Brecha de género, centralización en la educación y desigualdades sociales. Año a año los resultados de la Prueba de Selección Universitaria han dejado en evidencia la dispar situación en que se encuentran los estudiantes al enfrentar el examen y la falsa meritocracia que busca representar. Situación que para el Observatorio de Políticas Educativas de la Universidad de Chile, es fiel reflejo de una estructura social desigual.
La entrega de los resultados de la PSU 2018 dio comienzo al proceso de postulación de las casas de estudio pertenecientes al Consejo de Rectores (Cruch) y de las universidades adscritas al Sistema Único de Admisión. Sin embargo, el desglose de los puntajes evidencia brechas importantes en materia de género y centralización.
La medida provocará un aumento en el costo anual de los estudios para los estudiantes provenientes de países fuera de la Unión Europea, quienes pasarán de pagar 170 euros al año a tener que desembolsar más de 2.770 euros anuales
La agrupación Relaciones Inteligentes comenzó una campaña de recolección de firmas con el fin de poder ingresar al Ministerio de Educación una propuesta de modificación curricular a la educación chilena para que se incluya la inteligencia emocional. Una propuesta que cuenta con más de 10 mil firmas pero que para expertos en educación de la Universidad de Chile no es la mejor idea para educar emocionalmente a los estudiantes.
La crisis de la Universidad del Pacífico volvió a evidenciar la existencia de un sistema de educación privado desregulado al cual los distintos gobiernos han evitado introducir cambios sustantivos. Por esta razón, diversos actores coinciden que lo que está ocurriendo con el plantel privado se repetirá en otras instituciones, ya que responde a un problema estructural de la educación chilena.
La iniciativa tiene como fin “producir, intercambiar y distribuir conocimientos, saberes y prácticas culturales de forma innovadora”, y estará operativa desde abril de 2019. Quienes quieran participar como docentes ya pueden entregar sus propuestas a la Municipalidad de Recoleta.
La parlamentaria de Izquierda Autónoma precisó puntos algunos que contiene la ley y criticó la presión que ejerció el Ejecutivo para que se aprobara la iniciativa. “Es inentendible la prioridad exacerbada que el Gobierno le dio a este proyecto”, dijo la diputada en conversación con Radio Universidad de Chile.
Mientras en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados se comenzó a analizar este martes el proyecto catalogado por el Ejecutivo con discusión inmediata, estudiantes realizaron una manifestación en el frontis de La Moneda contra la idea impulsada por el Gobierno.
El proyecto que sanciona la violencia en los colegios fue aprobado por 33 votos a favor y uno en contra, luego de que oficialismo y oposición lograran un acuerdo.
La instancia cambió el nombre y eliminó la expulsión inmediata como castigo a alumnos involucrados en episodios de violencia en los colegios.
No obstante, desde la oposición cuestionaron la medida, señalando que la iniciativa no apunta al fondo del problema.
La instancia legislativa acordó esperar el informe de la Comisión de Constitución de la dicha Cámara para establecer el debate correspondiente.
Mientras se analiza en el Congreso la idea legislativa impulsada por el Gobierno, estudiantes secundarios se movilizan contra la pre normativa que faculta a directores para expulsar a jóvenes que incurran en hechos de violencia.
El Sistema de Financiamiento Solidario que reemplazará al Crédito con Aval del Estado fue presentado entre bombos y platillos por el Gobierno, sin embargo, desde el Frente Amplio critican que no cambia el problema de fondo: la visión mercantilista de le educación.
Hasta el próximo 5 de octubre a las 23:59 horas se extendió el plazo para postular al Sistema de Ingreso Prioritario de Equidad Educativa (SIPEE), vía especial de admisión a la Casa de Bello que favorece a egresados de colegios municipales y que siendo estudiantes de excelencia, no alcanzan el puntaje necesario para acceder a la Casa de Bello a través de la PSU.
Frente a ello, la diputada Cristina Girardi señaló: “Aquí hubo un robo indiscriminado y, sabiendo esta situación, ningún gobierno frenó esto”.
“Aula Segura” es el nombre de la iniciativa firmada durante esta mañana por el Mandatario, la que facultará a los directores de establecimientos para expulsar o cancelar la matricula a aquellos estudiantes que participen de hechos graves de violencia.
