La decisión del Ejecutivo reabrió el debate sobre gasto público y desarrollo cultural. “No queremos un Santiago a medias”, aseveró el gobernador Claudio Orrego, mientras diputados y expertos se sumaron a las críticas.
“Nuevamente una obra clave para la ciudad queda inconclusa. El término anticipado del contrato del GAM profundiza años de retraso en un proyecto que Santiago necesita”, lamenta el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego.
El Gobierno insiste en que no hay recursos para realizar el tercer y último tramo de la ciclovía que pasaría entre Lo Prado y Estación Central. “Si usted quiere, paguela usted”, le respondió el ministro de Vivienda, Iván Poduje, al gobernador Orrego.
La autoridad metropolitana aseveró que “con borrones y cuenta nueva no se construye ciudad, ni justicia urbana y menos unidad. Las comunas de Estación Central, Lo Prado y Maipú serán, una vez más, discriminadas”.
La decisión fue adoptada por los fiscales Lorena Parra y Cristóbal Salazar, luego de un proceso en que se revisaron los equipos computacionales, el correo eléctrónico y también el celular del gobernador de la Región Metropolitana.
El Ejecutivo oficializó el traspaso del inmueble fiscal donde se levantará una sede de más de 5.500 m², iniciativa respaldada por unanimidad por el Consejo Regional y que busca transformar un sitio eriazo en un nuevo polo cultural para Santiago.
Tras el fallo de la Corte Suprema, el gobernador de la RM defendió su honestidad y acusó una “maniobra política” de la oposición y un trabajo “negligente” de la Fiscalía de Antofagasta.
El persecutor aseguró que sufrió hostigamiento y filtración interna de información sobre su trabajo, y defendió que la investigación ProCultura sigue vigente y podría derivar en nuevas reformalizaciones.
La autoridad solicitó al Ministerio Público que se hiciera responsable de las costas del juicio. Además, dijo que pidió al Fiscal Nacional investigar lo que ocurre en la Fiscalía de Antofagasta con el caso ProCultura.
El Ministerio Público afirmó que existió coordinación previa entre los imputados, respaldada en chats, viajes y vínculos políticos, para defraudar fondos públicos. En ese contexto es que pidió reforzar las medidas cautelares.
El Ministerio Público pidió aplazar la revisión del desafuero, instancia clave que definirá si el gobernador queda suspendido de sus funciones y enfrenta investigación penal sin fuero.
El próximo 12 de febrero, el tribunal de alzada de Santiago definirá el futuro judicial del Gobernador Metropolitano tras la solicitud de la fiscalía en el marco de la arista Procultura.
El Ministerio Público acudirá a la Corte de Apelaciones tras el rechazo de la prisión preventiva para los imputados y mantiene pendiente una solicitud de desafuero contra el gobernador metropolitano, Claudio Orre
El abogado Pablo Toloza acusó una rebaja de estándares en la decisión judicial, denunció falta de transparencia en las audiencias de formalización y anunció que prepara un recurso de apelación.
La causa indaga el presunto uso irregular de más de $1.600 millones en recursos públicos entregados a la fundación, mientras la Fiscalía apunta a contratos injustificados y se mantiene abierta una arista política que involucra al gobernador de la RM.
La detención del psiquiatra y fundador de la ONG marca un hito en la arista del proyecto “Quédate”, donde el Ministerio Público investiga transferencias por más de $1.600 millones y presuntos abusos de poder por parte del gobernador regional.
El Ejecutivo abordó el debate tras el nuevo error en la liberación de un reo. El gobernador Orrego aseguró que los últimos hechos son “la punta del iceberg”, mientras Renovación Nacional exigió la renuncia del ministro de Justicia, Jaime Gajardo.
