El Presidente Boric descartó la existencia de un financiamiento irregular de la política. A su vez, el director de la PDI desmintió que desde su institución se haya recomendado que la exdirectora sociocultural declare en calidad de imputada.
El diputado Rubén Oyarzo (IND), presidente de la Comisión Especial Investigadora denominada Caso Convenios 2.0, indicó que se aumentó el tiempo que tendrá esta instancia dado que “prácticamente todos los Gobiernos Regionales están involucrados”.
El intercambio entre el exseremi y la exsubsecretaria pone en jaque la versión de Palacio en que el Presidente Gabriel Boric se enteró cuando se destapó la información en junio pasado. Ambas exautoridades apuntaron a “un flanco comunicacional”.
Las afirmaciones de Carlos Contreras dejan en entredicho las declaraciones del jefe del Segundo Piso de La Moneda, quien sostuvo que conoció el caso a través de “un rumor”. “Eso es mentir”, acusó el diputado José Miguel Castro (RN).
Las diputadas aseguraron que presentarán el libelo la próxima semana y que ya cuentan con las diez firmas necesarias. Pero, las bancadas de la UDI, RN, Evópoli y republicanos no respaldarán la acusación hasta tener “todos los antecedentes a la mano”.
A las 10:30 horas está fijada la concurrencia del jefe del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi (RD), a la comisión de la Cámara de Diputadas que investiga los millonarios traspasos de fondos desde organismos públicos a fundaciones.
El ministro pidió algunos minutos de comisión secreta para referirse a personas que aún no son investigadas por el Ministerio Público. Más allá de eso, reveló las principales irregularidades que se han detectado en las pesquisas del Minvu.
El organismo presidido por la abogada María Jaraquemada, propuso un total de 46 medidas, entre las que destacan la creación de la ley general de transferencias y ampliar la cobertura del Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas.
El ministro de la SEGPRES rechazó las críticas del exmandatario quien en una entrevista dominical acusó “corrupción o estupidez” en el caso Convenios. “Hay investigaciones que corresponden a años anteriores”, precisó el secretario de Estado.
En una carta la colectividad detalló cuatro puntos para enfrentar los hechos de corrupción que siguen complicando al Ejecutivo. “Le hemos pedido al Presidente que se hagan efectivas responsabilidades políticas”, señalaron.
La ex autoridad indicó que “fue el Ministerio de Vivienda quien buscó nuevos colaboradores, eso fue lo que se realizó en consenso con las jefaturas”.
El secretario de Estado se refirió a la entrega de más de 700 millones de pesos en un solo día a la Fundación Enlace Urbano y sobre la que el Minvu ya estaba realizando una investigación. “Esto es parte del defecto que tiene el modelo”, afirmó.
El ministro de Vivienda abordó la decisión de la Contraloría de objetar 29 convenios por $13 mil millones entre fundaciones y reparticiones del Estado.
Luego de revisar 34 casos, Contraloría declaró que 29 convenios entre entidades públicas y fundaciones no cumplen con estándares legales y son considerados ilegales o “representados”. 22 de estos provienen de la Región de Los Lagos.
En su visita a la Región de Coquimbo, el secretario de Estado insistió en sus críticas al sistema de convenios y reiteró la posición del Gobierno para que “haya total claridad y transparencia”.
El parlamentario del Partido Comunista cuestionó las implicancias que ha conllevado para el país mantener un Estado subsidiario y acusó de aprovechamiento político a la oposición a partir del Caso Convenios.
El académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, además planteó que es necesario aumentar los mecanismos de control para detectar rápidamente cuando ocurran irregularidades en la asignación de recursos de parte del Estado.
