Este viernes 17 de octubre arrancará el pago de la primera cuota de la reparación de la denominada deuda histórica. Un perjuicio económico que afectó a miles de docentes del país durante la década de los 80 —y en plena dictadura civil-militar— como consecuencia del traspaso administrativo de la educación pública desde el Estado a los municipios, y que este 2025 beneficiará a un total de 57 mil 560 profesoras y profesores.
Acuerdo que implica el cumplimiento de uno de los principales compromisos del actual Gobierno, y que fue aceptado por el gremio a través de un plebiscito. Y aunque se trata de un monto que no necesariamente responde al total de lo adeudado por parte del Estado, sí es observado por las partes como un gesto de justicia que, principalmente, reconoce la existencia de este agravio.
“Creo que responde a una herida, a un dolor muy profundo del sistema educacional”, expresó la subsecretaria de Educación Alejandra Arratia en conversación con la primera edición de Radioanálisis. “Por un lado, quisiera poner en perspectiva que se trata de una deuda que es, en parte, económica. De hecho, lo que estamos haciendo es ofrecer una solución a la deuda histórica, pero no pagar todo lo que fue. Lo que se hace aquí es reconocer que hubo un daño, porque lo que hay detrás de esto no es solo lo económico, sino el poco reconocimiento, la injusticia que hay en la base. Eso es lo doloroso”.
“Como dice muchas veces incluso el presidente del Colegio de Profesores, esto no es justicia completa. No es que se repare y se entregue todo lo que se debía, pero sí es un acto de justicia, un avance que ellos valoran”, añadió la subsecretaria.
En términos concretos, la autoridad explicó que se trata de un monto total de 4 millones 500 mil pesos que será cancelado en dos cuotas de 2 millones 250 mil. “Se les va a entregar a todos los que se encuentran vivos y que cumplen con los requisitos de la ley, que en resumidas cuentas son demostrar que fueron traspasados, que no recibieron una reparación y que no tienen juicios pendientes”, detalló sobre las condiciones acreditadas por las y los docentes beneficiados.
“El grupo que vamos a comenzar a pagar este año son 16 mil 560. El primer pago comienza el día de mañana y hasta el 22 de octubre se irán haciendo las transferencias”, precisó la subsecretaria.
Por otro lado, Arratia recordó que el Ministerio de Educación cuenta con una plataforma para canalizar dudas: “Tenemos un sitio web en el que se puede encontrar toda esta información, y que es soluciondeudahistorica.mineduc.cl. Hay que ingresar a la plataforma para revisar el estado del trámite”.
Sobre el proceso de análisis, también recordó que “la ley definió un grupo de 57 mil 560 docentes beneficiarios, además de un periodo para que quienes no estuvieran en ese registro pudieran ingresar sus datos. Los docentes han ingresado sus datos a lo largo del año. Hicimos un punto de corte y analizamos toda la información, porque los requisitos —como mencioné— se iban incorporando en una plataforma. Ahora, las y los docentes pueden ingresar y revisar el estado de su postulación”.
“Hay varias opciones. Una, que diga que cumple con los requisitos establecidos en la ley, lo que significa que su postulación fue verificada y será incorporado en alguno de los siguientes listados; otra, que diga que es beneficiario, lo que significa que ya está incorporado oficialmente mediante una resolución exenta que acredita el cumplimiento de los requisitos. Esto es importante porque la ley también definió un principio de transmisibilidad, es decir, que los beneficios son heredables en caso de fallecimiento del beneficiario“, añadió la autoridad.
“Otra opción es el ‘beneficiario con cupo anual‘, que significa que el docente cumple los requisitos y tiene un cupo en el pago que comienza mañana, correspondiente al corte de 2025. Otra posibilidad es ‘en proceso’, para quienes realizaron su postulación en el plazo indicado, pero cuya tramitación está a la espera de validar algunos antecedentes (por ejemplo, desistimientos de juicios u otros documentos en revisión). Finalmente, hay un grupo más pequeño de personas rechazadas, que lamentablemente no cumplen los requisitos establecidos en la ley”, cerró la subsecretaria.
