En conversación con Radioanálisis, el diputado socialista, Leonardo Soto, consideró adecuada la decisión del Gobierno de invocar Ley de Seguridad del Estado ante las movilizaciones de camioneros que continúan bloqueando algunas de las principales rutas del país. Ello porque a juicio del legislador, el Ejecutivo tiene el deber ineludible de enfrentar un grupo de presión que “se permita usar la violencia, la fuerza, para paralizar el funcionamiento del país”.

En ello hizo hincapié en que el bloqueo de carreteras se da “en un momento especial donde la economía está tratando de sobrevivir a la desaceleración mundial que hay”, por lo que el Gobierno “tenía que tomar una medida de aplicar el Estado de derecho para enfrentar una situación, que por otro lado es totalmente injusta, es un paro político, es un paro también ilegal”, afirmó.

En cuanto al trasfondo del paro, Soto precisó que “más que fuerzas políticas partidarias, detrás de este paro lo que hay es una motivación política”. Ello considerando la apertura que ha tenido el Gobierno ante las demandas del gremio, que busca “un tratamiento especial respecto al alza del precio de los combustibles”.

“Ellos quieren un trato especial y lo tenían, ellos tienen un trato que les permite, por ejemplo, recuperar totalmente el impuesto específico de los combustibles que pagan en sus insumos, que es la bencina y el diesel que les permite transportar mercadería y carga. Sin embargo ellos querían algo más y el Gobierno les ofreció congelar las tarifas del precio del diesel durante tres meses”. 

“Eso no es gratis, eso tiene un costo altísimo al Estado y el Gobierno decidió hacerlo para colaborar con este grupo de presión que se levantó”, relevó, destacando que “todos aceptaron salvo un grupo pequeño de camioneros que son los que hoy día están en las carreteras, que decidió no tan solo rechazar esa propuesta sino que cambiar a una nueva propuesta (…) la rebaja del 30% del precio final del combustible”. 

Una demanda que el legislador consideró inaceptable por el costo que implica. “Por eso decimos que es un paro ilegal, que lo que busca en el fondo es dañar a todos los chilenos y chilenas en justificación de una demanda específica”, señaló.

Por lo demás hizo hincapié en “el trastorno” que produce un paro de estas características. “No tan solo impide que las familias tengan dificultades para llegar a su trabajo, para llevar a los niños al colegio o para llegar a hospitales, hay ambulancias, movilización de emergencia, que ha tenido dificultades para llegar a sus destinos”. 

“Hoy se inició la temporada de exportación de frutas a Europa y todo el bloqueo que están haciendo en los accesos a Valparaíso está provocando el trastorno y poniendo en riesgo la destrucción de exportaciones de productos perecibles, las cadenas de frío se pueden interrumpir, causando desabastecimiento en la llegada de los bienes perecibles a los supermercados”.

Con todo, Soto afirmó que “vamos a tener que investigar de qué están viviendo estos camioneros que siguen hoy día apostados en las principales rutas del país porque, no sería de extrañar de que tuvieran un financiamiento que les permitiera estar sin trabajar por tanto tiempo, lo cual parece contradictorio con las propias demandas que ellos están planteando”.

Y acotó que “probablemente podría circular dinero negro para poder financiar la paralización de estos camioneros con fines políticos y eso es algo que tendría que investigar“.

Espinoza al Tribunal Supremo del PS

En materias del partido Socialista, el diputado abordó las críticas que su correligionario, el senador Fidel Espinoza, dirigió contra las ministras Carolina Tohá y Ana Lya Uriarte, acusándolas de hacer lobby por el nombramiento del fiscal nacional. Declaraciones que llevaron al legislador al Tribunal Supremo del Partido.

“A mi me parece que las declaraciones del senador Fidel Espinoza no son justas, no son justificadas”, señaló Soto, apuntando a que las ministras “no merecen ningún reproche porque lo que hacen simplemente es su trabajo, es conseguir votos para que se apruebe la propuesta que hace el presidente de la República y nadie puede ser criticado y reprochado por simplemente intentar de que Chile tenga un nuevo fiscal nacional”.

“Él puede tener todas las opiniones que quiera sobre la persona del fiscal, hay algunos que lo aprobarán, otros que no, pero no se puede cuestionar al Gobierno por hacer lobby por buscar respaldos para la propia propuesta del Presidente de la República”.

“Es más, todos los senadores oficialistas que dicen que apoyan al Gobierno, y el partido Socialista apoya al Gobierno, debieran naturalmente apoyar la propuesta del Presidente Boric, porque en eso se basa la democracia. Si existe una mayoría que gobierna, la mayoría parlamentaria que gobierna que tiene representantes en el Gobierno y que hace gestión para que el programa de Gobierno se aplique en el país, debiera naturalmente apoyar la propuesta del Presidente Boric, por eso las críticas me parecen injustas e incluso destempladas”, añadió.