Reclaman la restitución de los patrullajes militares y del estado de excepción. En el Parlamento, diputados expresan respaldo y críticas a idea del Presidente Gabriel Boric de buscar una tercera vía que incluya despliegue de las fuerzas armadas.
Esta semana, la ministra Siches y el nuevo director de Migraciones, Eduardo Thayer, visitarán Tarapacá, en un escenario que para el Movimiento Acción Migrante “es parte de la inercia de la política anterior, pero hay una voluntad de que eso cambie”.
La única senadora que se opuso a la medida fue Fabiola Campillai. Anteriormente ya lo había hecho la Cámara de Diputados.
De esta manera la solicitud del gobierno de Gabriel Boric pasó la prueba en la Cámara Baja con 128 votos a favor, cuatro en contra y cinco abstenciones. El Ejecutivo se comprometió a que esta será la última prórroga de la medida.
En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la autoridad municipal se refirió a la renovación del Estado de Excepción en la zona norte y señaló que es urgente que el nuevo gobierno inicie un diálogo con las autoridades y dirigentes del sector para diseñar una estrategia conjunta frente a la crisis migratoria.
Después de participar en el primer Comité Policial del Gobierno, Monsalve reiteró que la agenda de la ministra Siches en la Macrozona Sur fue gestionada previo al cambio de mando. Asimismo, señaló que el Gobierno está evaluando presentar querellas por estos hechos.
La ministra del Interior se reunió finalmente con el padre del joven comunero asesinado por Carabineros en 2018 Camilo Catrillanca, desde donde insistió en que el objetivo del Gobierno es el diálogo. Mientras, en el parlamento se plantea la necesidad de mantener aunque sea de manera temporal el Estado de Excepción, en tanto que la diputada Emilia Nuyado pidió investigar a fondo el hecho para encontrar a los responsables. Presidente de la CPC, Juan Sutil, indicó que lo ocurrido es una demostración de lo que se vive cotidianamente en la zona.
Además, piden que se aclare la postura del gobierno respecto del conflicto que se vive en Ucrania.
“Como Gobierno siempre por supuesto vamos a valorar cuando se pueda inclusive cambiar de opinión con respecto a temas que nosotros consideramos y tenemos la certeza de que son necesarios” sostuvo el actual ministro del Interior, Rodrigo Delgado.
El senador por la zona, José García Ruminot, indicó que la aplicación de nuevas medidas se debe evaluar mientras se mantiene el despliegue militar y policial en las provincias bajo excepción desde octubre pasado. Futura ministra del Interior, Izkia Siches, subrayó que la decisión del Presidente electo es suspenderlo una vez inicien sus funciones.
Dentro de este contexto, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, sostuvo que no descartan solicitar una nueva prórroga de la polémica medida pese a que le correspondería al gobierno entrante implementarla.
Las y los legisladores apoyaron la solicitud del Presidente Sebastián Piñera por 72 votos a favor, 37 en contra y 6 abstenciones.
Si bien el dirigente del Movimiento de Acción Migrante dijo compartir varias de las apreciaciones de las autoridades locales respecto a la crisis en torno a la migración, aseguró que el despliegue de los militares en la zona con la aplicación del Estado de Excepción no soluciona nada, sino que más bien “es sólo un discurso para la población pero no para el problema real”.
“Tenemos al día de hoy la totalidad de los efectivos del Ejercito en las provincias fronterizas donde se aplica el estado de excepción”, sostuvo el secretario de Estado.
La futura ministra del Interior salió al paso de las críticas del Presidente Sebastián Piñera quien la llamó a “informarse mejor” respecto de los alcances del estado de excepción en la Macrozona sur. Siches indicó que hay hechos que obligan a trabajar en conjunto para superar la violencia que se registra en esa zona.
El ex ministro de Defensa secundó las declaraciones del jefe de Defensa Nacional para La Araucanía, Luis Cuéllar, sosteniendo que la responsabilidad sobre la defunción de los individuos que toman la decisión de enfrentar al Estado por la vía violenta, recae en ellos mismos.
La vicepresidenta adjunta de la Convención aseguró que la disposición que los Poderes del Estado han manifestado respecto a las comunidades mapuche atenta contra la credibilidad del proceso y afecta la participación ciudadana que se está desarrollando.
