El pasado lunes 5 de julio, la justicia hondureña entregó finalmente el fallo que condena al ejecutivo Roberto David Castillo Mejía, acusado como autor del asesinato de la líder indígena, Berta Cáceres, en 2016. Empero, la familia de la defensora de la tierra asegura que la causa no termina con esta resolución.
La víctima de una agresión por parte de carabineros se reunió con el fiscal nacional en el marco de una serie de citas que ha estado llevando adelante para solicitar que se agilice su causa y se entregue justicia.
Los condenados son el ex miembro de la DINA, Pedro Espinoza, el militar Daniel Aguirre Mora, el integrante de la PDI Carlos Luco Astroz y el ex intendente, ya fallecido, Hernán Ramírez Ramírez.
La Corte de Apelaciones de San Miguel condenó a dos oficiales de Carabineros en retiro a 5 años de presidio efectivo, por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado de Juan Fernando Campos Gatica.
Para Rodolfo Noriega, secretario de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, la decisión de la Corte Suprema es un portazo a la política del Gobierno, que ha tenido una orientación marcadamente antiinmigrante.
El fiscal nacional Jorge Abbott ordenó a los fiscales regionales volver a examinar estas causas, lo que es valorado por las víctimas, sin embargo, aseguran que seguirán con cautela las investigaciones para que el anuncio no sea “un voladero de luces”.
Las organizaciones feministas de esta parte del norte de Chile mantienen una importante preocupación por desapariciones e intentos de secuestros en la zona, ante los que acusan deficientes investigaciones y falta de justicia.
En fallo unánime, la Novena Sala del tribunal de alzada ordenó al Estado pagar 400 millones de pesos a la descendencia de Lina Dora del Carmen Garay Tobar.
Desde las comunidades valoraron una decisión que “devuelve algo de esperanza en la Justicia chilena” e hicieron un llamado a denunciar los contenidos falsos que “buscan ir construyendo una imagen de que el mapuche es el enemigo”.
El sacerdote jesuita abordó las largas prisiones preventivas que han tenido que enfrentar decenas de jóvenes a nivel nacional, varios de los cuales ya han comenzado huelgas de hambre para presionar a la justicia a resolver sus causas a la brevedad.
Según el Juzgado, no existen elementos incriminatorios o evidencias que hayan sido recogidas o encontradas en las vestimentas del imputado, al interior de su vehículo o en su domicilio que lo puedan vincular con el homicidio.
El mandatario se reunió este viernes con los representantes de los tres poderes del Estado con el objetivo de coordinar una respuesta institucional ante la agudización de la crisis en La Araucanía.
Por su parte, el Tercer Tribunal Oral de Santiago condenó a la ex diputada Marta Isasi por uno de los tres delitos de cohecho que acusó el Ministerio Público y la absolvió de delitos tributarios debido a que el SII no perseveró en su acusación.
Además de la búsqueda de justicia para la joven de 21 años, que se suicidó el 13 de octubre de 2019, luego de ser supuestamente violada un par de semanas antes por Martín Pradenas, se ha instalado la demanda de que nuestro país pueda tener un sistema judicial con perspectiva de género.
Camilo Muñoz, hermano de Catherine Vásquez, quien fuera encontrada muerta en 2018 en un callejón de Longaví, sostuvo que el encuentro con el secretario de Estado era un anhelo de la comunidad para que la autoridad sepa de la impunidad en la zona, producto, según Muñoz, de la inoperancia de Fiscalía.
El pasado 28 de agosto se había determinado que el ex carabinero debía permanecer en prisión preventiva mientras durara la investigación.
la Coordinadora por la Justicia de José Huenante y el equipo de “La lluvia fue testigo” están realizando un “Lukazo por José Huenante”, campaña que permite acceder a un enlace del documental que estará activo entre el 2 y 10 de septiembre, con aportes desde los $1000.
