En la instancia, la ministra del Interior, Carolina Tohá, junto a la titular de Defensa, Maya Fernández, explicaron la iniciativa con la que el Ejecutivo busca elevar a rango legal las RUF para las labores de las policías y Fuerzas Armadas, dando cuenta de los cinco principios que se establecerán en el uso de la fuerza, además de las cuatro etapas en las que se empleará la misma.

Sin embargo, la oposición reiteró sus reparos al proyecto. El diputado UDI y presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Jorge Alessandri, afirmó que la propuesta de La Moneda no se ajusta a la nueva criminalidad y que, por el contrario, se asemeja a una moción parlamentaria ingresada por diputados del Frente Amplio en 2021 que, desde el punto de vista de la oposición, se basó sobre los problemas de orden público del estallido social.

“El Gobierno saca ideas de ahí que parecen algunas bastante lógicas para el contexto de orden público, pero el 2021 no le metían 120 balazos a un auto en Calama, en 2021 no le disparaban a Rita Olivares antes de que se bajara del auto, en 2021 no arrollaban al cabo Palma en un control policial. Chile está más violento y no hace falta escuchar al fiscal nacional, nos damos cuenta de las cifras. Por lo tanto, lo que hay que preguntarse también es si estas Reglas del Uso de la Fuerza están diseñadas para el Chile de hoy, si estas van a disuadir al delincuente”, cuestionó.

Asimismo, manifestó que “para mí las Reglas del Uso de la Fuerza tienen que lograr tres cosas: primero, disuadir al delincuente; segundo, dejarle muy claro que va a aplicar la fuerza legítima Carabineros y Fuerzas Armadas; y tercero, pensar en cómo las va a aplicar el fiscal, el juez”.

Desde el oficialismo, la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez, criticó los reparos de la oposición al tipo de proporcionalidad que plantea el proyecto.

En esa línea, comentó que “sin ir más lejos, (la moción) dice: el tipo y nivel de fuerza empleada deben en todo caso asegurar la superioridad del personal y resguardar su seguridad y la de terceros (…) Si vamos a tener un debate de altura de lo que la ciudadanía necesita en materia de seguridad, yo les pido, por favor, algo de responsabilidad en el tipo de argumentos que vamos a utilizar para estar legítimamente a favor o en contra de este proyecto”.

A su vez, la ministra del Interior descartó que la propuesta del Gobierno esté basada en la moción del Frente Amplio. “Este proyecto se presenta en virtud de un acuerdo de presentarlo. No se creó por petición de una parte de la alianza de Gobierno para hacerle contrapeso a (la Ley) Nain-Retamal, se creó por un acuerdo político entre todas las fuerzas, por petición especialmente de Carabineros y las Fuerzas Armadas” aseveró.

En ese sentido, afirmó que “esta versión pública de que esto es una especie de guiño al FA o al PC es claramente es falso. Este proyecto nace de un acuerdo y de una imposición de plazos que hizo la oposición. El plazo fue una condición para aprobar Infraestructura Crítica”.

Por tanto, la jefa de Gabinete instó a que “si tenemos diferencias sobre el proyecto, discutamos sobre el mérito del contenido del proyecto, en lugar de suponer que esto es para resolver un tema de las almas en el Gobierno”.

Además, relevó que “tenemos debate suficiente sobre el contenido del proyecto, no inventemos falsos debates, porque esa discordia a la opinión pública le da una sensación de caos, de diálogo de sordos, de que todo parecemos una manga de mentirosos y que no ayuda en nada a ir en respuesta a la sensación de temor”.

En relación al contenido del proyecto, Tohá aseguró que proporcionalidad no significa equivalencia en el uso de la fuerza. “Desde el punto de la definición del proyecto categóricamente no es equivalencia. Proporcional quiere decir que dos magnitudes guardan relación entre ellas, no que son idénticas, que hay una relación entre la fuerza a la que se está respondiendo y la manera en que se responde a ella, una relación y no una equivalencia ni una simetría. Es una relación donde se asegura la superioridad del Estado, lo dice explícitamente la definición”, sostuvo.

En tanto, sobre la racionalidad, la secretaria de Estado explicó que el proyecto apunta a “analizar la situación en la que se va aplicar estos principios y analizar integralmente los principios”.

En un punto de prensa posterior a la sesión, la ministra explicó que las Regla del Uso de la Fuerza radica en un marco general y que “después esa legislación se traduce en reglamentos y protocolos que son distintos para el control del orden público, por ejemplo, en la persecución de un delincuente o la actuación sobre una amenaza de bombas”.

“Cada uno de esos casos se traducen en reglamentos y protocolos diferenciados, que hoy día también existen, lo que pasa es que son de un rango muy inferior al que van a tener después de que esta ley sea aprobada”, añadió.