La comisión investigadora por el caso Sename responsabilizó políticamente a Javiera Blanco por la crisis institucional que se destapó durante su gestión. El documento sostiene que el accionar de la ex ministra de Justicia fue “negligente e inexcusable”, al no tomar las acciones necesarias para proteger a los niños y niñas que viven bajo el alero de la institución.
En el texto, votado por doce parlamentarios a favor y uno en contra, afirma que “las autoridades del Servicio (así como las del Ministerio de Justicia) desconocen que el Estado de Chile desde la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño hace más de 20 años, está obligado a tomar ‘todas las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos del niño y para protegerlos de toda forma de maltrato'”, concluyendo que las autoridades a cargo tenían los instrumentos y facultades legales para ejercer de “manera activa, eficaz y oportuna los deberes de supervigilancia de los programas institucionales que la ley establece”.
El texto no es el único que une a Blanco con los cuestionamientos a la institución. Hace algunos días, la abogada declaró ante el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, donde entregó su versión (en calidad de testigo) por los decesos de niños y adolescentes en los centros de la institución, investigación iniciada luego de la muerte de Lissette Villa en abril de 2016.
Pero sus problemas no se circunscriben a la situación del Servicio Nacional de Menores. En las últimas horas, Blanco ha debido enfrentar críticas por los presuntos sobresueldos obtenidos desde Carabineros cuando era subsecretaria de la institución.
Según se informó en el diario La Tercera, siete altos oficiales habrían reconocido el uso irregular de gastos reservados, situación en la que estaría involucrada la abogada, quien habría recibido aportes reservados por más de $25 millones de pesos entre 2006 y 2009.
En este caso, Javiera Blanco nuevamente declaró como testigo, esta vez ante el fiscal Eugenio Campos.
Reacciones políticas
Desde Chile Vamos piden que Javiera Blanco suspenda sus labores en el Consejo de Defensa del Estado. Incluso, hay quienes solicitan la salida de la ex ministra.
El presidente de RN, Cristián Mönckeberg, emplazó a la ex ministra, recordando su llegada al CDE, la que no estuvo exenta de polémica.
“Partimos con el principio de inocencia (…) pero en paralelo entendemos que Javiera Blanco formando parte del Consejo de Defensa del Estado y con el nivel de cuestionamiento al cual se está llegando, lo menos que correspondería es que suspenda el ejercicio de funciones hasta que se esclarezca las investigaciones que se están llevando adelante”, manifestó.
En tanto, su par, Marcela Sabat insistió en que “la crisis del Sename se profundizó durante la gestión de Blanco”. La diputada también acusó al Gobierno de “blindar a todas las autoridades”, lamentando que se excluyeran las responsabilidades de Marcela Labraña y Solange Huerta, ambas directoras de la institución.
Por su parte, la diputada comunista Camila Vallejo pidió no centrarse en la figura de la ex ministra, y llamó a sus pares a concebir la crisis como una responsabilidad de todo el Estado: “Entiendo que algunos puedan resentir que solo se señalen responsabilidades políticas de esta administración; también entiendo que el informe es insuficiente, pero esto no es un gallito: hay que pensar en el bien superior de niños, niñas y adolescentes. Dejar de lado los nombres, centrarse en la responsabilidad del Estado que es transversal a todos los partidos políticos”.
La parlamentaria recordó que falta la votación del pleno de la Cámara, la que podrá ratificar o no el informe emanado desde la comisión investigadora Sename, el que pone a Javiera en el blanco de las críticas (otra vez).
La comisión investigadora por el caso Sename responsabilizó políticamente a Javiera Blanco por la crisis institucional que se destapó durante su gestión. El documento sostiene que el accionar de la ex ministra de Justicia fue “negligente e inexcusable”, al no tomar las acciones necesarias para proteger a los niños y niñas que viven bajo el alero de la institución.
En el texto, votado por doce parlamentarios a favor y uno en contra, afirma que “las autoridades del Servicio (así como las del Ministerio de Justicia) desconocen que el Estado de Chile desde la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño hace más de 20 años, está obligado a tomar ‘todas las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos del niño y para protegerlos de toda forma de maltrato'”, concluyendo que las autoridades a cargo tenían los instrumentos y facultades legales para ejercer de “manera activa, eficaz y oportuna los deberes de supervigilancia de los programas institucionales que la ley establece”.
El texto no es el único que une a Blanco con los cuestionamientos a la institución. Hace algunos días, la abogada declaró ante el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, donde entregó su versión (en calidad de testigo) por los decesos de niños y adolescentes en los centros de la institución, investigación iniciada luego de la muerte de Lissette Villa en abril de 2016.
Pero sus problemas no se circunscriben a la situación del Servicio Nacional de Menores. En las últimas horas, Blanco ha debido enfrentar críticas por los presuntos sobresueldos obtenidos desde Carabineros cuando era subsecretaria de la institución.
Según se informó en el diario La Tercera, siete altos oficiales habrían reconocido el uso irregular de gastos reservados, situación en la que estaría involucrada la abogada, quien habría recibido aportes reservados por más de $25 millones de pesos entre 2006 y 2009.
En este caso, Javiera Blanco nuevamente declaró como testigo, esta vez ante el fiscal Eugenio Campos.
Reacciones políticas
Desde Chile Vamos piden que Javiera Blanco suspenda sus labores en el Consejo de Defensa del Estado. Incluso, hay quienes solicitan la salida de la ex ministra.
El presidente de RN, Cristián Mönckeberg, emplazó a la ex ministra, recordando su llegada al CDE, la que no estuvo exenta de polémica.
“Partimos con el principio de inocencia (…) pero en paralelo entendemos que Javiera Blanco formando parte del Consejo de Defensa del Estado y con el nivel de cuestionamiento al cual se está llegando, lo menos que correspondería es que suspenda el ejercicio de funciones hasta que se esclarezca las investigaciones que se están llevando adelante”, manifestó.
En tanto, su par, Marcela Sabat insistió en que “la crisis del Sename se profundizó durante la gestión de Blanco”. La diputada también acusó al Gobierno de “blindar a todas las autoridades”, lamentando que se excluyeran las responsabilidades de Marcela Labraña y Solange Huerta, ambas directoras de la institución.
Por su parte, la diputada comunista Camila Vallejo pidió no centrarse en la figura de la ex ministra, y llamó a sus pares a concebir la crisis como una responsabilidad de todo el Estado: “Entiendo que algunos puedan resentir que solo se señalen responsabilidades políticas de esta administración; también entiendo que el informe es insuficiente, pero esto no es un gallito: hay que pensar en el bien superior de niños, niñas y adolescentes. Dejar de lado los nombres, centrarse en la responsabilidad del Estado que es transversal a todos los partidos políticos”.
La parlamentaria recordó que falta la votación del pleno de la Cámara, la que podrá ratificar o no el informe emanado desde la comisión investigadora Sename, el que pone a Javiera en el blanco de las críticas (otra vez).
La comisión investigadora por el caso Sename responsabilizó políticamente a Javiera Blanco por la crisis institucional que se destapó durante su gestión. El documento sostiene que el accionar de la ex ministra de Justicia fue “negligente e inexcusable”, al no tomar las acciones necesarias para proteger a los niños y niñas que viven bajo el alero de la institución.
En el texto, votado por doce parlamentarios a favor y uno en contra, afirma que “las autoridades del Servicio (así como las del Ministerio de Justicia) desconocen que el Estado de Chile desde la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño hace más de 20 años, está obligado a tomar ‘todas las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos del niño y para protegerlos de toda forma de maltrato'”, concluyendo que las autoridades a cargo tenían los instrumentos y facultades legales para ejercer de “manera activa, eficaz y oportuna los deberes de supervigilancia de los programas institucionales que la ley establece”.
El texto no es el único que une a Blanco con los cuestionamientos a la institución. Hace algunos días, la abogada declaró ante el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, donde entregó su versión (en calidad de testigo) por los decesos de niños y adolescentes en los centros de la institución, investigación iniciada luego de la muerte de Lissette Villa en abril de 2016.
Pero sus problemas no se circunscriben a la situación del Servicio Nacional de Menores. En las últimas horas, Blanco ha debido enfrentar críticas por los presuntos sobresueldos obtenidos desde Carabineros cuando era subsecretaria de la institución.
Según se informó en el diario La Tercera, siete altos oficiales habrían reconocido el uso irregular de gastos reservados, situación en la que estaría involucrada la abogada, quien habría recibido aportes reservados por más de $25 millones de pesos entre 2006 y 2009.
En este caso, Javiera Blanco nuevamente declaró como testigo, esta vez ante el fiscal Eugenio Campos.
Reacciones políticas
Desde Chile Vamos piden que Javiera Blanco suspenda sus labores en el Consejo de Defensa del Estado. Incluso, hay quienes solicitan la salida de la ex ministra.
El presidente de RN, Cristián Mönckeberg, emplazó a la ex ministra, recordando su llegada al CDE, la que no estuvo exenta de polémica.
“Partimos con el principio de inocencia (…) pero en paralelo entendemos que Javiera Blanco formando parte del Consejo de Defensa del Estado y con el nivel de cuestionamiento al cual se está llegando, lo menos que correspondería es que suspenda el ejercicio de funciones hasta que se esclarezca las investigaciones que se están llevando adelante”, manifestó.
En tanto, su par, Marcela Sabat insistió en que “la crisis del Sename se profundizó durante la gestión de Blanco”. La diputada también acusó al Gobierno de “blindar a todas las autoridades”, lamentando que se excluyeran las responsabilidades de Marcela Labraña y Solange Huerta, ambas directoras de la institución.
Por su parte, la diputada comunista Camila Vallejo pidió no centrarse en la figura de la ex ministra, y llamó a sus pares a concebir la crisis como una responsabilidad de todo el Estado: “Entiendo que algunos puedan resentir que solo se señalen responsabilidades políticas de esta administración; también entiendo que el informe es insuficiente, pero esto no es un gallito: hay que pensar en el bien superior de niños, niñas y adolescentes. Dejar de lado los nombres, centrarse en la responsabilidad del Estado que es transversal a todos los partidos políticos”.
La parlamentaria recordó que falta la votación del pleno de la Cámara, la que podrá ratificar o no el informe emanado desde la comisión investigadora Sename, el que pone a Javiera en el blanco de las críticas (otra vez).
