El documento recomienda reconsiderar la ejecución íntegra del proyecto conforme a su diseño original, ya que se trata de una ciclovía de alto estándar, que fortalece la seguridad vial y mejora la calidad del espacio público.
El proyecto contempla una plataforma digital con programación unificada y una agenda de trabajo colaborativa, que busca fortalecer tanto la actividad cultural como el uso ciudadano del espacio público.
En el día previo a las precipitaciones, el gobernador Claudio Orrego, se reunió con la directora del Senapred, Alicia Cebrián. Esta última, recomendó a la población limpiar desagües y no obstruir cauces para prevenir emergencias.
Tras la decisión del Gobierno de frenar la segunda etapa del centro cultural por falta de fondos, el directorio defendió su gestión financiera. El gobernador Claudio Orrego criticó la medida advirtiendo que “estas obras trascienden los gobiernos”.
El evento tendrá dos modalidades: un recorrido recreativo de 10K y un desafío de 85K con meta en Farellones. Además, desde el Gobierno Regional Metropolitano anuncian recorridos y cortes de calles.
La decisión del Ejecutivo reabrió el debate sobre gasto público y desarrollo cultural. “No queremos un Santiago a medias”, aseveró el gobernador Claudio Orrego, mientras diputados y expertos se sumaron a las críticas.
“Nuevamente una obra clave para la ciudad queda inconclusa. El término anticipado del contrato del GAM profundiza años de retraso en un proyecto que Santiago necesita”, lamenta el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego.
El Gobierno insiste en que no hay recursos para realizar el tercer y último tramo de la ciclovía que pasaría entre Lo Prado y Estación Central. “Si usted quiere, paguela usted”, le respondió el ministro de Vivienda, Iván Poduje, al gobernador Orrego.
La autoridad metropolitana aseveró que “con borrones y cuenta nueva no se construye ciudad, ni justicia urbana y menos unidad. Las comunas de Estación Central, Lo Prado y Maipú serán, una vez más, discriminadas”.
La decisión fue adoptada por los fiscales Lorena Parra y Cristóbal Salazar, luego de un proceso en que se revisaron los equipos computacionales, el correo eléctrónico y también el celular del gobernador de la Región Metropolitana.
El Ejecutivo oficializó el traspaso del inmueble fiscal donde se levantará una sede de más de 5.500 m², iniciativa respaldada por unanimidad por el Consejo Regional y que busca transformar un sitio eriazo en un nuevo polo cultural para Santiago.
Tras el fallo de la Corte Suprema, el gobernador de la RM defendió su honestidad y acusó una “maniobra política” de la oposición y un trabajo “negligente” de la Fiscalía de Antofagasta.
El persecutor aseguró que sufrió hostigamiento y filtración interna de información sobre su trabajo, y defendió que la investigación ProCultura sigue vigente y podría derivar en nuevas reformalizaciones.
La autoridad solicitó al Ministerio Público que se hiciera responsable de las costas del juicio. Además, dijo que pidió al Fiscal Nacional investigar lo que ocurre en la Fiscalía de Antofagasta con el caso ProCultura.
El Ministerio Público afirmó que existió coordinación previa entre los imputados, respaldada en chats, viajes y vínculos políticos, para defraudar fondos públicos. En ese contexto es que pidió reforzar las medidas cautelares.
El Ministerio Público pidió aplazar la revisión del desafuero, instancia clave que definirá si el gobernador queda suspendido de sus funciones y enfrenta investigación penal sin fuero.
El próximo 12 de febrero, el tribunal de alzada de Santiago definirá el futuro judicial del Gobernador Metropolitano tras la solicitud de la fiscalía en el marco de la arista Procultura.
