La agudización del conflicto en la zona implica un desafío por comprender el actuar de algunos grupos en la zona, que desde la óptica de la académica de la Universidad de Chile, Verónica Figueroa Huencho, nace como una reacción a la violencia que históricamente ha ejercido el Estado.
Las y los parlamentarios dieron el visto bueno al llamado de Sebastián Piñera por 76 votos a favor, 59 en contra y siete abstenciones, por lo que la iniciativa pasa al Senado.
Sin entrar en la legalidad de la convocatoria misma de la consulta ciudadana -el Gobernador Regional no tiene atribución para hacerlo sin acuerdo de COREs- y más allá del pequeño número de votantes -16,4% del padrón electoral-, el carácter ilegal de la forma en que se desarrolló la Consulta Araucanía sugiere que esta expresa una […]
Haciendo uso de un lenguaje que no es usual en los comunicados del organismo internacional, la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) manifestó este fin de semana su “especial preocupación” por la aplicación del Estado de Excepción Constitucional en dos regiones de la Araucanía chilena e hizo un llamado al diálogo entre las autoridades y sectores civiles involucrados en la búsqueda de acuerdos transversales.
El vocero del Consejo de Todas las Tierras se refirió al debate en torno a la prolongación del estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur y recalcó que “solo la verdad, la justicia y la reparación puede encaminarnos a la paz”.
Para la legisladora socialista, le prensa conservadora se ha hecho eco de las intenciones del gobierno y se ha dedicado ha estigmatizar al pueblo mapuche, adjudicándole hechos de violencia que la Justicia no ha sido capaz de comprobar su origen.
Además, descartaron que la medida pueda ampliarse automáticamente en medio de la discusión de la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera. En tanto, en el oficialismo criticaron la labor del Poder Judicial en la investigación en el marco de los hechos ocurridos en Cañete que terminaron con la muerte de un comunero mapuche.
El jefe de Estado, si bien lamentó la muerte de un comunero, sostuvo que las muertes producidas en la macrozona sur no son responsabilidad de las fuerzas de orden y seguridad, sino en las “organizaciones de crimen organizado” que hay en la zona.
Contralmirante Jorge Parga indicó que los funcionarios a su cargo en la zona de Arauco debieron repeler una emboscada en un sector boscoso antes de detener y requisar armas y munición de guerra. Diputado Gastón Saavedra y bancada del PC exigieron terminar con el Estado de Excepción que ayer el Gobierno pidió al Congreso sea extendido.
Desde el Gobierno el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, confirmó la existencia de dos fallecidos y tres heridos, aunque pidió ser cautelosos respecto de posibles responsabilidades en los hechos.
“Que digan de frente: nosotros no queremos proteger a los trabajadores, no queremos proteger a esas familias que salen temprano, queremos que sigan atacando a trabajadores forestales como Ceferino González, atacado en Carahue con un arma de guerra y herido de muerte, que lo digan así”, sostuvo el secretario de Estado.
El alcalde de Cunco y presidente de la AMRA defendió la realización del proceso para incidir en una eventual ampliación del estado de excepción en la zona, aunque reconoció que la medida no es suficiente para resolver la profundidad del conflicto.
El anuncio se dio a un poco más de una semana en que termine la medida que ya fue extendida la semana pasada.
Roberto Neira, jefe comunal de Temuco, consideró la extensión del estado de excepción como infructuosa en cuanto no ha amainado el conflicto en la zona y que el despliegue de Carabineros en las carreteras, ha dejado desprovista a la ciudad de contingente policial.
El excanciller ecuatoriano se refirió a la decisión del gobierno que encabeza Guillermo Lasso de decretar estado de excepción en ese país con el fin de enfrentar los altos índices de criminalidad.
Así lo sostuvo el INDH en una declaración luego que el Gobierno decidiera implementar la medida constitucional en cuatro provincias en las regiones del Biobío y la Araucanía. Coordinador de la zona, Pablo Urquízar, sostuvo que si las fuerzas militares son atacadas por “orgánicas terroristas (…) pueden hacer uso de sus armas”.
En un punto de prensa, el jefe de gabinete aseguró que la medida dispuesta por el Gobierno no contempla un toque de queda, a su vez que descartó que la medida esté dirigida a algún pueblo o etnia en específico, sino que tiene por objetivo -según él- brindar seguridad a toda la población.