El proyecto “Acompaña Hoy”, de la Vicaría Social de Pastoral Caritas, comprende la apertura de un lugar para que estas familias puedan dejar a sus hijos mientras buscan trabajo durante el día.
Un informe preliminar elaborado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos expone varias condiciones deficientes en algunos de estos centros, que tienen problemas para mantener su infraestructura y ofrecer alimentos y vestimentas adecuadas.
Manfredo Jurgensen Caesar fue condenado por los tribunales chilenos por el asesinato de un profesor militante del MIR en 1979. La justicia chilena pidió a su par de Argentina la extradición del exagente del organismo represivo.
El presidente de la Fundación para la Confianza consideró que el artículo del anteproyecto constitucional es “absurdo e innecesario”. Según Murillo, las personas que son protegidas durante su infancia, naturalmente respetan a sus progenitores.
Más de 100 piezas, entre fotografías, afiches y materiales utilizados para su producción, componen las dos exposiciones que inaugura este 7 de junio el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en el marco de los 50 años del golpe de Estado.
De acuerdo a la diputada del Partido Comunista, el objetivo la inciativa es evitar la justificación de las violaciones a los derechos humanos: “Todos estamos de acuerdo que en que se vulneraron, pero otra cosa es incitar al odio o relativizar”.
Con el objetivo de dialogar y reflexionar sobre estas temáticas en torno a los hitos conmemorativos del golpe cívico-militar, las jornadas se dividirán en tres foros que se desarrollarán el primer lunes de cada mes.
El tribunal de alzada capitalino ratificó la decisión de resarcir a los familiares de los empleados de la entonces compañía estatal debido a que se trata de delitos imprescriptibles según el derecho internacional ratificado por Chile.
La Presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, se refirió a las palabras de admiración al dictador Augusto Pinochet de parte del consejero republicano, Luis Silva, y al acompañamiento que han recibido desde el Estado.
El sondeo reveló que el 36% de los chilenos cree que los militares “tenían razón” en dar el golpe de Estado, algo que a juicio del consejero del INDH, es muy negativo. “Debe existir consenso en que la democracia nunca puede ser destruida”, indicó.
La diputada comunista junto a un grupo de parlamentarios oficialistas presentó la iniciativa que busca penalizar la justificación, banalización o acuerdo con los atropellos cometidos entre 1973 y 1990 en el país.
Al terminar su mandato, la defensora Patricia Muñoz afirmó que el Estado debe reconocer las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos que ha cometido durante mucho tiempo contra niños, niñas y adolescentes.
Aunque el consejero del Partido Republicano no se considera como pinochetista, sí reconoció que tiene una admiración por el dictador y que lo considera un “estadista”. Desde el Gobierno, la vocera Camila Vallejo, lamentó el negacionismo.
El investigador del NIDH y el director de Amnistía Internacional instaron al Gobierno a impulsar medidas para las víctimas de violaciones a los derechos humanos y manifestaron su preocupación por el discurso negacionista de sectores políticos.
La encargada de la medición advirtió que la imagen del dictador es volátil y depende de los acontecimientos. Y aunque más del 60 por ciento lo considera un dictador, más de un tercio cree que el golpe de Estado de 1973 se justifica.
