Este martes se llevará a cabo la formalización contra el ex general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, audiencia en la que se le imputarán los presuntos delitos omisivos de apremios ilegítimos en el marco del estallido social de 2019.
En conversación con la primera edición de Radionálisis, el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, afirmó que el Gobierno, al mantener a la máxima autoridad de la institución uniformada “por dos años y medio, no sólo no dio una buena señal, sino que dificultó el actuar de la Fiscalía”.
“El general Yáñez al final dijo que iba a usar su legitimo derecho a guardar silencio como cualquier imputado, pero siete veces antes declaró que si iba a concurrir hablar ante el Ministerio Público, pero se excuso por razones personales, como por ejemplo, que tenía que ir al dentista, y en otros casos por sus funciones institucionales. Por ello, no se le pudo tomar declaraciones durante años”, añadió.
En ese sentido, el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile hizo hincapié en que “esta investigación se ha dilatado también por la falta de colaboración del exgeneral Yáñez, mientras el estaba ejerciendo su cargo. Además, en enero, cuando ya se hizo público que se iba a realizar esta formalización, el exgeneral recibía, por ejemplo, en su oficina institucional a parlamentarios para que le fueran a brindar apoyo. Por lo tanto, utilizaba su despacho y su tiempo como carabinero para cuestiones vinculadas a su estrategia comunicacional relacionada con la defensa“.
“El Gobierno fue laxo con todo esto. Además, también planteó que era prudente que se pudiera suspender la audiencia en mayo, cuando se cometió el deleznable asesinato de tres carabineros. Y cuando uno habla de que las instituciones funcionan, bueno si realmente funcionaran no debería suspenderse una audiencia por graves violaciones a los derechos humanos o por un crimen cometido contra carabineros por más grave o reprochable que sea, que nada tiene que ver con esas otras audiencias”, enfatizó.
Respecto de las imputaciones contra el general director de Carabineros, Rodrigo Bustos explicó que cuando se habla de la responsabilidades de mando, hay que tener en cuenta tres elementos importantes.
“Uno, que haya capacidad organizativa, que haya una estructura institucional donde en el fondo los mandos, si es que toman decisiones tienen la expectativa de que esas se van a cumplir. Y desde nuestra organización y otras, se pudo documentar muy claramente que durante los meses del estallido las diversas decisiones que adoptaron modos estratégicos como los tres exgenerales que van a estar mañana en el tribunal para iniciar la formalización u otros mandos operativos, las decisiones que iban tomando, se iban cumpliendo, más aún recordemos que se trata de una institución jerarquizada de naturaleza militar, eso es Carabineros de Chile”, detalló.
Asimismo, el director ejecutivo de Amnistía Internacional describió que: “Además de esta capacidad organizativa y subordinación, el segundo elemento es el conocimiento de los hechos y aquí hay muchísima documentación. A mi me alegra que la ciudadanía la vaya a conocer en los próximos días, respecto de tanto fuentes abiertas como la Fiscalía o el INDH que entregaron muchos antecedentes sobre los altos mandos de Carabineros respecto de ciertas practicas, más la información que se fue obteniendo también por fuentes internas”.
“Tercero, haber omitido medidas ante ese cumulo de información que tenían. Por ejemplo, el 28 de octubre de 2019 un subprefecto ordenó a sus radios patrullas dejar de utilizar la escopeta antidisturbios, ese documento está, existe. Lo que hizo el director de Carabineros de entonces, Mario Rosas, fue el día siguiente enviar otro comunicado para revertir éste y dejar en claro que podían y debían seguir utilizando la escopeta antidisturbios, cuando ya después de 10 días habían muchísimas alertas, documentación, evidencia, de que estaban generando daños importantes, de lesiones oculares y otros por la forma en que se utilizaban”, agregó.
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