Más de 200 agrupaciones entregaron en La Moneda una carta en la que piden al presidente Boric que retire las querellas presentadas durante la administración de Piñera.
En esta oportunidad el FONAPI adjudica 104 organizaciones a nivel nacional que aportan o potencian la inclusión social de las personas con discapacidad, promueven sus derechos, apoyan su autonomía, su independencia y mejoran su calidad de vida.
La abogada Magdalena Garcés destacó la determinación del máximo tribunal que condenó a 30 agentes del organismo represivo de la dictadura por la detención, torturas y desaparición de tres militantes de izquierda, hecho ocurrido en 1974.
El fallo unánime incluye a los cabecillas de la DINA, Miguel Krassnoff, Pedro Espinoza y Raúl Iturriaga Neumann. Los tres fueron condenados a 15 años de cárcel en calidad de autores del secuestro de tres militantes de izquierda en 1974.
El académico de la Universidad de Chile dará a conocer la parte de su trabajo donde aborda la situación de los derechos humanos desde el estallido social. “El discurso anti-derechos se ha hecho cada vez más fuerte” comenta.
Las representantes cuestionaron a los parlamentarios y dirigentes de derecha que han negado la existencia de estos hechos cometidos por agentes del Estado, incluso señalando que el Presidente Boric miente cuando lo incluyó en su discurso.
El jurista advirtió que “no vamos a ser capaces de construir una sociedad democrática donde podamos convivir en el respeto” si no se reconocen los errores de la actuación policial. Además llamó a elevar los estándares de investigación de la Fiscalía.
El organismo humanitario llamó a los partidos políticos a que “el proceso que nos lleve a un nuevo texto constitucional debe poner en el centro, las causas que desencadenaron el llamado estallido social”.
Se trata de un proyecto triestamental de la Facultad de Cs. Sociales que tiene por finalidad fomentar la corresponsabilidad, cuidado y lactancia dentro de la comunidad interna.
La abogada del caso, Alejandra Arriaza, insistió en irregularidades en torno a la investigación y en la presunta participación de terceros. Mientras el diputado Andrés Giordano entregó detalles sobre el funcionamiento de la comisión investigadora.
En un análisis sobre el estallido social, el parlamentario consideró imprescindible salir de la crisis política en la que se encuentra el país mediante “un giro en el tipo de estructura social y constitucional que tenemos”.
La parlamentaria criticó a la oposición y en particular al Partido Republicano, desde donde el diputado Luis Sánchez afirmó que “las violaciones masivas a los DDHH durante el estallido social son un invento”.
Asimismo, la entidad calificó como “alarmante” que del total de causas por vulneraciones contra menores de edad, solo un 1,2% cuenta con formalización de cargos contra algún agente del Estado.
La responsabilidad de la policía sobre las vulneraciones cometidas en el estallido social sigue siendo una materia que divide al oficialismo y la oposición. En esa última vereda cuestionaron la perpetración de abusos sexuales y homicidios.
Miguel Yaksic dijo que la cifra de personas que ha ingresado de manera irregular a Chile y han sido detenidas es de 21 mil y no de 40 mil. Respecto a este último número, indicó que se trata de las autodenuncias realizadas por inmigrantes ante la PDI.
