“Vamos a tener focos investigativos donde hay tráfico de armas, vamos a focalizar la persecución penal para esclarecer homicidios y delitos violentos”, comunicó la secretaria de Estado.
A raíz de la muerte del cabo Daniel Palma, el oficialismo bregó por políticas de desarme civil, mientras que la oposición llamó a promulgar la ley Nain-Retamal con celeridad.
Durante el debate, la ministra del Interior, Carolina Tohá, llamó a “dejar atrás la idea de las policías en disputa”. Además, emplazó a trabajar para subir el estándar de la función de las instituciones encargadas de la seguridad y el orden público.
El jefe de bancada del PC acusó que a pesar de no haber dado la unanimidad, la mesa de la Cámara y el resto de comités parlamentarios hicieron una reinterpretación de la norma para llamar al debate de la controvertida propuesta.
El edil señaló que las medidas presentadas por el Ejecutivo implican que el Estado disponga de los recursos suficientes para materializarlas. Así todo, aseguró que la agenda va en el camino correcto en cuanto se enfoca en la prevención.
Previo a la votación del proyecto en el Senado, el Gobierno presentó la agenda con la que busca entregar más herramientas a Gobiernos Regionales y Municipios en términos de prevención del delito y atención a víctimas.
A horas de que el Senado vote la iniciativa, el edil de Recoleta emplazó al Ejecutivo ya que la normativa “es un atentado a los DDHH”. Mientras, la senadora Fabiola Campillai insistió en el rechazo a la propuesta.
En el informe dado a conocer esta jornada al Senado, se establecen las falencias del recinto penitenciario, además de hacer propuestas para revertirlas. Entre los problemas, destaca que no se cuenta con medidas para la protección de los menores.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, y el ministro de Justicia, Luis Cordero, se retiraron de la Sala luego de que senadores de Chile Vamos no aprobaran la indicación relacionada a la legitima defensa privilegiada.
El director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile insistió en los efectos negativos de la propuesta que se discutirá esta semana en el Senado. Además, reclamaron no haber sido invitados a exponer durante el debate de la controvertida iniciativa.
Desde el Gobierno dieron cuenta del inicio de un trabajo participativo -coordinado por Metro- con las organizaciones sociales y de víctimas de derechos humanos para efectos de levantar un memorial en el acceso en cuestión.
En la sesión, los parlamentarios escucharon la exposición del exsenador Felipe Harboe, del ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, y del especialista en derecho penal, Enrique Aldunate.
“Lamentamos que un proyecto con tal impacto en los derechos humanos se tramitara de forma acelerada en la Cámara”, señaló el organismo en un comunicado, echando en falta la “participación de especialistas independientes o de la sociedad civil”.
La presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades se reunió con el presidente del Senado a quien planteó la urgencia de aprobar una norma que da más facultades a los gobiernos comunales en el combate a la delincuencia.
La directora del INDH consideró que los alcances de la propuesta entrega facultades excesivas a las policías mientras que una eventual víctima del mal uso de estas prerrogativas puede ser fácilmente considerada como delincuente.
“Bajo la inminente ley Naín-Retamal las violaciones de derechos humanos podrían volver a ocurrir con mayor frecuencia y con menos posibilidad de ser sancionados”, señaló Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile.
Al igual que el resto de su bancada, el parlamentario del Partido Comunista votó en contra de la iniciativa, ya que considera que no soluciona los problemas de seguridad. A su juicio, lo que sí aportaría es una reforma a Carabineros.
