Este jueves, los expertos constitucionalistas Patricio Zapata, Claudio Nash y Rodrigo Poblete, asistieron a la comisión especial de la Cámara de Diputados que analiza el libelo acusatorio contra tres jueces de la Corte Suprema por sus recientes decisiones de otorgar libertad condicional a condenados por crímenes de lesa humanidad.
El incidente habría sido rechazado ya que las nulidades solo se acogen en “casos extremos”.
La Comisión Política de la colectividad recomendó a sus congresistas rechazar la acusación constitucional contra los jueces que otorgaron libertad condicional a criminales de lesa humanidad, sin embargo, la oposición confía en que los legisladores honren el compromiso adoptado por los parlamentarios de la entidad.
El abogado de los reos de Punta Peuco entregó una carta al máximo tribunal en la que expresa su respaldo a la Segunda Sala Penal por las libertades concedidas a criminales de lesa humanidad.
En la sala presidida por el ministro Hugo Dolmestch, los abogados defensores de José Tralcal, Luis Tralcal y José Peralino expusieron diversos elementos que dan cuenta de la imparcialidad del Tribunal de Temuco y de la necesidad de anular el juicio.
Las sentencias fueron dictadas en el marco del secuestro de Jorge Grez Aburto, detenido desaparecido el 23 de mayo de 1974.
A través de un comunicado, la máxima institución del poder judicial en nuestro país aseguró que se está dañando el estado de derecho con la posible intervención de los parlamentarios.
El ministro del interior afirmó que la iniciativa afecta la institucionalidad y la democracia del país.
Este miércoles, Haroldo Brito se reunió con la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y recibió una carta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos. En ambas instancias los familiares de víctimas de la dictadura le expresaron su preocupación por los fallos que han otorgado libertad condicional a criminales de lesa humanidad.
Nicza Báez Mondaca es una ex mirista sobreviviente a la detención perpetrada por tres de los siete liberados en el “supremazo”, su esposo Alonso Lazo Rojas, sigue desaparecido. La mujer considera que las medidas del Estado en materia de reparación y justicia, no fueron suficientes.
No es aceptable que en el tema de los derechos humanos, tal como en medioambiente, pueblos indígenas, derechos reproductivos y sexuales y otros asuntos, nuestro país firme compromisos en el extranjero pero luego no se cumplan aquí, porque el Estado chileno se ha acostumbrado a promover una imagen internacional que no se corresponde con la realidad.
Si bien el abogado de los internos de Punta Peuco, Raúl Meza, anunció que suspenderá la presentación de un recurso de amparo para pedir la libertad de quien es sindicado como uno de los agentes más inescrupulosos de Pinochet, aseguró que se seguirá recurriendo a instancias judiciales para excarcelar a ex uniformados condenados por crímenes de lesa humanidad.
El representante del Partido Socialista calificó además como impresentable el vínculo revelado por Radio Universidad de Chile, entre el abogado integrante de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema, Ricardo Abuauad y un ex coronel en retiro procesado por crímenes de la dictadura.
Organizaciones de derechos humanos se manifestaron este miércoles en Tribunales. En la ocasión, entregaron una carta al presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, en la que manifestaron la incongruencia entre la libertad condicional otorgada a violadores de derechos humanos, y los convenios y acuerdos que Chile ha firmado en la materia.
Revisamos las condenas y los motivos que llevaron a la cárcel a los siete reos que esta semana fueron liberados por una resolución de la Corte Suprema. Detenciones, torturas y desapariciones aparecen dentro de los currículum de los ex agentes del Estado beneficiados con la medida. Carmen Hertz (PC) se lo atribuye a lo que denominó como “ignorancia crónica” de la justicia chilena.
El influyente exmandatario de derecha Álvaro Uribe, jefe del partido del presidente electo de Colombia, renunció sorpresivamente al Senado este martes, tras ser vinculado a una investigación penal por presuntos soborno y fraude procesal. Algunos sugieren que su dimisión podría ser estratégica.
El Máximo Tribunal rechazó el recurso de protección presentado por empresa inmobiliaria en contra del Ministerio de Educación.
