El titular de Justicia enfatizó en que la búsqueda de los detenidos desaparecidos es una obligación del Estado y de la sociedad, más allá de cualquier administración de turno.
La iniciativa busca crear una red multidisciplinaria de expertas y expertos, liderada por el Ministerio de Ciencia junto al de Justicia y DDHH, destinada a entregar asesoría científica y apoyo en diligencias de búsqueda de alta complejidad.
Los ministros de las carteras de Interior y Culturas encabezaron un recorrido por el Archivo Nacional, donde relevaron el rol que juega la esquematización de documentos en la búsqueda de verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familias.
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, las agrupaciones manifestaron su preocupación de que una eventual llegada de la derecha a La Moneda ponga en riesgo su continuidad y buscan que tenga rango constitucional.
Daniela Quintanilla enfatizó que los estándares internacionales impiden equiparar delitos comunes con crímenes de lesa humanidad y resaltó que el Plan Nacional de Búsqueda consolida esta tarea como política de Estado.
Se trata de la primera entrega de estas carpetas, cuya información era reservada, que contienen antecedentes personales, testimonios, documentos administrativos, informes periciales y resoluciones de calificación.
El Mandatario y la AFEP abordaron los avances del Plan Nacional de Búsqueda. Alicia Lira valoró el compromiso del Gobierno y rechazó las declaraciones de los precandidatos presidenciales Matthei y Kaiser sobre los detenidos desaparecidos.
El ministro Jaime Gajardo detalló que se expropiarán 116 hectáreas, incluida la casa de Paul Shaffer. La presidenta de la Asociación por la Memoria Colonia Dignidad, Margarita Romero, destacó que se va más allá de lo anunciado inicialmente.
El Estado constató que son mil 469 las personas que fueron desaparecidas durante la dictadura, de las cuales, a 51 años del Golpe de Estado, mil 162 aun se desconoce su paradero. “Es una respuesta que nos debemos como país”, dijo el ministro Gajardo.
El abogado, quien ha liderado diversas causas relacionadas con delitos de la dictadura, refutó que en Chile no haya avances en materia de DDHH. Además, criticó los años de “impunidad absoluta” de los autores de crímenes de lesa humanidad.
En el marco del Día de las Víctimas de Desaparición Forzada, el presidente de la Asociación de Abogados de DDHH de América Latina y el Caribe subrayó que a pesar de que la iniciativa presenta “interrogantes sobre su éxito”, es clave para la justicia.
En el acto de conmemoración, el Gobierno además anunció la publicación de la nómina oficial de víctimas de desaparición forzada. Por su lado, la presidenta de la AFDD Gaby Rivera, exigió que el Plan de Búsqueda no se transforme en un negocio.
En el marco de la conmemoración del Día del Detenido Desaparecido, la dirigenta abordó los desafíos de nuestro país en materia de derechos humanos y la necesidad de que Chile responda, por fin, qué pasó con las víctimas de desaparición forzada.
Dirigentes del sector Porvenir de Playa Ancha han entregado relatos y testimonios sobre osamentas encontradas en el lugar durante la dictadura, no existiendo una respuesta del Estado hasta la fecha.
Daniela Quintanilla aseguró haber realizado una cuidadosa revisión del paso a paso en estas asignaciones y garantizó que no se incurrió en faltas administrativas. “Hemos sido bien serios y responsables en la forma de gestionar este desafío”, dijo.
El exdetective de la Policía de Investigaciones (PDI), Sandro Gaete, afirmó que “se están pagando más de $ 700 millones a una empresa por algo que se estaba haciendo gratis”.
El director ejecutivo del organismo, Rodrigo Bustos, apuntó a las promesas de campaña pendientes del Presidente Boric. No obstante, valoró las políticas públicas impulsadas por el Ejecutivo como el Plan Nacional de Búsqueda.
