Luego de reunirse con autoridades en la Región de la Araucanía, la autoridad señaló que no se pueden generar falsas expectativas de que el despliegue militar resolverá todos los actos delictivos que ocurren en la Macrozona Sur.
La delegada presidencial además sostuvo que el Estado de Excepción es una medida que se ha usado anteriormente y quedó demostrado en el mandato de Sebastian Piñera que no sirvió, al contrarió, la problemática se agravó.
La jefa de Gabinete aseveró que el despliegue de los militares responde a una medida preventiva y que es mediante el trabajo coordinado de las policías y el Ministerio Público que se desbaratará el crimen organizado en la región.
La convencional mapuche proyectó que las salidas territoriales programadas esta semana en la Convención les darán “tranquilidad a la gente” sobre los avances del proceso y criticó al Gobierno por aplicar nuevamente un estado de excepción en el sur.
El edil de la comuna de la Región de la Araucanía, Javier Jaramillo (PPD), se refirió a la crisis en la zona y sostuvo que “hay que hacer una diferencia y acorralar a quienes creen que solo con la violencia se llegará a un proceso de diálogo”.
El contraalmirante de la Armada se había desempeñado como jefe de zona en el Biobío durante el estado de excepción decretado en el Gobierno de Piñera, período en el que se perpetró el asesinato del comunero mapuche, Yordan Llempi.
La jefa de la bancada de Renovación Nacional del Senado adhiere al emplazamiento del alcalde de Colchane y pide al gobierno impulsar expulsiones de migrantes irregulares.
“No compartimos ni la forma ni la oportunidad” sostuvo el diputado de la UDI Jorge Alessandri a nombre de todos los partidos de la coalición. Sin embargo, coincidieron en sus críticas por la actuación de Izkia Siches.
La autoridad señaló que el Gobierno no considera necesario ir sumando “querella tras querella”, sino que utilizarán herramientas más eficaces como aportar los antecedentes a una denuncia ya realizada durante el 2001.
El historiador destacó la necesidad de reconocer que este es un problema que ya no es posible de solucionar solo con el diálogo entre el Estado chileno y el pueblo Mapuche.
Tras los intentos fallidos por levantar el Estado de Protección y Resguardo, el Ejecutivo optó nuevamente por una fórmula acotada para destrabar y salir del paso de las diferencias entre las dos coaliciones oficialistas.
El abogado mapuche que renunció al cargo de coordinador de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, criticó la decisión del Ejecutivo, señalando que “luchamos por una solución política y ahora tendremos de nuevo un Estado de Excepción”.
El anuncio hecho por la ministra del Interior Izkia Siches fue calificado como insuficiente desde la oposición, mientras desde Apruebo Dignidad destacaron el aumento de recursos para compra de tierras y la mantención del diálogo.
La ministra del Interior, Izkia Siches, anunció además la existencia de un fiscal con dedicación preferente “para la investigación de organizaciones criminales que amenazan la convivencia de la región de Biobío y la Araucanía”.
Ante el ingreso de una eventual propuesta de la derecha o de la DC en el caso que el Ejecutivo ralentice la presentación indicaciones al proyecto de infraestructura crítica, los socialistas afirmaron que secundarán a todo evento la idea del Gobierno.
La iniciativa busca crear una figura similar a la del Estado de Excepción que permita la militarización en rutas, pero sin vulnerar los derechos fundamentales de las personas tales como el libre tránsito y la libre reunión.
Desde el sector plantearon desconfianzas luego que ministra Marcela Ríos evitara hacer un juicio sobre el machi Celestino Córdova y considerara prioritario el proyecto de amnistía.
