio Bio, Sergio Giacaman.
El alcalde Adolfo Millabur también instó a la población a actuar con respeto de todos los habitantes del territorio e interpeló al Gobierno a “buscar vías de solución al grave problema que el Estado Chileno ha sostenido históricamente con el pueblo mapuche”.
Tras los violentos incidentes del fin de semana, este martes en Temuco y en Lumaco se registraron nuevos enfrentamientos entre civiles y carabineros. La demanda en apoyo al machi Celestino Córdova y la situación en la zona, es lo que analiza el diputado, presidente interino de Evópoli y ex intendente de La Araucanía, Andrés Molina.
Atribuyen la violencia de civiles contra comuneros mapuche, durante el fin de semana, a la falta de diálogo de las autoridades y a las acciones del recién asumido ministro del Interior, Víctor Pérez.
Desde la organización médica solicitaron a las autoridades buscar cuanto antes una solución ante la huelga de hambre del machi y otros 27 comuneros mapuche.
La parlamentaria señaló que los hechos ocurridos en las distintas municipalidades tomadas deben ser investigados, no descartando, incluso, que el Gobierno esté detrás de ellos.
