Las posturas frente la acción acusatoria que se tramita en el Parlamento continúan dividiendo de forma transversal a las fuerzas políticas. El diputado y jefe de la bancada de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, anunció de manera pública que votará en contra de la acusación constitucional que sectores oficialistas levantaron en contra del exministro de Economía y de Hacienda del gobierno de Gabriel Boric, Nicolás Grau.
Durante una entrevista concedida al programa dominical Mesa Central de Canal 13, el legislador opositor sinceró que la decisión no será individual, asegurando que existirá un grupo de parlamentarios de su sector que optará por desmarcarse de la ofensiva judicial y rechazar el libelo en la sala de la Cámara. El representante gremialista fundamentó su postura argumentando la necesidad de poner freno a la constante parálisis que afecta a la agenda legislativa producto de las disputas partidarias.
A pesar de su decisión de no respaldar la destitución o inhabilitación de la exautoridad, Schalper no escatimó en reparos hacia el desempeño del equipo económico del anterior Ejecutivo. El parlamentario calificó la administración financiera de dicho período como desastrosa, planteando que es un diagnóstico que nadie discute y que, a su juicio, ya recibió la sanción política correspondiente cuando el 58% de la ciudadanía rechazó la continuidad de ese proyecto político en las urnas.
Sin embargo, el jefe de la bancada de RN enfatizó que mantiene una cruzada personal orientada a terminar con la indolencia institucional de destinar meses de trabajo legislativo a este tipo de recursos jurídicos. El diputado advirtió que transformar la acusación constitucional en una herramienta fija de la guerrilla permanente y de la polarización parlamentaria termina dañando la gestión pública, asegurando que, al final del camino, son los sectores más vulnerables de la población los que terminan pagando los costos de la inacción política.
La propuesta para endurecer requisitos y el balance de meses perdidos
Para evitar la proliferación de estos recursos, el legislador se refirió en detalle a una propuesta de reforma constitucional en trámite que busca elevar de forma significativa las exigencias y los quórums para activar juicios políticos contra ministros de Estado. Schalper argumentó que es urgente corregir una normativa actual que considera a todas luces insuficiente. En términos técnicos, la modificación plantea los siguientes ejes:
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Aumento de patrocinios: Subir de diez a veinte el mínimo de firmas parlamentarias requeridas para ingresar formalmente una acusación a la oficina de partes del Congreso.
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Aumento de quórum: Establecer un piso obligatorio de 78 votos a favor en la sala para lograr la aprobación del libelo acusatorio.
Para graficar el impacto de la actual regulación, el diputado de Renovación Nacional realizó un balance estadístico sobre el uso de este mecanismo durante los últimos años, revelando que se han presentado cerca de treinta acusaciones contra diversas figuras políticas. Al sumar los diez días desde su anuncio, los diez días fijados para la tramitación de las comisiones y los seis días destinados a los descargos de la defensa, Schalper denunció que el Parlamento ha perdido casi treinta meses de trabajo, lo que equivale prácticamente a un tercio del tiempo de gestión de los dos últimos gobiernos. “Hay que dejar atrás esta temporada de acusaciones constitucionales”, cerró el líder de la bancada opositora.






