Supensión de las obligaciones laborales, negociaciones colectivas postergadas hasta el fin del estado de excepción constitucional y un creciente movimiento inorgánico que bajo la consigna “que la crisis no la paguen los trabajadores” piden soluciones ante la precariedad laboral.¿Qué papel están cumpliendo los sindicatos en las conversaciones con el Gobierno?¿Cuál es el rol social de estos organismos?.
El acto oficial, al que solo podrán asistir un mínimo de participantes, buscará poner en el centro de la discusión la situación de crisis que vive el empleo.
La iniciativa entregará beneficios a quienes emiten boletas de honorarios y busca emular la protección del Seguro de Cesantía. Desde la oposición y organizaciones de trabajadores han planteado sus reparos con la medida, la que aseguran, es insuficiente.
La iniciativa impulsa la entrega de préstamos de hasta US$ 24,000 millones con garantías estatales desde los bancos. El presidente hizo un llamado a las instituciones privadas a unirse a este aporte de capital.
Los y las trabajadoras exigen turnos y gradualidad en el retorno. Además, confirmaron que presentaron un recurso de protección al respecto.
Trabajadores del programa “4 a 7” de Sernameg han denunciado la incertidumbre laboral que viven por posibles despidos a partir de mayo ante una instrucción del Ministerio de Hacienda, situación que podría repetirse en otras áreas afectando a quienes hoy se desempeñan en modalidad honorarios para el Estado.
Un sector de trabajadores, cuyas pensiones no son suficientes, no son capaces de acceder a su Fondo de Cesantía, quedando sin ningún tipo de ingreso.
Pensada en el contexto de la pandemia, la Ley de Protección al Empleo ha permitido la suspensión de contratos laborales en distintos sectores económicos del país. En tanto, expertos aseguran que se trata de una medida que precariza las condiciones laborales.
Desde distintas agrupaciones del gremio han manifestado su desazón tras despidos irregulares, exigencias en cambio de modalidades de trabajo y la constante exposición a zonas de contagio. “Éramos el pilar fundamental para el desarrollo de la familia y de un momento para otro los empleadores se deshacen de la trabajadora que causará un gasto” dice María Cotal.
Fesimetro interpeló al directorio de la semiestatal por lo que acusan como tolerancia a las malas prácticas de las empresas subcontratantes.
Desde el Congreso han pedido la renuncia de la directora de la entidad, Camila Jordan, luego de que se publicara un dictamen en que establece la no obligación de los empleadores a pagar la remuneración a los empleados que no se presenten físicamente en el lugar de trabajo.
Para la multigremial, el dictamen del órgano regulador está basado en principios del derecho civil, desconociendo la regulación laboral que protege al trabajador.
