A dos semanas del plebiscito, especialistas en la materia consideraron que de aprobarse el texto “incorporará a Chile en los estándares mundiales más altos” y que le permitirá “para avanzar hacia una sociedad más justa, democrática y sostenible”.
Los legisladores Ximena Rincón y Matías Walker plantearon como importante aprender de los errores cometidos por la Convención e insistieron al Gobierno poner discusión inmediata al proyecto que permite continuar con el proceso constituyente.
Entre las acciones solicitadas destaca la restitución del Banco de Huellas Genéticas para la búsqueda de familiares y la creación de una mesa intersectorial. Además, acusaron una falta de voluntad política por parte de la anterior administración.
El presidente de la Corporación, Raúl Soto, mencionó que ante las denuncias por parte de parlamentarios republicanos “cuando se pone en cuestionamiento la institucionalidad electoral, lo que se hace es poner en riesgo el sostén de la democracia”.
Esto, luego que la abogada cuestionara en duros términos el proceso constituyente y calificara como “una estupidez” la paridad. “Llamamos a todas las mujeres del país a unirnos y afirmar estas conquistas”, instaron en una declaración pública.
El economista y ex decano de la FEN de la Universidad de Chile acusó un proceso constituyente “viciado” y aseguró que “no existe en el mundo una experiencia exitosa donde se borró todo y se empezó todo de nuevo”.
Según dijo la vocera del máximo tribunal, Ángela Vivanco, la resolución abarca a todos los afiliados por tratarse de un aumento que no “refiere a personas determinadas, sino que es general” y que con esto buscan evitar la “extrema judicialización.
El jefe de Estado defendió el rol de la institucionalidad, luego de una nueva publicación del diputado republicano, Gonzalo de la Carrera, en la que insistió sobre sus cuestionamientos ante un posible fraude electoral.
Esto, luego que el parlamentario realizara una publicación en redes sociales en la que se burló a propósito de la aparición de víctimas de la dictadura en el padrón electoral.
La directora del DTPM, Paola Tapia, indicó que el plan consistirá en dos ejes enfocados en el reforzamiento de los recorridos hacia los locales de votación y los desvíos, el cual contará con una campaña comunicacional para informar a la ciudadanía.
En particular, apuntaron que se está construyendo una idea “equivocada” respecto de los objetivos de esta política pública y enfatizaron en que el foco para enfrentar ilícitos es fortaleciendo los mecanismos de persecución del crimen organizado.
Mediante una declaración pública defendieron el rol del Gobierno en el proceso y defendieron la necesidad de garantizar a la ciudadanía un voto libre e informado.
A días del plebiscito de salida, la legisladora detalló una serie de ataques que ha sufrido la sede de la AFDD y acusó de “ignoracia” a parlamentario republicano por oficio enviado al Servel para aclarar figuración de víctimas en el padrón electoral.
La iniciativa busca “establecer el carácter público de los documentos, testimonios y antecedentes” proporcionados por las víctimas de la dictadura. “No hay sociedad sana que se construya protegiendo a genocidas”, expresó la diputada Lorena Pizarro.
Desde el comando por dicha opción informaron haber llegado a la mitad de la meta de la gira nacional que busca llegar a los dos millones de casas que apoyan la nueva constitución, la cual seguirá expandiéndose durante los próximos días.
El economista defendió que la propuesta “mejora el capital asociado a los trabajadores”. Además, dijo que con respecto al apoyo de figuras de la ex Concertación al Rechazo “esas personas hace algún tiempo dejaron de pertenecer a la centroizquierda”.
A horas de que la Corporación se pronuncie sobre la iniciativa, siguen en duda los 26 respaldos que se requieren para continuar su tramitación en el Congreso. Por lo que dijeron esperar que el Gobierno pueda hacer “gestiones de última hora”.
