Tensa sesión en el Senado: Gobierno se retira de la Comisión de Seguridad ante rechazo de indicaciones de proyecto Nain-Retamal
La ministra del Interior, Carolina Tohá, y el ministro de Justicia, Luis Cordero, se retiraron de la Sala luego de que senadores de Chile Vamos no aprobaran la indicación relacionada a la legitima defensa privilegiada.
Lunes 3 de abril 2023 18:11 hrs.
Valparaiso, 29 de marzo de 2023.
La ministra del interior Carolina Toha participa de la sesion de la Camara de Diputados en la que se vota la ley Nain Retamal.
Raul Zamora/Aton Chile
Con 122 indicaciones presentadas al proyecto de ley Naín-Retamal comenzó a sesionar este lunes la Comisión de Seguridad Pública del Senado para votar en particular la moción que busca dar mayor protección a la labor policial respecto del uso de armas y la legítima defensa privilegiada y que además aumenta las penas por delitos cometidos contra funcionarios de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería.
Entre las modificaciones ingresadas a la iniciativa de ley, se contemplaban mociones tanto del oficialismo, como de la bancada DC e independientes y de la oposición. Entre las indicaciones presentadas por el Gobierno se consideraba un cambio para que la imposibilidad de acceder a penas sustitutivas rija para los delitos de lesiones graves, graves gravísimas, mutilaciones y homicidios contra funcionarios policiales y no para cualquier tipo de lesión, como plantea la moción original.
En tanto, en el artículo número 3, el Gobierno buscaba radicar la comprensión del uso racional de las armas a casos en que la policía haya buscado impedir o tratar de impedir la consumación de delitos que atenten contra su vida o afecten gravemente su integridad física. Del mismo modo, pretendía dejar estipulado que en las investigaciones iniciadas por el Ministerio Público por los hechos previstos en este artículo, deberá considerar al funcionario de Carabineros como víctima o testigo, según corresponda, para todos los efectos legales, a menos que las diligencias de investigación permitan atribuirle participación punible.
En ese contexto, y en medio de un clima de tensión al interior de la comisión, los senadores de oposición, que constituyen la mayoría de la instancia, votaron en contra todas las enmiendas del Ejecutivo. Ante esto, la ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció que el Gobierno se retiraría de la comisión, argumentando que su presencia sería innecesaria.
Minutos mas tarde, en un punto de prensa, el ministro de Justicia, Luis Cordero, reiteró esta posición y anunció que el Ejecutivo va a ingresar nuevamente su paquete de indicaciones, esta vez en la Sala de la Cámara Alta.
Cabe destacar que uno de los artículos más controversiales del proyecto de ley es el que entrega a Carabineros la presunción del uso justificado de armas de servicio, lo que consagraría el principio de legítima defensa privilegiada para uniformados y policías de civil. Ante ello, el Gobierno apostaba a que la regulación de las reglas del uso de la fuerza y armas de fuego sea a través del Código de Justicia Militar y no a través del Código Penal, como lo propone el proyecto original. Asimismo, buscaba eliminar el artículo 7, relacionado con la legítima defensa privilegiada.
Los escenarios del proyecto
Previo a la votación particular de la iniciativa Naín-Retamal, los escenarios que se barajaban para el proyecto eran diversos. Uno de ellos fue el planteado por parlamentarios UDI, Henry Leal y Marta Bravo, al adelantar que llevarían la iniciativa a comisión mixta en caso de que se aprobaran en el Senado indicaciones que restaran garantías a la policía.
“Si el Gobierno insiste con eliminar el espíritu de esta ley, que es otorgarle mayores garantías a los carabineros cuando tengan que enfrentar un procedimiento, nos vamos a oponer con toda la fuerza para impedir que ocurra aquello”, señalaron.
A su vez, el presidente de la colectividad, Javier Macaya, sostuvo este lunes que “nosotros esperamos que este proyecto sea, ojalá, aprobado esta semana en el Senado sin mayores modificaciones y, si existen modificaciones, que no signifiquen una coma, un ápice, en retroceder en la facultades que nosotros les estamos entregando a nuestros carabineros”.
“Si alguien pretende por la vía de indicaciones, por la vía de dilaciones, tratar de generarles menos atribuciones a nuestros carabineros, nosotros no estamos disponibles. Si se llega a un acuerdo que permita mantener el estándar de protección, de garantía a nuestros carabineros, podemos verlo“, añadió.
A su vez, el timonel de Renovación Nacional, Francisco Chahúan, llamó al Gobierno a acelerar la tramitación del proyecto con la presentación de discusión inmediata. “Lo que no puede ocurrir es que se use la vía de las indicaciones para ralentizar el proyecto, el proyecto hay que sacarlo ahora”, afirmó, exhortando a que se despache esta semana.
Desde el oficialismo en tanto, posterior al comité político ampliado de La Moneda, el presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, advirtió que de no aprobarse las indicaciones presentadas por el Gobierno, tanto algunas ingresadas por el oficialismo junto a la bancada de la Democracia Cristiana e independientes, el sector hará reserva de constitucionalidad.
“Espero que el Parlamento entre en razón y deje de legislar en caliente o a la rápida y pueda sacar una ley razonable. Si eso no es así, se tendrán que evaluar distintas alternativas. Nosotros incluso, senadores desde el centro a la izquierda, más allá de Apruebo Dignidad, estamos pensando incluso en hacer reserva constitucional y poder enviar algunos de los artículos que consideramos inconstitucionales al TC, pero eso se verá en su momento”, aseguró.
Adicionalmente, según algunos dirigentes del oficialismo, el Gobierno no tendría descartada la posibilidad de presentar un veto al proyecto, en caso que avance sin modificaciones. En ese sentido, algunos avizoran que el Ejecutivo ingrese una indicación sustitutiva.
Imagen: Agencia ATON.
Con 122 indicaciones presentadas al proyecto de ley Naín-Retamal comenzó a sesionar este lunes la Comisión de Seguridad Pública del Senado para votar en particular la moción que busca dar mayor protección a la labor policial respecto del uso de armas y la legítima defensa privilegiada y que además aumenta las penas por delitos cometidos contra funcionarios de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería.
Entre las modificaciones ingresadas a la iniciativa de ley, se contemplaban mociones tanto del oficialismo, como de la bancada DC e independientes y de la oposición. Entre las indicaciones presentadas por el Gobierno se consideraba un cambio para que la imposibilidad de acceder a penas sustitutivas rija para los delitos de lesiones graves, graves gravísimas, mutilaciones y homicidios contra funcionarios policiales y no para cualquier tipo de lesión, como plantea la moción original.
En tanto, en el artículo número 3, el Gobierno buscaba radicar la comprensión del uso racional de las armas a casos en que la policía haya buscado impedir o tratar de impedir la consumación de delitos que atenten contra su vida o afecten gravemente su integridad física. Del mismo modo, pretendía dejar estipulado que en las investigaciones iniciadas por el Ministerio Público por los hechos previstos en este artículo, deberá considerar al funcionario de Carabineros como víctima o testigo, según corresponda, para todos los efectos legales, a menos que las diligencias de investigación permitan atribuirle participación punible.
En ese contexto, y en medio de un clima de tensión al interior de la comisión, los senadores de oposición, que constituyen la mayoría de la instancia, votaron en contra todas las enmiendas del Ejecutivo. Ante esto, la ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció que el Gobierno se retiraría de la comisión, argumentando que su presencia sería innecesaria.
Minutos mas tarde, en un punto de prensa, el ministro de Justicia, Luis Cordero, reiteró esta posición y anunció que el Ejecutivo va a ingresar nuevamente su paquete de indicaciones, esta vez en la Sala de la Cámara Alta.
Cabe destacar que uno de los artículos más controversiales del proyecto de ley es el que entrega a Carabineros la presunción del uso justificado de armas de servicio, lo que consagraría el principio de legítima defensa privilegiada para uniformados y policías de civil. Ante ello, el Gobierno apostaba a que la regulación de las reglas del uso de la fuerza y armas de fuego sea a través del Código de Justicia Militar y no a través del Código Penal, como lo propone el proyecto original. Asimismo, buscaba eliminar el artículo 7, relacionado con la legítima defensa privilegiada.
Los escenarios del proyecto
Previo a la votación particular de la iniciativa Naín-Retamal, los escenarios que se barajaban para el proyecto eran diversos. Uno de ellos fue el planteado por parlamentarios UDI, Henry Leal y Marta Bravo, al adelantar que llevarían la iniciativa a comisión mixta en caso de que se aprobaran en el Senado indicaciones que restaran garantías a la policía.
“Si el Gobierno insiste con eliminar el espíritu de esta ley, que es otorgarle mayores garantías a los carabineros cuando tengan que enfrentar un procedimiento, nos vamos a oponer con toda la fuerza para impedir que ocurra aquello”, señalaron.
A su vez, el presidente de la colectividad, Javier Macaya, sostuvo este lunes que “nosotros esperamos que este proyecto sea, ojalá, aprobado esta semana en el Senado sin mayores modificaciones y, si existen modificaciones, que no signifiquen una coma, un ápice, en retroceder en la facultades que nosotros les estamos entregando a nuestros carabineros”.
“Si alguien pretende por la vía de indicaciones, por la vía de dilaciones, tratar de generarles menos atribuciones a nuestros carabineros, nosotros no estamos disponibles. Si se llega a un acuerdo que permita mantener el estándar de protección, de garantía a nuestros carabineros, podemos verlo“, añadió.
A su vez, el timonel de Renovación Nacional, Francisco Chahúan, llamó al Gobierno a acelerar la tramitación del proyecto con la presentación de discusión inmediata. “Lo que no puede ocurrir es que se use la vía de las indicaciones para ralentizar el proyecto, el proyecto hay que sacarlo ahora”, afirmó, exhortando a que se despache esta semana.
Desde el oficialismo en tanto, posterior al comité político ampliado de La Moneda, el presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, advirtió que de no aprobarse las indicaciones presentadas por el Gobierno, tanto algunas ingresadas por el oficialismo junto a la bancada de la Democracia Cristiana e independientes, el sector hará reserva de constitucionalidad.
“Espero que el Parlamento entre en razón y deje de legislar en caliente o a la rápida y pueda sacar una ley razonable. Si eso no es así, se tendrán que evaluar distintas alternativas. Nosotros incluso, senadores desde el centro a la izquierda, más allá de Apruebo Dignidad, estamos pensando incluso en hacer reserva constitucional y poder enviar algunos de los artículos que consideramos inconstitucionales al TC, pero eso se verá en su momento”, aseguró.
Adicionalmente, según algunos dirigentes del oficialismo, el Gobierno no tendría descartada la posibilidad de presentar un veto al proyecto, en caso que avance sin modificaciones. En ese sentido, algunos avizoran que el Ejecutivo ingrese una indicación sustitutiva.
Imagen: Agencia ATON.
Con 122 indicaciones presentadas al proyecto de ley Naín-Retamal comenzó a sesionar este lunes la Comisión de Seguridad Pública del Senado para votar en particular la moción que busca dar mayor protección a la labor policial respecto del uso de armas y la legítima defensa privilegiada y que además aumenta las penas por delitos cometidos contra funcionarios de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería.
Entre las modificaciones ingresadas a la iniciativa de ley, se contemplaban mociones tanto del oficialismo, como de la bancada DC e independientes y de la oposición. Entre las indicaciones presentadas por el Gobierno se consideraba un cambio para que la imposibilidad de acceder a penas sustitutivas rija para los delitos de lesiones graves, graves gravísimas, mutilaciones y homicidios contra funcionarios policiales y no para cualquier tipo de lesión, como plantea la moción original.
En tanto, en el artículo número 3, el Gobierno buscaba radicar la comprensión del uso racional de las armas a casos en que la policía haya buscado impedir o tratar de impedir la consumación de delitos que atenten contra su vida o afecten gravemente su integridad física. Del mismo modo, pretendía dejar estipulado que en las investigaciones iniciadas por el Ministerio Público por los hechos previstos en este artículo, deberá considerar al funcionario de Carabineros como víctima o testigo, según corresponda, para todos los efectos legales, a menos que las diligencias de investigación permitan atribuirle participación punible.
En ese contexto, y en medio de un clima de tensión al interior de la comisión, los senadores de oposición, que constituyen la mayoría de la instancia, votaron en contra todas las enmiendas del Ejecutivo. Ante esto, la ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció que el Gobierno se retiraría de la comisión, argumentando que su presencia sería innecesaria.
Minutos mas tarde, en un punto de prensa, el ministro de Justicia, Luis Cordero, reiteró esta posición y anunció que el Ejecutivo va a ingresar nuevamente su paquete de indicaciones, esta vez en la Sala de la Cámara Alta.
Cabe destacar que uno de los artículos más controversiales del proyecto de ley es el que entrega a Carabineros la presunción del uso justificado de armas de servicio, lo que consagraría el principio de legítima defensa privilegiada para uniformados y policías de civil. Ante ello, el Gobierno apostaba a que la regulación de las reglas del uso de la fuerza y armas de fuego sea a través del Código de Justicia Militar y no a través del Código Penal, como lo propone el proyecto original. Asimismo, buscaba eliminar el artículo 7, relacionado con la legítima defensa privilegiada.
Los escenarios del proyecto
Previo a la votación particular de la iniciativa Naín-Retamal, los escenarios que se barajaban para el proyecto eran diversos. Uno de ellos fue el planteado por parlamentarios UDI, Henry Leal y Marta Bravo, al adelantar que llevarían la iniciativa a comisión mixta en caso de que se aprobaran en el Senado indicaciones que restaran garantías a la policía.
“Si el Gobierno insiste con eliminar el espíritu de esta ley, que es otorgarle mayores garantías a los carabineros cuando tengan que enfrentar un procedimiento, nos vamos a oponer con toda la fuerza para impedir que ocurra aquello”, señalaron.
A su vez, el presidente de la colectividad, Javier Macaya, sostuvo este lunes que “nosotros esperamos que este proyecto sea, ojalá, aprobado esta semana en el Senado sin mayores modificaciones y, si existen modificaciones, que no signifiquen una coma, un ápice, en retroceder en la facultades que nosotros les estamos entregando a nuestros carabineros”.
“Si alguien pretende por la vía de indicaciones, por la vía de dilaciones, tratar de generarles menos atribuciones a nuestros carabineros, nosotros no estamos disponibles. Si se llega a un acuerdo que permita mantener el estándar de protección, de garantía a nuestros carabineros, podemos verlo“, añadió.
A su vez, el timonel de Renovación Nacional, Francisco Chahúan, llamó al Gobierno a acelerar la tramitación del proyecto con la presentación de discusión inmediata. “Lo que no puede ocurrir es que se use la vía de las indicaciones para ralentizar el proyecto, el proyecto hay que sacarlo ahora”, afirmó, exhortando a que se despache esta semana.
Desde el oficialismo en tanto, posterior al comité político ampliado de La Moneda, el presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, advirtió que de no aprobarse las indicaciones presentadas por el Gobierno, tanto algunas ingresadas por el oficialismo junto a la bancada de la Democracia Cristiana e independientes, el sector hará reserva de constitucionalidad.
“Espero que el Parlamento entre en razón y deje de legislar en caliente o a la rápida y pueda sacar una ley razonable. Si eso no es así, se tendrán que evaluar distintas alternativas. Nosotros incluso, senadores desde el centro a la izquierda, más allá de Apruebo Dignidad, estamos pensando incluso en hacer reserva constitucional y poder enviar algunos de los artículos que consideramos inconstitucionales al TC, pero eso se verá en su momento”, aseguró.
Adicionalmente, según algunos dirigentes del oficialismo, el Gobierno no tendría descartada la posibilidad de presentar un veto al proyecto, en caso que avance sin modificaciones. En ese sentido, algunos avizoran que el Ejecutivo ingrese una indicación sustitutiva.
Imagen: Agencia ATON.
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