Los hechos se remontan a 2022, cuando los municipios de la región, preocupados por las mujeres tras la pandemia, decidieron externalizar la realización de mamografías y ecografías mamarias.
Guillermo Jaque emplazó al Gobierno para que interceda y se involucre en el conflicto de la Región del Biobío. En tanto, Puerto Coronel ha solicitado el desalojo del terminal a través de la fuerza pública.
El nuevo delegado presidencial para Concón, Quintero y Puchuncaví destacó que su labor central será mejorar los procesos y tiempos de fiscalización respecto de las empresas que operan en la zona del cordón industrial de la bahía.
El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, anunció que en los sectores de San Pedro de la Paz, Coronel y Santa Juana, iniciarán las clases el 13 de marzo debido a la emergencia por los incendios que han afectado a la región.
Aunque la Municipalidad había informado que los contenedores hallados tenían líquido acelerante, desde la policía uniformada descartaron aquello, explicando que se trata de “un sector campestre donde la gente lamentablemente arroja basura”.
La Policía de Investigaciones, Carabineros y el Ejército se encuentran realizando pericias en el lugar, ya que no está determinado si es un combustible o algún otro tipo de material como detergente.
Respecto a la intencionalidad de los siniestros, el edil relevó la importancia de perseguir a los responsables para demostrarle a la comunidad que “hay autoridades que van a perseguir estos hechos” que alteran la tranquilidad de la ciudad.
Los dirigentes de la comuna esperan acordar un nuevo trato con el Ejecutivo mediante el rechazo de la instalación de un proyecto que dejaría desechos tóxicos en la zona y que el Gobierno demuestre realmente su compromiso con el medio ambiente.
Luis Valenzuela apuntó a la importancia de “generar estaciones de monitoreo, pero que no sean financiadas por las empresas, sino que sean supervigiladas por los municipios u otros órganos del Estado”.
Se harán exámenes médicos para medir metales pesados en la sangre, mientras se espera el cierre definitivo de la termoeléctrica que mantiene bajo la contaminación a toda la comuna de Coronel. Desde el Gobierno relativizaron la fecha de la clausura.
Ordenó a la Superintendencia del Medio Ambiente realizar anualmente un proceso de monitoreo para pesquisar la eventual presencia de minerales pesados -y elementos contaminantes y dañinos para la salud humana- en el agua, el aire y las personas.
La Universidad Católica llevará adelante un análisis en la comuna, sin embargo, sus habitantes señalan que si bien celebran este nuevo estudio, tienen dudas respecto de qué tan diligente será el Estado una vez que cuente con estos datos.
La iniciativa que establece el 2025 como año definitivo para cerrar estas centrales deberá ser revisado ahora por el Senado.
La empresa eléctrica pretende una indemnización ascendiente a 300 millones de pesos por el cierre del vertedero Cenizas durante 12 días en 2019. “Constituye un intento de invisibilizar las irregularidades en que ha incurrido al mantener un vertedero de cenizas en el área urbana de la ciudad de Coronel, provocando graves impactos en la salud y la vida de la población local.
“Este cordón sanitario lo que prohíbe es el acceso y salida de personas de nuestra comuna que no tengan su salvoconducto”, dijo el alcalde Boris Chamorro.
Los vecinos de Coronel aseguran que fueron las presiones sociales las que obligaron a Enel a solicitar el cierre de funciones de ambas plantas termoeléctricas. Para el diputado socialista Gastón Saavedra, el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación es una “premisa elemental que debe aplicarse para desarrollar un modelo sustentable de energía”.
Organizaciones locales junto a la ONG Chile Sustentable acusaron ante la Superintendencia de Medio Ambiente de la región del Biobío una serie de irregularidades producidas por la ampliación del vertedero de cenizas de la Central Termoeléctrica Bocamina II.
