Pese a que la votación será este miércoles, todo indica que el próximo presidente de la Corte Suprema será el ministro Sergio Muñoz, pese a no ser el más antiguo de los candidatos. Parlamentarios califican de “adecuada” la eventual elección de Muñoz y auguran algunos sus principales desafíos.
Como inconstitucionales calificó el presidente subrogante de la Corte Suprema, Milton Juica, las críticas realizadas por el Gobierno a los tribunales, luego de la detención en España de dos ciudadanos chilenos, absueltos en el Caso Bombas y que ahora son acusados de atentados con explosivos. Estas declaraciones tuvieron una dura respuesta de parte del ministro del Interior, Andrés Chadwick.
El presidente subrogante de la Corte Suprema calificó de “impertinentes” las declaraciones de autoridades de Gobierno, quien señaló que se debe cumplir con la no intromisión entre poderes del Estado.
El Poder Judicial dio a conocer cifras del otorgamiento de prisión preventiva, justo en medio de la polémica desatada por la propuesta del Observatorio Judicial, lo que según especialistas es una situación generada por los problemas del sistema. Por otra parte, la justicia negó la libertad condicional a 29 criminales condenados por delitos de lesa humanidad.
Generalizadas críticas ha recogido la propuesta enunciada por la candidata presidencial de la Alianza sobre la creación de un observatorio judicial. El avanzar en materia de transparencia no parece ser el problema, sino más bien las formas e intenciones sobre las cuales se montó su necesidad.
El Ejecutivo confirmó que estudia implementar la propuesta de observatorio judicial, presentada en el Programa de Evelyn Matthei. La idea fue rechazada por la Corte Suprema y desde la Nueva Mayoría lo ven como una nueva demostración de intervencionismo.
EL Poder Judicial informó el fallecimiento del ministro Héctor Solís, integrante de la Corte de Apelaciones de San Miguel, debido a una enfermedad terminal. El magistrado tenía 63 años y su deceso se produjo en la tarde del miércoles. Sus restos son velados en la parroquia San José Patrón de la Iglesia, ubicada en Onofre […]
La “judicialización” de las acciones u omisiones del Gobierno de turno fue el tema más recurrente que plantearon las candidaturas presidenciales, en las exposiciones realizadas ante el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia. Asuntos como la aplicación de la Ley Antiterrorista sobre la causa mapuche, la masiva presentación de recursos de protección contra las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE), los bancos, las multitiendas o proyectos ambientales como la termoeléctrica “Punta Alcalde”, fueron los ejemplos más aludidos en la ocasión.
Un equipo con kinesiólogo, nutricionista, médico general, psicólogo, asistente social y tres paramédicos son parte de la asistencia que reciben los diez internos del Penal Cordillera. Diez militares condenados por delitos de lesa humanidad, distribuidos en cinco cabañas, con servicios básicos y acceso a telefonía, áreas verdes y cancha de tenis. Este es el último informe emitido desde el Poder Judicial, en paralelo al análisis de La Moneda por cerrar Cordillera y trasladar estos presos al penal Punta Peuco.
El portavoz de la Corte Suprema confirmó que los jueces que investigan las 1.300 causas abiertas por violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura tendrán dedicación exclusiva para esos casos. Por ello, se nombrará ministros suplentes en su reemplazo, para que la Corte de Apelaciones tenga su dotación completa.
En una de las primeras acciones luego de la declaración del viernes pasado, el Pleno de la Corte Suprema decidió otorgar herramientas para garantizar una dedicación exclusiva de magistrados que investigan causas de Derechos Humanos, vinculadas a las violaciones cometidas durante el régimen militar.
Los ministros integrantes del máximo tribunal, en voz del presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, dieron a conocer una declaración pública refiriéndose al papel que jugó el Poder Judicial durante la dictadura militar y en particular en la defensa de los derechos humanos. “No cabe sino reconocer que esos atropellos efectivamente ocurrieron durante la dictadura, que en parte se debió a la omisión de los jueces de la época, que no hicieron lo suficiente para investigar las violaciones a derechos humanos e impedir que siguieran ocurriendo”, señalaron.
