La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, logró conseguir mayoría en el tribunal, para abrir un total de 56 cuadernos de remoción respecto a jueces que viajaron al extranjero mientras se encontraban con licencia médica.
La revisión de los casos comenzó la semana pasada e implicó cuatro plenos de la Corte, dos ordinarios y dos extraordinarios. En total, se revisaron los sumarios de 104 jueces, de los cuales solo 15 provenían de apelaciones. Es decir, de magistrados que fueron sancionados por sus respectivas cortes y que elevaron sus procesos a la Suprema con la idea de rebajar sus castigos. Todo el resto eran jueces sobreseídos o absueltos.
La encargada de comunicar la decisión fue la propia ministra Chevesich, quien recalcó que se basaron en el artículo 80 de la Constitución -sobre la permanencia y cese de funciones de miembros del poder judicial- y no en los sumarios previos.
“La Corte Suprema tiene la obligación de velar por el cuidado del Poder Judicial, por su legitimidad ante una sociedad democrática de derecho, ante malas conductas que afectan su imagen, deterioran su estatura moral, degradan su credibilidad o alimentan el desprestigio de la judicatura”, sostuvo.
El pleno de la Corte Suprema acordó no revelar la identidad de los 56 jueces que ahora se encuentran con un cuaderno de remoción abierto. Sin embargo, algunos nombres fueron publicados por el medio La Tercera, e incluyen a la presidenta de la Corte de La Serena, Gloria Negroni, a la ministra de la Corte de Santiago, Danai Hasbún, al ministro de la Corte de Arica, José Delgado.
Quien también está en el listado es el juez del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, quien se encuentra a cargo del proceso en contra del exdiputado Joaquín Lavín León.
El magistrado ha sido investigado por dos licencias médicas. Una en la que viajó a Costa Rica en 2020 y otra en la que viajó a Ecuador en 2022. Por el primer hecho fue sobreseído y por el segundo -en una reñida votación- fue absuelto, ya que una parte del pleno consideró que la falta estaba prescrita.
Una vez conocida la decisión de la Corte Suprema el abogado de Urrutia, Carlos Quezada, expresó que era “algo que esperábamos”. “La presión mediática y política era tremenda. Es una resolución de la Suprema, no nos gusta, pero hay que acatarla. Yo no creo que la situación amerite una remoción del Poder Judicial. Los principios de proporcionalidad deben ser respetados. No creo que el magistrado Urrutia haya atentado contra la imagen del Poder Judicial por esta situación”, indicó.
