Organizaciones vinculadas a los Derechos Humanos defendieron las declaratorias de monumentos nacionales para el Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, en Neltume, y la Villa San Luis, en Las Condes.

Representantes de los propios sitios de memoria junto con agrupaciones de víctimas de la dictadura rechazaron los intentos por revocar las resoluciones, atendiendo, según ellos, los criterios que desconocen el valor histórico y patrimonial de dichos espacios.

Recodemos que en caso del Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, senadores de la UDI, como, por ejemplo, Enna Von Baer, han criticado a este sitio de memoria por estar relacionado con el MIR. Pidiendo, además, revisar la declaratoria de Monumento Nacional otorgada el pasado 26 de junio.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, denunció que a partir del negacionismo por los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura, se suma esta tendencia de sectores políticos de derecha para eliminar espacios simbólicos de reflexión y vida.

“Las amenazas a ambos recintos son parte de una política sistemática de negación. Los sitios de memoria entregan vida, esperanza, pero también reflexión, antecedentes e historia a las futuras generaciones. Por eso aquí hay situaciones que no son al azar sobre lo que está pasando con Villa San Luis y Neltume”, afirmó.

Al respecto, la representante de la Casa de la Memoria y los Derechos Humanos de Valdivia, Ida Sepúlveda, denunció que además del trasfondo político, existen influyentes empresarios interesados en conseguir estos terrenos para construir costosos proyectos inmobiliarios.

“Sin memoria nosotros no podemos hacer historia, uno ve cómo los jóvenes se interesan en conocer esta parte tan dolorosa e importante de nuestras vidas, y aquí no se crea resentimiento, sino que uno quiere que conozcan la historia de lo que ocurrió”, argumentó.

En el caso de Villa San Luis, en Las Condes, informaron que harán entrega de un reciente informe técnico estructural, donde se comprueba que uno de los bloques de viviendas que intentaron ser demolidos, está en condiciones para ser protegido por la normativa que rige a este tipo de sitios de significación histórica.

Para el Premio Nacional de Arquitectura 2019, y uno de los impulsores de este proyecto habitacional, Miguel Lawner, esto se confronta con un estudio similar encargado por la propia empresa inmobiliaria propietaria del sector, donde se argumenta que la estructura se encuentra en condiciones irrecuperables.

Las organizaciones vinculadas a los Derechos Humanos, ejecutados políticos y sitios de memoria, hicieron un llamado al propio Consejo de Monumentos Nacionales y congresistas, para que respeten los dictámenes emanados desde el Ejecutivo, y levantados desde la sociedad civil en su lucha contra la impunidad y el olvido.