Un “proyecto frankenstein”, así fue tildado en la sala de la Cámara la reforma constitucional de infraestructura crítica, luego que este martes en la comisión de Seguridad se aprobara una indicación de la oposición que elimina la potestad de los militares a colaborar el control del orden público.

La acción fue motivada por lo que el sector acusó como la falta de precisiones en la redacción legislativa y de resguardos jurídicos apropiados para los uniformados, que a ojos del oficialismo, derivó en la adulteración del proyecto.

Es así que la voluntad mayoritaria en el hemiciclo fue la de rechazar para enviar la iniciativa a comisión mixta. Medida -por la que bregó la ministra del Interior, Carolina Tohá, para efectos de “salvar el proyecto” -que fue posible al computar 73 votos en contra, 61 a favor y 3 abstenciones.

Es en dicha instancia donde se deberán resolver las diferencias entre el Gobierno y la oposición, para que -en el mejor pronóstico para el Ejecutivo- la moción pase al Senado la tarde de este miércoles y vuelva a la sala de la Cámara este jueves para ser aprobada antes del cierre legislativo.

Pero fuera de los gallitos políticos, hay una discusión aún abierta sobre cuán apropiado es el involucramiento de los militares en labores de orden público, al margen del creciente convencimiento del mundo político por desplegar a las Fuerzas Armadas para hacer frente a los flancos en materia de seguridad.

“Se vio que hay un mérito en sí mismo de generar una modalidad de protección de la infraestructura crítica porque cuando hay una situación de amenaza a infraestructura que son centrales (…) se puede generar un gran daño al funcionamiento de la sociedad”, sostuvo la ministra Tohá en la sala de la Cámara, indicando que “tener un apoyo especial a través de las Fuerzas Armadas en esos casos parece una medida útil y adecuada. De hecho es un tipo de legislación que muchas democracias maduras, de países desarrollados tienen”. 

Cabe destacar que en su comparecencia ante la comisión de Seguridad, el comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriera, advirtió que las labores que se asumirían los uniformados con la promulgación de la ley irían a desvirtuar la labor principal de la institución castrense, que significaría un tiempo de preparación previo al despliegue de tropas.

Algo que a juicio del doctor en ciencia política y académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Felipe Aguero, es de “perogrullo”. “Las Fuerzas Armadas están para la defensa exterior y el proyecto de infraestructura crítica  trae a las Fuerzas Armadas de una manera legal e institucionalizada a cuestiones internas del orden público que no les corresponde, y creo que hay una tendencia a ir involucrando de parte de las fuerzas políticas, crecientemente, a las Fuerzas Armadas en cuestiones de esta naturaleza”, sostuvo.

Algo que el académico consideró inapropiado a todas luces, cuestionando la decisión del Ejecutivo de avanzar en esta dirección. “Este Gobierno asumió con la herencia del proyecto de ley de infraestructura crítica y enfrentado a una serie de problemas de permisibilidad de la acción criminal, de grupos organizados y de cuestiones relativas a desórdenes en las materias de inmigración, entonces, esa fue una herencia que recibió, pero creo que el Gobierno equivocadamente ha intentado ir poniendo parches para no establecer continuamente el estado de emergencia y sustituirlo con la ley de infraestructura crítica y ahora adosarle a la propia ley de Infraestructura Crítica la cuestión de las fronteras”. 

En esa línea, adujo que “me parece que estas son soluciones de parche que están hechas con una mirada de corto plazo para enfrentar problemas reales que existen, pero el problema es que con estas legislaciones se quedan ámbitos permanentes de acción de las Fuerzas Armadas en un ámbito que no le corresponde y creo que el Gobierno está equivocado en eso. Hay que fortalecer para esto la policía, ponerse en esa perspectiva”. 

Por lo demás, el académico advirtió que además del proyecto de ley de infraestructura crítica que data del Gobierno anterior “hubo un intento de distintos tipos de legislaciones, también en lo que tenía que ver con la reforma del Sistema Nacional de Inteligencia, de ir inmiscuyendo y trayendo a las Fuerzas Armadas a cuestiones de orden público. Eso es improcedente, no está de acuerdo con su misión constitucional y creo que en la nueva Constitución debe quedar eso claramente establecido”. 

Por su parte, en conversación con nuestro medio, la diputada comunista e integrante de la comisión de Seguridad, Alejandra Placencia, descartó que la moción vaya a desvirtuar el rol de los militares. “Cualquier regulación o aplicación de la ley más en concreto, recogiendo todo este debate y las aprensiones, tienen que discutirse en la ley que habilita esta reforma constitucional”, relevó.

Y añadió que “esta es una reforma constitucional que da un marco de acción pero la regulación, la misma reforma lo indica, debe discutirse en una ley posterior. El Gobierno tiene seis meses para presentar esa propuesta al parlamento y por supuesto que ahí daremos todos esos debates”.

De todas formas, indicó que “para nosotros es claro que las Fuerzas Armadas no pueden suplir la labor policial, de hecho eso no es el objetivo del proyecto, y de lo que podemos dar cuenta en un análisis más global, es que las policías en nuestro país no dan abasto para cumplir todas las labores y abordar todas las necesidades con la complejidad que tenemos hoy día, entonces, por eso esta es una medida intermedia“.

En ese sentido, reconoció que”tenemos que avanzar en temas más de fondo, por supuesto. Por ejemplo la discusión de una policía especializada de fronteras, eso es un debate que se ha planteado, nosotros estamos disponibles para hacer esa discusión”. 

Ahora bien, un intransable para la parlamentaria es soslayar la responsabilidad que le cabe a los uniformados ante la perpetración de un delito, cuestión que representa la diferencia angular entre el oficialismo y la oposición en lo que compete a esta reforma constitucional.

En palabras del diputado Cristian Moreira (UDI) la reforma “no otorga resguardos mínimos a nuestras Fuerzas Armadas (…) poniendo a sus miembros en un grave riesgo de judicialización y desamparo en el ejercicio de sus funciones”.

“Lo que es correcto es que las Fuerzas Armadas tienen responsabilidades cada vez, y las policías también, que se les mandata a hacer alguna labor. No se le puede eximir de responsabilidad a ningún funcionario público y cuando cometen delitos, por supuesto que tienen que ser sancionados. O sea, pretender quitar esa responsabilidad a las Fuerzas Armadas es un error”, afirmó Placencia.

Y relevó que “el proyecto de ley, lo manifiesta claramente, las instrucciones y los decretos responsabilizan políticamente al Ministerio del Interior porque es quien da las instrucciones (…) pero cada cual debe asumir la responsabilidad que le compete de acuerdo a sus funciones”.

En esa línea, aseguró que “acá lo que se quiere hacer por parte de la derecha en el caso de las Fuerzas Armadas es dejar en total impunidad cualquier abuso, cualquier violación a los derechos humanos, cualquier uso indebido de las armas de servicio y eso es algo que han estado promiviendo también en otros proyectos de ley relacionados con las policías”, afirmó.