La contralora general, Dorothy Pérez, explicó que las nuevas investigaciones están centradas en irregularidades derivadas de infracciones de tránsito, ingreso a parques nacionales o apuestas realizadas por trabajadores del Estado.
El 79% de las licencias fraudulentas fueron por diagnósticos por salud mental, sumando más de 192 mil días de reposo. Entre los médicos investigados, cinco ejercían en el sistema público sin tener el Eunacom aprobado
El presidente de la Comisión Especial Investigadora se refirió a los pasos a seguir por la instancia que se centrará en determinar donde falló el sistema en este caso. Apuntó a una necesidad de implementar más tecnología.
La funcionaria dejó el puesto en medio de fuertes críticas por su manejo del escándalo de licencias médicas fraudulentas. La fiscal del organismo, Patricia Soto Altamirano, asumió la subrogancia legal del cargo.
El órgano contralor detectó 29 casos de viajes fuera del país de funcionarios de dicho municipio mientras estaban con permiso para reposo. “Estaré en plena disposición de colaborar y responder a lo que se me requiera”, respondió el exedil.
El máximo tribunal implementó acciones concretas para abordar las irregularidades en los permisos de salud. Las Cortes de Apelaciones tendrán que nombrar a un encargado especializado para llevar adelante las indagaciones de forma unificada.
Las salidas del país de distintos diputados abrieron un nuevo flanco en el uso de permisos de funcionarios públicos apropósito del escándalo de las licencias médicas. Por ello, parlamentarios llamaron a reformar el reglamento de la Corporación.
El secretario general de la Corporación explicó que se realizarán tres procedimientos diversos: “Uno que afecta a los que somos servidores públicos; otro para los trabajadores parlamentarios, que se rigen por un sistema diferente; y parlamentarios”.
El Presidente anunció que seguirán generando “medidas administrativas y legislativas que mejoren la capacidad de control y propongan nuevos parámetros que desincentiven el mal uso de licencias fraudulentas”.
El edil de Zapallar y presidente de la ACHM apuntó a Fonasa, las Isapres y el COMPIN por no hacer “una supervisión eficiente” sobre los permisos médicos. Además, llamó a revisar “cómo se contrata, se supervisa y se evalúa” en el servicio público.
Las sanciones a las que se arriesgan los implicados van desde amonestaciones hasta la destitución como miembro de la orden colegiada. Así, la presidenta del gremio, Anamaría Arriagada destacó que la crisis es una oportunidad para mejorar el sistema.
El parlamentario cuestionó que el convenio entre la Superintendencia de Seguridad Social y la PDI nunca se pusiera en práctica para detectar los permisos fraudulentos. Además, emplazó al Colegio Médico dar explicaciones sobre la materia.
El presidente del Partido Republicano se refirió al caso de Espinoza, uno de los funcionarios públicos que viajaron fuera del país mientras sostenían licencia médica. “El mismo doctor le decía que tenía que tener esparcimiento al aire libre”, señaló.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó que el sumario administrativo consiste en un cuestionario simple de tres preguntas relativas a la causal de la licencia, los viajes o el viaje que se realizó y el motivo de dicha salida al extranjero.
El juez Eduardo Fritz renunció a la presidencia regional de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial del Maule por mal uso de una licencia médica.
El Ejecutivo estableció un plazo para que los servicios informen del avance de los sumarios. En tanto, la contralora general, Dorothy Pérez, alertó de la necesidad de mayor control al interior de las instituciones del sector público.
El -ahora- exasesor del Ministerio del Trabajo reiteró que la acusación de que había hecho un mal uso de una licencia médica “es 100% falsa”. “Así operan los poderes fácticos en nuestro país, construyendo mentiras”, aseveró.
