La publicación presenta parte de un estudio centrado en analizar las consecuencias psicológicas y emocionales de las víctimas en el marco del estallido social, el que fue encabezado por el académico de la Universidad de Chile, Gonzalo Rojas.
El senador advirtió que un eventual cierre de la empresa significaría “una pérdida de 20 mil empleos” en la Región del Biobío. Así, le exigió al ministro de Economía, Nicolás Grau, hacer “la pega”. “Necesitamos que se tomen medidas ahora”, dijo.
La Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó el recurso de nulidad presentado por los excarabineros Henry Cuéllar Vega y Víctor Lastra Marguirott, condenados a 12 años y 183 días de presidio efectivo.
El abogado calificó como “exagerados” los dichos del senador Quintana, tras advertir que una “constitución más a la derecha puede ser el detonante de un nuevo estallido social” y dijo esperar que las campañas sean limpias de cara al plebiscito.
Cercanos al ingeniero condenado a diez años por homicidio frustrado de un grupo de Carabineros, iniciaron una campaña que busca revocar el fallo y que fue recientemente ratificado por la Corte de Apelaciones de Santiago.
Se trata de varios encuentros donde se busca profundizar sobre las razones que llevaron a las masivas movilizaciones durante el denominado estallido social de 2019. La inauguración se realizará en la Sala Máster de Radio Universidad de Chile.
El parlamentario presidió la Comisión Especial Investigadora que evacuó un informe estableciendo una serie de irregularidades de parte de organismos públicos, que derivan hoy en la falta de resolución del caso.
A cuatro años de las movilizaciones masivas de un país que anhelaba mejores condiciones de vida, hoy corresponde recordar a quienes valientemente salieron a las calles a reclamar sus derechos y, por cierto, a quienes se convirtieron en víctimas de las violaciones de derechos humanos cometidas por Carabineros y Fuerzas Armadas. Las víctimas y sus […]
El expresidente de la Cámara de Diputados y Diputadas en el momento de las movilizaciones aseguró que demandas que se levantaron entonces siguen aún vigentes. “Se equivocan quienes solo se quedan con ribetes delictuales”, dijo.
En cuanto a los delitos contenidos en las querellas, 2.252 corresponden a apremios ilegítimos, 582 a torturas, 223 a violencia innecesaria y 159 a algún otro tipo de vulneración. Del total de querellas, ólo 33 tienen sentencias condenatorias.
El preso emblemático del 18-O fue condenado a diez años y un día por homicidio frustrado y lanzamiento de artefacto incendiario tras un proceso investigativo que, desde organizaciones de madres y derechos humanos, califican como “irregular”.
La diputada y ex presidenta de la FECH indicó que “mientras la política no atienda esta demanda, mientras la derecha se siga negando a avanzar en cuestiones como la reforma de pensiones, ese malestar va a seguir ahí, acumulando rabia”.
La parlamentaria recordó los días de la revuelta en que se dirigía a su trabajo cuando fue impactada por una bomba lacrimógena ejecutada por Carabineros, quedando sin visión, gusto y olfato.
Luego de reunirse con el embajador de Venezuela, Arévalo Méndez, el subsecretario Manuel Monsalve dio a conocer que se facilitará la entrega de salvo conductos. Además, adelantó una nueva reunión que podrá ser en cualquiera de los dos países.
La medida fue tomada en vista de lo que será la cuarta conmemoración del estallido social de 2019, fecha en la que se esperan marchas y manifestaciones a lo largo del país, pero sobre todo en las dos comunas más céntricas de la Región Metropolitana.
El director de Amnistía Internacional Chile criticó a quienes buscan criminalizar las movilizaciones sociales que se iniciaron en 2019, así como a los tribunales y a los altos mandos de Carabineros que han eludido su responsabilidad en esos hechos.
El legislador (PC) cuestionó que a casi cuatro años de los hechos, aún el Estado no entregue una compensación a quienes fueron víctimas de la violencia durante las manifestaciones. Además, valoró el trabajo de quienes asistieron a los heridos.
