En la sesión, los parlamentarios escucharon la exposición del exsenador Felipe Harboe, del ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, y del especialista en derecho penal, Enrique Aldunate.
“Lamentamos que un proyecto con tal impacto en los derechos humanos se tramitara de forma acelerada en la Cámara”, señaló el organismo en un comunicado, echando en falta la “participación de especialistas independientes o de la sociedad civil”.
La presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades se reunió con el presidente del Senado a quien planteó la urgencia de aprobar una norma que da más facultades a los gobiernos comunales en el combate a la delincuencia.
La directora del INDH consideró que los alcances de la propuesta entrega facultades excesivas a las policías mientras que una eventual víctima del mal uso de estas prerrogativas puede ser fácilmente considerada como delincuente.
“Bajo la inminente ley Naín-Retamal las violaciones de derechos humanos podrían volver a ocurrir con mayor frecuencia y con menos posibilidad de ser sancionados”, señaló Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile.
Al igual que el resto de su bancada, el parlamentario del Partido Comunista votó en contra de la iniciativa, ya que considera que no soluciona los problemas de seguridad. A su juicio, lo que sí aportaría es una reforma a Carabineros.
La entidad criticó la aprobación de la iniciativa, calificándola como “gatillo fácil” y que otorga potestades sin límite a las policías. Además, recordó la recomendación de la ONU de realizar reformas estructurales en Carabineros.
La iniciativa busca agravar las penas de delito por porte de armas en lugares altamente concurridos e incluye a los establecimientos de educación públicos y privados, los centros de salud y medios de transporte público y de carga
El jurista y exasesor de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior afirmó que en un Estado democrático, el empoderamiento de las policías “tiene que compensarse a través de más dispositivos de control” sobre la acción de las fuerzas de orden.
El exdirector de Seguridad Pública cuestionó la efectividad del proyecto aprobado en la Cámara y la idea de avanzar en medidas “parche”. En ello, consideró que “el general director ha presionado para detener e inmovilizar la reforma a Carabineros”.
La titular de Interior sostuvo que no se puede implementar un estatuto de protección de las policías, pero que a su vez se transforme en un sistema de desprotección de las personas. La Ministra espera que se introduzcan modificaciones a la propuesta.
Según el abogado el debate por la legítima defensa ya se sostuvo. “Si pretenden hacer que nunca un carabinero pueda ser responsable por ocupar un arma de fuego, es una irresponsabilidad que no existe en ningún estado de derecho”, agregó
Con obras que constituyen una inversión de 3.756 millones de pesos, el recinto se reincorpora a los 7 módulos con los que se cuenta a lo largo del país, con una capacidad para recibir a 296 personas. 29 personas han ingresado a la fecha.
Profesionales y parlamentarios cuestionaron el efecto disuasivo del aumento de las penas mientras no se fortalezca el trabajo policial. En ese sentido pusieron el foco en las condiciones que permitan ampliar la captura de delincuentes.
El director ejecutivo de Amnistía Internacional, también se refirió a los proyectos de seguridad que se discuten en el Congreso: “Si se sigue avanzando en esa materia, lo que tendríamos es que la policía queda al margen de la ley”, dijo.
“Iremos definiendo en conjunto cuáles son las mejores maneras de participar activamente en esto de manera seria, responsable, sin show, sino con el objetivo que Carabineros sienta que tiene el respaldo de parte de nuestro Gobierno”, precisó.
Ambas iniciativas son parte de un paquete consistente en siete proyectos de ley que la Cámara busca agilizar esta semana, tras el asesinato de la sargento Rita Olivares.
