La tensión entre los trabajadores de la salud y el Gobierno de José Antonio Kast sigue escalando. Esta vez, el presidente de la Fenats Nacional (Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud), Emerson Berríos, encendió las alarmas frente a las drásticas consecuencias operativas y humanas que ya están generando los recortes presupuestarios en la red hospitalaria y la atención primaria de todo el país.
Para el dirigente sindical, el escenario que enfrentan los recintos médicos dejó de ser una proyección pesimista y se transformó en una realidad crítica que se vive a diario en los pasillos. “Esta medida la categorizamos como gravísima e irresponsable por parte del Gobierno”, afirmó Berríos, desestimando de plano el relato oficial que intenta minimizar la magnitud de la contención del gasto.
Según su análisis, la reducción ordenada por el Ministerio de Hacienda esconde un diseño mucho más profundo. “No estamos frente a un simple ajuste contable, sino ante una decisión política que va a golpear directamente la capacidad de atención en salud pública“, sentenció Berríos, acusando sin rodeos al Ejecutivo de empujar a la red asistencial a una “crisis terminal” que pone en riesgo a la población más vulnerable.
El impacto del Decreto 333: Colapso anticipado y estabilidad laboral en jaque
El epicentro del conflicto es la aplicación del Decreto 333, que impone una reducción de 413 mil millones de pesos en el sector, afectando transversalmente a hospitales, Fonasa y prestaciones institucionales. Berríos fue categórico en desmitificar el relato oficial: “Cuando se recortan recursos en salud, no se recorta en burocracia; se recortan medicamentos, insumos, reemplazos, obras clínicas y la capacidad de respuesta para más de 15 millones de personas”.
El diagnóstico financiero del gremio es lapidario. La salud pública arrastra una deuda estructural que supera los 516 mil millones de pesos. Si históricamente los hospitales se quedaban sin liquidez entre octubre y noviembre, Berríos proyecta un escenario aún más oscuro con este tijeretazo del 2,5%: “Lo más probable es que en agosto nos quedemos sin recursos económicos para seguir dando atención, poniendo en peligro incluso la vida de los pacientes”.
Más allá de los insumos, la crisis golpea directamente el empleo público. En la práctica, esto ya se está traduciendo en la suspensión de horas extras y el freno a las suplencias para cubrir licencias médicas, aumentando dramáticamente la sobrecarga laboral. A esto, Berríos explica que se suma el Ordinario N°12 emanado desde el Ministerio de Hacienda, el cual detuvo de golpe todos los concursos de ingreso a la planta titular. La situación ya cobra sus primeras víctimas en recintos como el Hospital de Maipú, donde denuncian despidos de trabajadores a honorarios, e instala el temor de cara a noviembre, mes clave en que se negocia la renovación anual de miles de contratas.
El fantasma de la privatización y la advertencia de un paro nacional
Para la Fenats, esta asfixia económica no es un error de cálculo, sino un diseño político intencionado. “Hay una política de exigir y querer debilitar lo público. Creemos que este es un paso que está mostrando el Gobierno para entregarle nuestros recursos a la privatización”, disparó el dirigente gremial.
Ante lo que consideran una ofensiva directa contra el sistema estatal, los trabajadores han comenzado a articular un amplio bloque de resistencia. La Fenats Nacional ya inició coordinaciones con el Colegio Médico, organizaciones de usuarios como Ancosalud, alcaldes y parlamentarios, logrando que la Comisión de Salud del Senado rechazara de forma unánime el recorte impuesto por el Ejecutivo.
Las primeras señales de malestar ya se evidenciaron con manifestaciones en el Hospital Sótero del Río, pero el gremio advierte que es solo el inicio. Actualmente, la Fenats se encuentra en “estado de alerta”, a la espera de que los ministerios de Salud y Hacienda reviertan la medida. De no haber retrocesos, Berríos fue claro sobre los próximos pasos: “No descartamos movilizarnos a nivel nacional, desde Iquique hasta Puerto Williams. Si el Gobierno quiere llevar a la red a una crisis terminal, nos va a encontrar organizados y movilizados”.
