La extitular del Colegio Médico y jefa de campaña del presidente electo calificó el encuentro como “bastante cordial” y planteó entre las propuestas abordadas la instalación de una Mesa Nacional del Litio. En tanto, diputados de oposición presentaron un proyecto para suspender el proceso de adjudicación del mineral.
Desde el Partido Socialista insistieron en la postergación del proceso de licitación de las 400.000 toneladas del mineral y adelantaron acciones en el Congreso para evitar eventuales conflictos entre gobiernos saliente y entrante.
Esto, puesto que para los parlamentarios permitiría un debate “más razonable”. De todos modos, proyectaron un escenario favorable para el avance de la iniciativa en la Cámara Alta.
La economista y académica de la Universidad Adolfo Ibáñez recalcó que el proyecto de financiamiento de la Pensión Garantizada Universal no contempla ingresos permanentes y que obligaría al próximo gobierno de Gabriel Boric a endeudarse.
Por otra parte, el ministro de Salud, Enrique Paris, rechazó las declaraciones de la expresidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, quien catalogó como “un error” haber terminado con las cuarentenas en el contexto de viajes internacionales.
La convencional por el Distrito 12 detalló los desafíos que tendrá que enfrentar la nueva Mesa directiva de cara al segundo tiempo de la Convención y calificó como “un argumento injusto” la crítica de distintos sectores que se muestran contrarios a una eventual presidencia del Frente Amplio.
La constituyente por el Distrito 4 insistió en la necesidad terminar con la privatización y de redistribuir este elemento vital en los territorios. Además, dijo esperar que la Convención apruebe la propuesta de norma constitucional que garantiza su acceso.
Sin embargo, descartaron que medidas como la apertura del paso fronterizo Los Libertadores, pueda tener una mayor incidencia en los contagios, siempre y cuando se mantenga una fiscalización estricta y las personas cumplan con el proceso de vacunación.
El diputado PS e integrante de la comisión de Hacienda puso en duda el avance de la iniciativa que establece el mecanismo con el que se costeará la Pensión Básica Universal y dijo que para hacerlo viable requiere de una modificación a la reforma tributaria.
La alcaldesa Irací Hassler comunicó la compra de nuevos camiones recolectores, contratación de personal adicional y normalización de la deuda de arrastre con la empresa de mantenimiento. Además, informó la reanudación del servicio a partir de las 17:00 horas.
El experto en gestión de emergencias destacó la importancia del fortalecimiento de instituciones locales, tales como municipios y gobernaciones regionales, para el manejo de los siniestros y la recuperación del bienestar de las comunidades afectadas.
La ACHIPEM cuestionó el abandono institucional del Estado y reclamó reivindicar los derechos de los adultos mayores. En tanto, expertos apuntaron al fortalecimiento de políticas públicas socio-sanitarias y combatir el estigma en torno a la vejez.
Esto, luego que un grupo de economistas señalaran en una carta a El Mercurio que la estrategia del Gobierno es “peligrosa” y que “es urgente fusionar ambos proyectos”. En tanto, el Gobierno aseveró que sí están los recursos para llevar adelante la iniciativa.
La autoridad dijo que el siniestro está contenido y que se aplicarán ayudas similares a las de Castro, tras el incendio que afectó al lugar a principios de diciembre. Mientras la ministra de Agricultura, Emilia Undurraga, instó a la comunidad a coordinarse para enfrentar las llamas.
Luego que el líder de la CPC confirmara su intención de comprar un medio, la académica de la Universidad de Chile consideró que, de concretarse, supondría la continuidad de la sobrerrepresentación empresarial en menoscabo de otros actores sociales.
El beneficio irá dirigido a los vecinos de las municipalidades asociadas a la entidad, quienes podrán acceder a una rebaja de hasta $7.000 pesos en caso de comprar galones de 5, 11, 15 y 45 kilos a partir de enero de 2022.
En una misiva enviada al consejo del organismo responsabilizaron al director de la crisis de legitimidad del instituto y de esconder datos que develarían la sistematicidad de las violaciones a los derechos humanos en el marco del estallido social.
