Venezuela y Estados Unidos iniciaron este viernes un proceso para restablecer relaciones diplomáticas tras la caída del presidente Nicolás Maduro, que dio paso además a la liberación a cuentagotas de presos por razones políticas.
La directora del Centro de Estudios Europeos de la U. de Concepción analizó la intervención estadounidense en territorio venezolano, las disímiles reacciones internacionales y el debilitamiento del orden jurídico global.
La hasta ahora “número dos” del Gobierno venezolano juró no descansar hasta “garantizar la paz de la República”, así como la “tranquilidad económica y social” de su pueblo.
Según el analista internacional, la comparecencia de Nicolás Maduro ante la justicia de EE.UU. marca una nueva etapa de presión unilateral de Washington sobre Venezuela, así como la redefinición de las reglas del juego político en América Latina.
Luego de la incursión militar y el secuestro de Nicolás Maduro, la nueva jefa de Estado venezolana llamó a Washington a reemplazar la guerra por cooperación, legalidad internacional y el desarrollo compartido.
Según el analista internacional Gabriel Gaspar, la captura de Maduro desplaza el foco político: la agenda pasa a ser la negociación de la transición entre EEUU y Delcy Rodríguez, mientras la oposición queda marginada.
El presidente depuesto de Venezuela enfrenta cargos de narcotráfico y terrorismo en una cárcel federal de Nueva York. Mientras que Donald Trump anunció que EE. UU. gobernará temporalmente hasta llegar a una transición.
Ante la “ausencia forzosa” del presidente Maduro tras su captura por EEUU, el TSJ venezolano ordenó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumir la jefatura de Estado para garantizar la continuidad administrativa y la defensa de la nación.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez ha informado que el Gobierno desconoce el paradero de Maduro y Cilia Flores tras el ataque de EEUU, exigiendo al presidente Trump una prueba que confirme el bienestar del matrimonio.
El proyecto busca castigar “severamente” cualquier acción que se considere promueva la violencia fascista. La oposición y la sociedad civil advirtieron que la iniciativa criminaliza la disidencia en pleno año de elecciones presidenciales.
La hasta hoy ministra de Educación Universitaria murió luego de una lucha de dos años contra un cáncer.
