Mireya López, ministra en visita por el Caso Exonerados, ordenó el rastreo de los más de 3 mil casos bajo sospecha de antecedentes fraudulentos. En materia política, un recurso de protección busca evitar el congelamiento de los pagos que propone el Ejecutivo, una medida que no ha sido bien evaluada desde la oposición, y rechazada por los propios afectados.
La ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, junto al subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla, señalaron que la información derivada a Contraloría buscará sumar antecedentes en tres aristas: ampliar la denuncia, detener el pago a falsos exonerados y sumar nuevos casos.
El máximo tribunal designó a la ministra Mireya López como ministra en visita en el llamado caso exonerados. Parlamentarios oficialistas había hecho esta solicitud a la Corte para otorgarle celeridad a la causa que reside en el 14° Juzgado del crimen de Santiago.
Desde la Corte Suprema se está analizando designar un ministro en visita para investigar el caso exonerados. Por su parte en el Parlamento, diputados RN presentaron un proyecto de ley que busca eliminar el pago de compensaciones a los falsos exonerados políticos. Desde la oposición la voz ha sido clara: dejar que la justicia determine la pertinencia de la demanda.
El equipo estará encabezado por los abogados Luis Hermosilla y Juan Domingo Acosta y buscará responsabilidades administrativas y judiciales. El vicepresidente Andrés Chadwick respaldó además las declaraciones de la Ministra del Trabajo Evelyn Matthei, quien solicitó la renuncia de tres parlamentarios del Partido Socialista involucrados en el caso.
Un informe de Contraloría reveló tres mil casos de falsos exonerados políticos, que han estado recibiendo las pensiones dictaminadas por la ley. Parlamentarios llaman a continuar con las investigaciones, en la búsqueda de sanciones administrativas e incluso penales. Algunos de esos expedientes fueron firmados y autorizados por importantes figuras del Partido Socialista.
La Contraloría General de la República informó que, hasta el 14 de abril de este año, sólo 16 comunas de la Región Metropolitana habían hecho entrega de su información presupuestaria. Bajo el programa “semáforo municipal”, el órgano fiscalizador determinó que los gobiernos locales en verde, es decir, que han entregado la documentación contable, representan el […]
La petición se funda en 11 tomos de antecedentes que se recopilaron en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, que indagó la millonaria condonación tributaria a esta multitienda. La idea es que estos datos puedan comprobar las faltas a la probidad cometidas por los directivos de Impuestos Internos.
La información se entregó con el respaldo de diputados de la comisión investigadora este caso y se relacionaría con la cuestionada gestión del director de esta repartición, Julio Pereira.
Un grupo de diputados acudirá a tribunales para acusar de cohecho y tráfico de influencias a Julio Pereira, luego que la Cámara no aprobara el informe de la comisión investigadora sobre la condonación tributaria a la multitienda Johnson’s.
A ministerios y una subsecretaría les ordenaron la realización de sumarios por no considerar el convenio marco sobre contrataciones de publicidad, luego de una denuncia de legisladores. Insisten de todas maneras, en el problema que significa el afán propagandístico de esto, más allá del mal uso de los recursos económicos.
Si bien en la oposición subrayaron la importancia de que se apruebe el documento debido al “blindaje” que habría dado el gobierno al director del servicio, Julio Pereira, al ratificarlo en su cargo, parlamentarios de la Alianza indican que el informe es “sesgado” y llamaron a no poner en duda el rol de la Contraloría.
En manos del Presidente Sebastián Piñera está la continuidad del cuestionado director del Servicio de Impuestos Internos, Julio Pereira, la que se resolverá “durante los próximos días”. La autoridad recibió un cerrado apoyo de parte de los máximos dirigentes de la Alianza, mientras que los funcionarios de la repartición pública, junto a parlamentarios de oposición, emplazaron a Pereira a “dar un paso al costado”.
Si bien la investigación que desarrolla el órgano fiscalizador concluye en dos semanas más, los trabajadores del SII y parlamentarios de oposición reiteraron que Pereira no está del todo libre, ya que se corroboraron los cargos contra dos de sus subordinados: el Subdirector Jurídico, Mario Vila; y la ex directora de Grandes Contribuyentes, Mirta Barra.
El contralor comunicó la extensión de la investigación por supuesto conflicto de interés de Julio Pereira. A su vez, notificó a este último que no recibirá cargos por la condonación hecha por el SII a la multitinenda Johnson´s. Sí se emitieron cargos contra la la ex directora de Grandes Contribuyentes del Servicio, Mirta Barra, y contra el sub director jurídico del organismo, Mario Vila, quien deberá dejar la entidad.
El diputado DC Fuad Chahín, señaló que Contraloría finalmente abrió un sumario administrativo contra el director del SII, Julio Pereira, y no un informe a petición del Ejecutivo. Desde La Moneda, insisten en determinar la continuidad de Pereira una vez conocida la información, pero el diputado recalca que esto se hará público recién en abril.
La Contraloría General de la República acogió una denuncia de los trabajadores de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) sobre las bajas remuneraciones que están recibiendo los funcionarios del organismo. La presidenta de la Asociación de Funcionarios, Sandra Marín, indicó que aproximadamente el 50 por ciento de los trabajadores tiene bajas remuneraciones, en comparación […]
