Esta no es la única iniciativa que se ha presentado durante los últimos días respecto del retiro de fondos de pensiones. Esto, ya que la diputada Pamela Jiles también presentó un proyecto de “quinto retiro”.
El diputado del Partido Liberal enfatizó en la importancia de lograr la unidad parlamentaria para sacar adelante el programa de transformaciones propuesto por el presidente electo y que la prioridad debería enfocarse en la reforma tributaria y la reactivación económica.
Algunos militantes sostienen que la redefinición en la política de alianzas de la colectividad se viene gestando desde las elecciones presidenciales de 2017. Mientras algunos consideraron anticipado ponerle una lápida a la relación con su aliado histórico.
El presidente electo se refirió a las palabras del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien afirmó en un tono poco amistoso afirmó que “prácticamente la mitad de la población se abstuvo y, con la otra mitad que fue a votar, (el resultado) dio el 55% por el tal Boric y un 45% por Kast”.
Para el analista lo que se vivió en la segunda vuelta presidencial confirmó que la dictadura militar sigue muy presente en la sociedad chilena, ya que la épica vivida en el balotaje fue muy similar a la del plebiscito de 1988, por tanto lo vivido el pasado domingo no puede explicarse sin rememorarse a aquellos años oscuros de nuestra historia.
La iniciativa fue presentada por integrantes de la Comisión de Sistemas de Justicia y plantea los principios con los que estos se deben regir en la nueva Carta Magna. Fue patrocinada por ocho miembros de la comisión y plantea el fin de los tribunales militares, además de la eliminación de los abogados integrantes y cambios en la designación de jueces.
La constituyente por el Distrito 3 y candidata a presidir el órgano a partir de enero destacó la necesidad de que las personas estén informadas y sean partícipes del proceso. Asimismo, dijo esperar que las relaciones con el próximo Gobierno sean más fluidas.
Este jueves, el mandatario electo se juntó con el timonel del Partido Socialista, Álvaro Elizalde y, si bien, no adelantó una posible participación de esta colectividad en su administración, agradeció el respaldo que la tienda le ha ofrecido a su futura gestión.
En este espacio, Gabriel Boric entablará reuniones con diversos embajadores, personalidades políticas y autoridades nacionales para ir pavimentando el camino a su venidera administración.
El consejero aludió a temas administrativos en la desvinculación de 48 profesionales en regiones. Además, dijo desconocer los motivos de la renuncia de Rodrigo Bustos y defendió la labor del organismo en la presentación de querellas en el marco del estallido social.
Con esta determinación, las particiones señalaron un menoscabo a la atención psicosocial y jurídica a las víctimas del estallido social. También se notificó la renuncia del abogado Rodrigo Bustos al organismo, quien mencionó situaciones de precariedad laboral en distintas divisiones.
El Gobierno propondrá al Senado una salida para el problema de la acumulación de cuentas y que constaría de tres actores: “las compañías ponen una parte de la solución, las familias ponen otra parte y el Estado, a través de un subsidio, pone también una parte”, sostuvo el biministro Jobet.
La iniciativa fue despacha a Sala y se espera que sea votada el próximo 4 de enero, tras el receso legislativo. Además, esta tarde se revisará el proyecto que entrega el financiamiento del PGU mediante eliminación o exenciones tributarias.
Para el abogado patrocinante de la demanda, Luis Mariano Rendón, se debe esclarecer la eventual intencionalidad de las autoridades del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, así como las responsabilidades y la negligencia que cabría en el caso de la titular de esa repartición pública, Gloria Hutt.
Desde el Gobierno han destacado que, desde el 12 de octubre -fecha en que inició el estado de excepción- los delitos en la zona han bajado considerablemente.
El anuncio lo realizó luego de los hechos ocurridos el domingo, mientras que jefes municipales de la Región Metropolitana exigieron la renuncia de la Ministra Hutt ya que la situación “nos parece una negligencia inexcusable de parte del Gobierno”.
La decisión de la entidad señala que Chile no cumplió la “debida diligencia” por la asignación especial que les correspondían a 846 docentes luego del proceso de municipalización implementado en dictadura.
